Cuatro años después de la muerte de dos vecinos de Ceuta, Mustafa Dris y Mohamed Abdesalam, tras ser arrollados en aguas españolas por una patrullera de Gibraltar, el caso ha quedado atrapado en una especie de bloqueo judicial en España de compleja salida.
Mientras que el Tribunal de Apelación gibraltareño acordó la semana pasada anular el veredicto ordenando una nueva investigación sobre el trágico suceso, en España no hay avances debido a esa nula colaboración entre países que lleva a que, por ejemplo, los abogados de las familias de los fallecidos no dispongan ni de la documentación más básica.
El último auto dictado por la Sección 7ª de la Audiencia de Algeciras recoge la decisión del órgano judicial de desestimar el recurso presentado por las acusaciones particulares para pedir que se siguiera investigando este asunto, sobre el que existe un sobreseimiento provisional dictado por el juzgado número 4 de La Línea.
Ese archivo se dicta hasta que no sea recibida la orden europea de investigación. Gibraltar no ha respondido a las solicitudes formuladas por España y los abogados de las familias carecen, por ejemplo, de informes tan básicos como los de las autopsias que se hicieron a los dos ceutíes.
En el auto dictado por la Audiencia se resalta que no se puede hacer ninguna actuación más en tanto no prospere el cumplimiento de esa orden, “sin perjuicio de que pudiera incorporarse a la causa la información que pudieran obtener los recurrentes interesando con ello la reapertura de los autos”.
Las acusaciones particulares no han tenido siquiera acceso a información relevante de Gibraltar. Reclamaron disponer de toda la documentación instruida por la Corte, desde informes policiales hasta hospitalarios, todo ello sin éxito.
La embarcación y su exhaustivo examen resultaban claves, tampoco pudieron hacerse. Las denuncias presentadas en España han terminado atrapadas en un bucle que evidencia la nula cooperación que, de haber sido efectiva, habría permitido investigar con garantías este caso, ocurrido en marzo de 2020 poco antes del cierre obligado de fronteras y comunicaciones.
Se desconocen incluso las identidades de los oficiales que ocupaban la patrullera implicada en el suceso.
Mustafa y Mohamed, dos ciudadanos españoles cuyas muertes deberían haber sido esclarecidas, se convierten en víctimas de un sistema que no funciona.
En España la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras tuvo acceso a las cámaras del SIVE y al análisis de las grabaciones que verificaron que el suceso ocurrió en aguas españolas. La embarcación en la que viajaban los fallecidos, así como los 4 ocupantes fueron trasladados a Gibraltar. Ahí se cerró el caso y así sigue.
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