Hoy por hoy, ni las fuertes inspecciones como las masivas detenciones que acaban con el lastre de la deportación, contienen el flujo migratorio en dirección a la frontera sur de Estados Unidos. La tragedia humana que padecen los migrantes de diversas procedencias en busca del ‘sueño americano’ aumenta cada día, debido al sinfín de trabas que se les presentan. Este es el foco de atención que ponen organizaciones abogadas por los derechos del migrante a las autoridades americanas, que, por otro lado, se resisten a que estos individuos penetren de modo irregular.
Entretanto, la frontera se convierte nuevamente en un infortunio humano con bifurcaciones políticas, en la que es imposible no percatarse que en este escenario nadie queda libre de culpas para lanzar la primera piedra. Llámense los republicanos, por haberse erigido en el principal atolladero para una escapatoria legislativa que modifique los mecanismos de un sistema migratorio incongruente; y los demócratas, por desaprovechar las ocasiones de intervenir cuando poseían el control de ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca.
Más aún, a estas alturas del lugar los protagonistas políticos de esta balanza migratoria están al corriente de lo que hay que hacer en el panorama legislativo. No obstante, se enrarece no sólo la voluntad para llevarlo a cabo, sino que se multiplican los recelos y el beneficio individual y partidista para remediarlo. Pero ahora que el Título 42 dejará de emplearse provocando que miles de migrantes, concretamente, peticionarios de asilo, prosigan llegando a la frontera con el anhelo de tocar la tierra americana, volvemos a oír las mismas explicaciones.
Por una parte, que es una negligencia de los demócratas por conservar las fronteras abiertas, y por otra, los mismos procedimientos que no son otra cosa que simples remiendos transitorios.
Por ahora, indiferentes al tablero de ajedrez preelectoral norteamericano, miles de migrantes persisten en su trayecto, salvando como pueden demarcaciones territoriales llenas de riesgos y dificultades, sin otro designio que alcanzar la frontera México-Estados Unidos, como la única tabla de salvación. En otras palabras: ellos y ellas, mantienen encendida la llama de la esperanza de ese faro que hasta la fecha alumbre lo que ha ido oscureciéndose sin que se presienta una reactivación en el corto plazo de tiempo.
Nadie duda que el Gobierno de Joe Biden (1942-80 años) en su día informó de programas de reunificación familiar y la inauguración de centros de procesamiento en los estados que consignan migrantes, o que hacen escala en su camino al norte. Eso sin contar con la aplicación ‘CBP One’ para solicitar citas sin estar en Estados Unidos. Un método que no ha servido de mucho como consecuencia de sus constantes defectos, según han referido los migrantes en su locomoción. Si bien, nada de eso parece detener o, tal vez, interrumpir, a los miles de personas que están dispuestas a llegar.
Según información de algunos medios, la Patrulla Fronteriza contuvo a 22.220 migrantes en un espacio de setenta y dos horas. Conjuntamente, localidades fronterizas comenzaron a declarar el estado de emergencia, porque sus centros no disponen de cabida y los migrantes no cesan de aparecer.
Y por si fuera poco, la Administración de Biden comunicó el envío de 1.500 tropas a la frontera sur para proporcionar tareas administrativas y de apoyo, pero no para atajar a los migrantes violentamente. Recuérdese al respecto, que esta medida se realizó en 2020 con Donald Trump (1946-76 años) en la presidencia, de manera que el Gobierno actual ha tenido suficiente tiempo para fraguar su respuesta al incremento, una vez que este deje de emplearse.
Pero como la cuestión migratoria es para los políticos como esa piedra incomoda en el zapato que están dispuestos a eliminar lo antes posible y avanzar en su caminar, los procedimientos suelen ser improcedentes o fuera de tono. Y ahí están los resultados: vidas arruinadas que en algún instante confiaron en la elocuencia de la bienvenida, pero que actualmente colisionan con un contrafuerte legislativo e ideológico que posiblemente siempre existió, pero que la realidad lo ha despojado por completo y ha hecho ver a Estados Unidos como una nación más condicionada de lo que se imaginaba.
Efectivamente, las etapas de los migrantes no corren similares a los de quienes apuntan dictar sentencia en torno a la cuestión migratoria. De hecho, a éstos se les está haciendo muy grande el proceso migratorio que tal vez no merecen.
Ni que decir tiene, que la remesa de tropas a la frontera tampoco nos brinda un retrato humanitario afín, para los miles de sujetos que han atravesado desiertos y selvas escapando de la miseria, los abusos y la corrupción.
Si ciertamente es para disuadirlos, no parece que las formas sean las adecuadas, porque, ocurra lo que ocurra después del Título 42, los flujos migratorios serán una evidencia inmutable en la frontera sur. Si bien, la apuesta que no han sabido afrontar los políticos es cómo mejorar en leyes que hagan de esa marea algo rutinario y cuando se produzcan aumentos el contexto no se convierta en un entresijo infranqueable.
"Una vez más, Estados Unidos se vale de una visión inadecuada y contraproducente, dando una de cal y otra de arena en objeción a la crisis global de refugiados"
Además, que existan visas para quienes deseen acercarse para ofrecer una mano de obra escasa, o que se formalice la situación de los millones de indocumentados que llevan décadas para reunificarse; que las prescripciones de asilo se robustezcan para sanear que todo el que lo precise pueda reclamarlo y que sus casos no se solucionen sin un reconocimiento de las lógicas que los indujeron a requerir ese asilo.
He aquí las piezas de un puzle difíciles de encajar, donde durante décadas el inmigrante ha sido el verdadero sacrificado y una politiquería con resonancias aciagas sobre los millones de vidas truncadas.
Igualmente es preciso puntualizar, que el Gobierno de Biden se diferencia del de Trump porque acomete el tema de manera más humana, aunque de poco vale si las pautas que emplea son tan parecidas, como cuando el republicano decidió enviar tropas a la frontera ante el goteo incesante de caravanas de migrantes.
Con estas connotaciones preliminares, las expectativas de más de once millones de indocumentados en Estados Unidos por establecer su posición migratoria, siguen sin ver la luz, pese a las proposiciones que Biden sacó a la palestra cuando asumió la presidencia en 2021. Y la suerte que corren los miles de migrantes que continúan en México y pretenden cruzar la frontera buscando asilo político, también posee un incierto horizonte desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispuso conservar en vigor el Título 42. Una medida de salud decidida durante la crisis epidemiológica que proscribe de manera desenvuelta a los migrantes que nada pueden hacer.
Lo cierto es, que a pesar de ser una legado soporífero y, a su vez, un impedimento en el camino tortuoso de Trump, Biden, también se ha valido del taxativo Título 42 para al menos aliviar y desocupar la frontera.
A pesar de todo, las perspectivas de la sociedad norteamericana se encadena a la espera de ver una frontera llamémosla ordenada, sin sucesos que desenmascaren la desdicha de la migración, pero los antecedentes son dolorosos. Según los recuentos divulgados en 2022 por la policía fronteriza, unos 2,15 millones de migrantes ilegales fueron contenidos en la frontera mexicana, frente a los 1,7 millones de 2021.
Claro, que el 27% de dichas detenciones repercutieron en los migrantes que ya habían pretendido superar la frontera como en otras tantas ocasiones. Únicamente, en noviembre se asentaron 230.000 capturas.
Y es que, la reforma migratoria más integral que mostró Biden el primer día de su mandato, descansa a todas luces en el Congreso y nada hace indicar de que vaya a dejar dicho estatus en un plazo de tiempo lo más próximo.
El primer año, con la mayoría demócrata en el Congreso, en la Cámara de Representantes se decretaron varios proyectos para legitimar a agricultores, como a trabajadores esenciales, aquellos que vinieron al país avalados por la Acción Diferida (DACA) conocidos como los ‘dreamers’ y los que disfrutan del estatus de protección temporal.
Pero estas proposiciones en ningún momento se votaron en el Senado y en 2022 los demócratas no tomaron la iniciativa en la Cámara Alta. Toda vez, que algunos expertos entienden que este iniciativa igualmente caerá en saco roto en los años que quedan de legislatura. Con lo cual, esta crisis humanitaria se ha vuelto cada vez más enquistada debido a que desde la llegada de Biden, en ningún tiempo ha habido tantos migrantes tanteando su suerte en Estados Unidos.
Una vez emplazado en la Casa Blanca, el presidente demócrata manifestó abiertamente que deseaba cuajar una profunda reforma de la inmigración, declarándose estar en contra de las políticas de su predecesor, Trump. Al pie de la letra afirmaba el mandatario: “Estados Unidos es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema de inmigración sano y humano que acoge a los inmigrantes y les permite contribuir al progreso de nuestro país”.
Este año, jornadas antes de que emitiera su discurso del 5 de enero, la Corte Suprema decidió que la política de expulsiones del Título 42 debía estar activo durante algunos meses a la espera de dictámenes sucesivos. Con esta reforma migratoria hasta 30.000 ciudadanos al mes provenientes en su conjunto de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba podrán adquirir visas. La invitación para los venezolanos entró en vigor en 2022.
Del mismo modo, los ciudadanos quedan subordinados a la expulsión rápida del Título 42, si son detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, independientemente de su menester pronunciado de asilo u otras maneras de protección en los Estados Unidos.
Para ser más preciso en lo fundamentado, los ciudadanos de esos cuatro estados podrán acceder a territorio americano si poseen un patrocinador, arraigo familiar o valedor en su lugar, o si se hallaban en territorio mexicano el 6 de enero, fecha del anuncio y, a su vez, piden una audiencia a través de la aplicación móvil ‘CBP One’. Por otro lado, quienes no lo realicen de ninguna de las formas anteriormente mencionadas, serán deportados bajo el Título 42.
Esta medida se puso en práctica días antes de que en un desplazamiento sin precedentes, Biden viajara a México que en este momento admite las expulsiones por frontera terrestre del Título 42.
Es indispensable subrayar en estas líneas que en los casos en que cuajen los trámites y con una validación de viaje de Estados Unidos, los interesados deberán adquirir su propio pasaje a territorio norteamericano. Una vez conseguida la autorización humanitaria, podrán establecerse en Estados Unidos durante dos años con permiso para desempeñar una ocupación. En cambio, los detractores de esta medida entienden que de una u otra manera se contempla de un modo, pero a la hora de la verdad replican que los migrantes tendrán demasiados impedimentos para obtener un patrocinador.
A los críticos de esta aplicación les inquieta el manejo que el servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) pueda hacer del paradero y otras identificaciones que selecciona el sistema, como la coyuntura de prescindir a algunos de los más amenazados, ya que repara una exposición mortal que los individuos que escapan para salvar sus vidas se descarguen esta aplicación y esperen meses hasta ser escuchados en su solicitud. Ante este complicado entorno, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, cree que el obstáculo del tránsito de migrantes y el fallo de difundir la inercia del Título 42, “no tiene ninguna base en la ciencia médica o de la salud y socava gravemente la ley de Estados Unidos”, y concreta una “inadmisible y potencialmente moral” política fronteriza.
Así lo han definido los letrados en una misiva enviada a Biden, distinguiendo los informes de ataque y victimización de migrantes de grupos criminales y en algunas ocasiones por parte de la policía, oficiales de inmigración y funcionarios de aduanas, inclusive en los aeropuertos y fronteras terrestres, en atención a los informes del Departamento de Estado de México sobre prácticas impropias de derechos humanos.
"La frontera Estados Unidos-México se convierte nuevamente en un infortunio humano con bifurcaciones políticas, en la que es imposible no percatarse que en este escenario nadie queda libre de culpas para lanzar la primera piedra"
La entidad que congrega unos 17.000 integrantes a nivel nacional, reclama que “reconsidere y dé marcha atrás a esta decisión”, precisa literalmente la carta de los abogados.
Otra de las resultantes de la difícil posición se manifiesta en la subida específica de la migración marítima, por lo que las autoridades demandan a los migrantes que no se expongan a comprometer sus vidas en el mar.
Luego, republicanos y demócratas no coinciden sobre las prioridades más imperiosas para el sistema de inmigración. Los primeros, conceden especial trascendencia a la seguridad fronteriza y a las deportaciones ilícitas, mientras que los segundos, confieren más énfasis a las vías hacia el estatus legal para los que ingresaron clandestinamente con un foco diferenciado hacia los que vinieron siendo menores de edad.
En una nota informativa de la Casa Blanca, el Gobierno ha manifestado que, aunque “las medidas ayudarán a resolver algunos de los problemas más graves de la frontera suroeste, no solucionarán todos los problemas de un sistema de inmigración que lleva demasiado tiempo sin funcionar”.
En resumen, los demócratas cargan contra los republicanos de “bloquear la reforma integral de la inmigración y las medidas de seguridad fronteriza que Biden propuso en su primer día en el cargo”, e igualmente de “oponerse a los miles de millones de dólares en fondos adicionales que el presidente ha solicitado para la seguridad y la gestión de las fronteras”.
En la otra cara de la moneda, los republicanos reprochan a Biden y su equipo asesor por su artimaña en la frontera sur. No son pocos los seguidores de no alumbrar otras opciones e increpan al presidente la falta de observancia en la normativa de migración, sin contener el flujo desenfrenado e indebido. Algunos han incriminado a la Casa Blanca de consentir adrede un ascenso de la inmigración ilegal. Sin inmiscuir, que el Congreso no ha examinado las prescripciones de inmigración estadounidense de modo exhaustivo desde 1990.
Y mientras los políticos intentan de alguna manera alcanzar un mínimo atisbo de conformidad, miles de migrantes aguardan aclarar su situación en Estados Unidos y otros se instalan en la frontera o marchan desde distintos estados para acceder a territorio norteamericano, lo que podría empeorar el contexto en las franjas contiguas.
Pero, ¿en qué consiste sucintamente el nuevo plan? Habría que comenzar exponiendo que reside en la prolongación de la excepción temporal al Título 42 que hasta este momento se dedicaba única y exclusivamente a venezolanos y ucranianos. De manera, que ahora igualmente pueden optar tanto cubanos, como haitianos y nicaragüenses, dando luz verde hasta 30.000 ciudadanos de estos países al mes.
Segundo, para beneficiarse del programa se ha de contar con un patrocinador financiero que se encuentre en Estados Unidos y haya pasado una verificación de antecedentes, como superar una exploración de seguridad y demostrar que está vacunado contra el coronavirus y cumple las exigencias sanitarias.
Tercero, los patrocinadores, individuos o representantes de organizaciones, han de mostrar una instancia ante el Departamento de Seguridad Nacional, hacer constar su apoyo financiero y salvar un control de antecedentes para “evitar la explotación y el abuso”. Cuarto, los migrantes que quieran acogerse al programa y mantengan los requerimientos, tendrán que disponer la recalada a un puerto de Estados Unidos por medio de una app online y gratuita, ‘CBP One’.
Quinto, los puertos de entrada explícitos lo constituyen Nogales (Arizona), Laredo, Hidalgo, Brownsville, Eagle Pass y El Paso (Texas), Calexico y San Ysidro (California). Sexto, en el transcurso de la inspección los no ciudadanos deben dar fe oral de su estado de estar vacunados y facilitar, en caso de ser exigido, un documento de dosis administrada de acuerdo con las obligaciones de gestión integral de vacunación.
Séptimo, las solicitudes se evaluarán individualmente y las que reúnan los trámites adecuados podrán vivir y trabajar en el país por un tiempo de dos años. Octavo, quiénes no se incorporen al plan y pretendan alcanzar territorio norteamericano de manera injustificada, serán expulsados en base al Título 42.
Noveno, México admitirá hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que decidan transitar o nadar para atravesar la frontera hacia Estados Unidos y sean retornados. Décimo, los migrantes que no pueden ser desalojados de acuerdo al Título 42, serán enjuiciados por el Título 8, bajo el cual está regulada la Ley de Inmigración y Nacionalidad decretada en 1952.
Undécimo, esta normativa que ha estado en vigor concreta que ha de evaluarse cada caso concreto, si concurre una sospecha probable de ser acosado en el país de procedencia para solicitar asilo en Estados Unidos. Si se determina que no, la deportación es pronta. Y duodécimo, los expulsados en virtud del Título 8 tienen suprimido entrar en cinco años y pueden enfrentarse a un proceso penal si lo intentasen.
En consecuencia, una vez más, Estados Unidos se vale de una visión inadecuada y contraproducente, dando una de cal y otra de arena en objeción a la crisis global de refugiados. Primero, amplifica la reunificación familiar y los mecanismos de solicitud de permisos humanitarios y, segundo, externaliza sus deberes de protección y castiga fuertemente a quienes practican su derecho humano de pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Es preciso refrescar en la memoria, que en pleno siglo XXI solicitar asilo es un derecho que posee cualquier persona.
Aunque aplaudimos la intensificación de los instrumentos para que los individuos puedan indagar alguna protección sin tener que realizar la difícil travesía hasta la frontera, esto no ha de implementarse a costa de que Estados Unidos vulnere su compromiso internacional de respetar el derecho a solicitar asilo.
En un intervalo en que la demarcación americana afronta un incremento abrumador en la cantidad de personas refugiadas, el deber de Estados Unidos de doblar su cuota de admisión y aumentar las vías actuales para la reunificación familiar y la solicitud de permisos humanitarios, no cabe duda, de que es un paso significativo en el raciocinio de brindar un amparo inexcusable a quienes demandan seguridad.
Pese a ello, es inaceptable que la acentuación de estas sendas vayan asociadas a la adopción de severas medidas de aplicación de la ley que, ante todo, impedirán la protección y dejarán expuestas a numerosos riesgos e inseguridades con resultados fundamentalmente perjudiciales.
Finalmente, la formalidad de gestionar las citas a través de la aplicación ‘CBP One’, es como un método de dosificación embarnizado, pero también, un ejercicio que acorrala a los sujetos solicitantes de asilo a dar tiempo al tiempo, en México, donde incuestionablemente corren todo tipo de peligros de sufrir actos de violencia. La regla de oro de apresurar todavía más el proceso de expulsión, llevará a falsas falacias y apreciaciones de las verdaderas necesidades de protección que posiblemente conducirán al retorno de muchos individuos en circunstancias excepcionales. Lo que contraviene el derecho internacional.
En lugar de lo anterior, la Administración de Biden debería invertir en soluciones que consientan a las personas gestionar sus solicitudes de asilo desde comunidades más seguras en las que dispongan de la recomendación jurídica conveniente, y no apremiarlas a batirse en duelo por sus peticiones de asilo desde infraestructuras fronterizas o centros de detención inhumanos.