El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) han decidido endurecer las sanciones contra una práctica que se está volviendo cada vez más común como es la divulgación de ubicaciones de controles policiales a través de aplicaciones y redes sociales. Una práctica quizás no tan habitual entre los vecinos de Ceuta, pero muy frecuente en la Península, donde hay un mayor número de controles de la Guardia Civil.
El ministro del Interior, junto con el director general de Tráfico, han anunciado su intención de reforzar la ley para sancionar a aquellos que avisen sobre estos controles, calificando tales actos como "insolidarios" y "peligrosos".
El aumento de avisos sobre controles de alcohol y drogas en plataformas como WhatsApp y Telegram ha encendido las alarmas de las autoridades. Estos avisos permiten a conductores en estado de embriaguez eludir la detección, lo que podría resultar en accidentes graves y poner en peligro la vida de otros conductores y peatones.
El Ministerio del Interior subraya la gravedad del asunto al ejemplificar cómo un conductor informado sobre un control puede evitarlo y, posteriormente, causar un accidente grave en otro punto del trayecto.
El objetivo de esta medida es reducir la mezcla de alcohol y conducción, una combinación que sigue siendo una de las principales preocupaciones de la DGT y el Ministerio del Interior. Los chivatazos socavan los esfuerzos por mantener las carreteras seguras y debilitan las políticas de seguridad vial diseñadas para proteger vidas.
Según las autoridades, esta práctica representa “un ataque a la línea de flotación de una política contra el alcohol en la conducción que es un elemento básico y fundamental de la política de seguridad vial, porque salva vidas”.
Aunque ya se han producido denuncias en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, que penaliza la obstrucción y la reducción de la eficacia de los controles, la DGT busca incorporar una prohibición explícita de estos avisos en la legislación de tráfico.
Esta modificación legislativa, similar a la que ya existe en países como Suiza y Francia, tiene como objetivo ofrecer una respuesta más contundente y eficaz contra estas conductas.
La estrategia incluye la implementación de una normativa que sancione a aquellos que divulguen la ubicación de los controles policiales, siguiendo el modelo de la prohibición del uso de luces largas para alertar sobre la presencia policial, una infracción ya recogida y penalizada en el Reglamento de Circulación.
Además de las medidas legales, las autoridades buscan concienciar a la ciudadanía sobre los peligros y la irresponsabilidad de estos avisos de controles policiales.
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