Cinco años tras la muerte de Iliass Tahiri y una familia que no olvida

Cinco años han pasado desde la muerte del marroquí Iliass Tahiri en un centro de internamiento en Almería. Él era uno de esos niños que cruzó la frontera de Ceuta, ciudad en la que llegó a vivir 18 meses sin ser escolarizado, atrapado en ese particular limbo lastrado por la falta de derechos.

Estuvo viviendo al lado del colegio Lope de Vega con su hermano y su madre hasta marchar a la Península. A los 5 meses de haber cumplido los 18 años terminó muerto después de ser inmovilizado en el centro donde estaba internado en donde se le aplicó la llamada contención mecánica por varios vigilantes de seguridad.

Cinco años después, su muerte no se olvida ni entre sus familiares ni en los juzgados. Tampoco en su tierra natal. Allí se le hicieron varios homenajes y se exigió justicia.

El Movimiento contra la Intolerancia, que asiste jurídicamente a la familia del menor, ejercerá la acusación particular en el juicio que se celebre para esclarecer aquella muerte ocurrida el 1 de julio de 2019 en el Centro de Internamiento de Menores ‘Tierra de Oria’ (Almería,) gestionado por la entidad Ginso, contratada por la Junta de Andalucía con este objetivo.

Condena por delito de homicidio por imprudencia grave

El letrado Ángel Gómez San José dirige la acusación particular de la familia del fallecido contra los 4 vigilantes de seguridad investigados, para los que pide una condena por delito de homicidio por imprudencia grave, tal y como se desprende del escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción Único de Purchena, al que ha tenido acceso este periódico.

Sostiene una petición de 4 años de prisión, así como el abono de indemnizaciones a favor de los familiares del joven.

Mantiene que los vigilantes “inmovilizaron a Iliass sin que se pueda acreditar previamente una especial situación de tensión por parte del fallecido”, al que se le administró una ingesta de medicación “a deshora y sin nada que ver con su tratamiento que pudiere tener efectos secundarios, procediendo a efectuar una inmovilización esposado”.

En paralelo, Gómez San José relata que, “sin hablar con Iliass, sin tratar de calmarlo”, procedieron a una “inmovilización violenta”, falleciendo el joven “pocos minutos después” tras aplicarle una medida de contención mecánica “prolongada” y, a su juicio, “vulnerando todos los protocolos al respecto y colocando peligrosamente a Iliass boca abajo, con la cara en la almohada, a sabiendas de los riesgos de su actuación”.

“No hubo médico presente y, durante la prolongada y peligrosa maniobra, se llegó a taponar las vías respiratorias, sin que los acusados velaran porque la respiración del menor y la falta de cuidado en la acción peligrosa pudiera provocar la muerte de Iliass”, expone.