El fallecimiento de un varón en la tarde de este jueves en la orilla de la playa de Benítez, en Ceuta, ha puesto en evidencia la falta de un protocolo claro y rápido de actuación sobre todo cuando se trata de cadáveres de personas sin recursos o sin familia que se haga cargo. En este caso concreto la familia sí se ha hecho cargo del fallecido, tal y como han querido puntualizar, pero situaciones de este tipo evidencian la falta de una respuesta claro para sucesos así.
La muerte de este hombre -vecino de nuestra ciudad- se ha producido en torno a las siete menos cuarto de la tarde por, en principio, causas naturales aunque después se consideró que era un asunto judicial y que, por tanto, requería de unos protocolos distintos.
Los profesionales de Marsave, que tienen personal fijo en las playas de nuestra ciudad, nada pudieron hacer por recuperarlo, terminando ahí su actuación. Esta fue la adecuada y correcta, como siempre que presta sus servicios de socorrismo en las playas de Ceuta
En la playa se personó una patrulla de la Policía Nacional que se encargó de girar aviso para la recogida del cuerpo.
Aquí viene el problema. Quién tiene que ir a recoger el cuerpo. En marzo de 2023 la Ciudad a través de la consejería de Servicios Sociales sacó a licitación un contrato para cubrir el servicio de inhumación de finados sin recursos, previendo para ello una partida de casi 30.000 euros.
El servicio quedó desierto ya que en la descripción de las funciones que debían realizarse por parte de la adjudicataria de esta prestación se habían incluido acciones que eran competencia de Justicia y no de la Ciudad Autónoma.
Desde entonces no se ha vuelto a licitar ese servicio con las correcciones incluidas, quedando olvidado con el desarrollo de las elecciones municipales y la posterior campaña de las nacionales sin que por tanto exista una regulación del servicio y un protocolo claro a seguir.
No se está ante un caso aislado. Recientemente se produjo otra situación similar tras la muerte de una persona que llevaba tres días sin vida en su vivienda.
Asoman cuantiosas lagunas a la hora de abordar un asunto de este tipo. Primero que las fuerzas de seguridad sepan a quién deben llamar si se trata de una muerte natural o judicial para activar el protocolo concreto. Y segundo, que los servicios estén perfilados y en condiciones con las consiguientes licitaciones sin que se deje a la buena voluntad la recogida del cuerpo como se ha hecho en muchas ocasiones.
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