El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta acogió en la mañana ayer una audiencia previa a puerta cerrada que iba a servir para que las distintas partes personadas en el caso seguido por la muerte del bombero Marco Antonio Navas mostraran sus ‘cartas’ al objeto de alcanzar una posible conformidad antes de juicio. No fue así, ya que tanto Fiscalía como Acusación Particular entienden que los tres únicos acusados en este procedimiento deben responder de un delito de homicidio imprudente, por el que el Ministerio Público solicita en su calificación inicial 2 años de prisión mientras que la representación de la familia de Navas, eleva a 4. Las Defensas de los tres acusados aceptaban una acusación de delito leve o falta, despenalizada y por tanto sin responsabilidad penal, algo que no fue aceptado por la Acusación, a pesar de que esta postura dejaba abierta una vía de reclamación económica por lo Civil.
La Defensa de la familia del bombero fallecido quiere que se reconozca ante un tribunal que, si se hicieron mal las cosas, debe haber una responsabilidad penal, por ello mantienen firme su postura en cuanto a que el caso debe seguirse como un homicidio imprudente, aunque se considere la existencia de atenuantes.
Al no haber existido un acercamiento previo entre las partes, habrá juicio y se sentarán en el banquillo los llamados M.G.D., M.L.F. y V.M.F., todos integrantes que fueron del Cuerpo de Bomberos (antiguo jefe, cabo de guardia y el componente de más rango que acompañaba a Navas en la inmersión en la que murió), después de que durante el procedimiento judicial el máximo órgano en Ceuta, la Audiencia, considerara que no existía responsabilidad para los cargos políticos que estaban en el momento del accidente.
La Acusación mantiene a la Ciudad Autónoma como responsable civil directa de lo ocurrido, algo sobre lo que también se posicionó la Audiencia en un auto anterior, recalcando que “si bien la actividad de buceo no existía oficialmente dentro del SEIS... la responsabilidad última de la organización del servicio, la inspección y planificación de sus necesidades y el desarrollo de objetivos y actividades del Cuerpo, la previsión de necesidades y material, la cualificación de sus componentes entre otros cometidos, siendo conocedor y valedor de las actividades de buceo que se realizaban y de sus salidas de entrenamiento” recaía en la Jefatura.
“En el momento del accidente no existía ninguna división de rescate subacuático ni ninguna unidad específica de buceo, aunque era una idea en formación por parte del jefe de Servicio y se pretendía implantar dentro del SEIS para lo que, a tal fin, participaban dos bomberos con titulación de buceador profesional y varios con titulación de buceador deportivo, entre los que se encontraba el fallecido”.
La muerte de Marco Antonio Navas se produjo en abril de 2009, cuando el joven bombero participaba de unas prácticas de buceo en la zona conocida como Las Preciadas, en donde iban a llevar a cabo una práctica subacuática que consistía en una inmersión a una distancia de 30 metros, contando con equipos y material del SEIS. Un material que todavía se encuentra en el Parque, sin uso en una habitación.
Marco Antonio Navas nunca salió del agua ya que sufrió un espasmo en su laringe “a causa de la pulverización del agua que se condensó en la botella a consecuencia de su mal estado de conservación y falta de revisión, que provocó su muerte por ahogamiento a pesar de los intentos frustrados de su compañero de socorrerlo por desconocer el modo de proceder, arrastrándolo la corriente marina hacia el fondo del mar”, expone la Fiscalía en su escrito.
Entiende el Ministerio Público que toda esta situación se produjo con “pleno conocimiento” y que tiene como responsables a los que en ese momento ostentaban ese cargo: desde quien fuera jefe del SEIS hasta la cadena inferior, acaeciendo un accidente en un suceso en el que se “hizo una total dejadez a los más esenciales estándares de comportamiento exigibles” a cualquier persona.
La Acusación Particular deja constancia en su escrito que era la Ciudad “conocedora” de la práctica de estas actividades subacuáticas a pesar de que la misma no estaba reglamentada ni regularizada. Sufragó de hecho cursos de buceo y compró material pero nunca se reglamentó la actividad. Los miembros del SEIS no pasaban reconocimientos específicos ni tampoco había controles en el equipo.
La recta final de un procedimiento que arrastra diez años de lucha
El Juzgado de lo Penal número 1 deberá ahora fijar fecha para la celebración de esta vista judicial que, presumiblemente, tenga lugar antes del verano. De hecho si se retrasa es porque en la vista previa celebrada ayer, la Defensa de la Ciudad alegó que no le habían dado traslado para presentar su escrito, por lo que habrá que cumplir con el trámite establecido lo que retrasaría, en poco, la celebración de la vista oral que finalmente tendrá lugar en los juzgados.
La Ciudad Autónoma figurará en este procedimiento como responsable civil. Algo que solicita tanto la Fiscalía como la Acusación Particular, al entender que era “conocedora de la actividad que se realizaba” sin que existiera “una unidad específica como tal”. A pesar de ello “financió la compra de material para la práctica”.
La Defensa de los intereses de la familia de Marco Antonio Navas pedirá que comparezcan como testigos los expertos GEAS de la Guardia Civil que se encargaron de hacer un informe exhaustivo de cómo pudieron ocurrir los hechos; un informe elaborado por la Unidad de Actividades Subacuática de la Guardia Civil de Madrid y sustentado, además, en otro realizado por un doctor experto en Medicina Hiperbárica.
Desde la muerte de Navas, ocurrida en 2009, han pasado años de luchas en el juzgado constantes. Ya se dictó auto de apertura de juicio en octubre de 2015, pero el Ministerio Fiscal lo recurrió al considerar que uno de los delitos contemplados (contra los derechos de los trabajadores) ya estaba prescrito. A este recurso se sumaron otros de reposición presentados por distintas Defensas contra ese auto que también siguieron su curso y llevaron a una situación de parón judicial hasta dar salida a todos ellos.
Se contará con el informe que llevó a cabo la Unidad GEAS de la Guardia Civil
Han sido 10 años de luchas, de recursos, de acciones judiciales que llevan ahora al punto y final de todo esto para la familia Navas Lázaro. Inicialmente se produjo el archivo de la causa tras incoarse diligencias a partir de una denuncia de la Guardia Civil. Fueron sobreseídas de manera provisional al considerar que no estaba acreditado debidamente la perpetración del delito pero la lucha en los juzgados para que esta tragedia no quedara en el olvido permitió su reapertura en febrero de 2012 y el desarrollo de varias diligencias que en su día no se llevaron a cabo a pesar de que el letrado que defiende los intereses de la familia Navas, Francisco José Rodríguez, las consideraba fundamentales.
