Mucho ruido, pocos juzgados

En democracia hay una línea que nunca debería cruzarse: las acusaciones de corrupción o de posibles delitos contra la Administración no pueden quedarse en una rueda de prensa. Deben terminar donde corresponde, en un juzgado.

Sin embargo, en Ceuta volvemos a asistir al mismo espectáculo político. El PSOE Ceuta acusa públicamente al Gobierno del PP Ceuta de graves irregularidades en la contratación pública, insinuando posibles actuaciones que, de ser ciertas, podrían revestir una enorme gravedad. El PP responde negándolo todo y emplazando al PSOE a acudir a los tribunales si realmente dispone de pruebas.

Pero ahí es donde surge la gran contradicción.

Si el PSOE Ceuta cuenta con pruebas suficientes para sostener acusaciones de tal calibre, su obligación política, ética y democrática no debería limitarse a comparecer ante los medios de comunicación. Lo responsable sería presentar esas pruebas ante la Fiscalía o los juzgados para que sea la Justicia quien investigue los hechos y determine si existe alguna responsabilidad.

Lamentablemente, esta forma de actuar parece haberse convertido en un patrón habitual del PSOE: nadar entre sospechas y suspicacias. Lanzar acusaciones que generan un enorme impacto mediático, instalar la duda en la opinión pública y dejar que sea la sospecha la que desgaste al adversario, sin culminar ese camino donde realmente corresponde: ante un juez.

Pero el PP Ceuta tampoco puede escudarse tras un simple "si tienen pruebas, que denuncien".

Si el Gobierno está convencido de que las acusaciones son falsas y que se le está atribuyendo públicamente la comisión de delitos inexistentes, también dispone de instrumentos legales para acudir a los tribunales y defender su honor, la reputación de las personas señaladas y la legalidad de su gestión. Si consideran que están siendo víctimas de injurias o calumnias, lo coherente sería ejercitar las acciones legales oportunas y permitir que sea un juez quien resuelva el conflicto. Alardear con los amagos de acudir a la Justicia tampoco cuela.

Porque la Justicia no debe ser una obligación únicamente para quien acusa; también debe ser el camino para quien sostiene que está siendo falsamente acusado.

Pero hay algo que resulta aún más difícil de entender.

No nos tomen por tontos, señores del PSOE.

Después de realizar acusaciones públicas de tanta gravedad, ahora solicitan la comparecencia de la consejera de Cultura en el Pleno de la Asamblea para que ofrezca explicaciones sobre esas contrataciones.

Y surge una pregunta inevitable.

Si ustedes estaban tan convencidos de que existían indicios claros de actuaciones presuntamente ilegales, ¿por qué ahora lo que piden son explicaciones políticas y no una investigación judicial?

Si realmente creen que existen indicios de delitos, las explicaciones de la consejera sobran. Lo que corresponde es acudir inmediatamente a la Fiscalía o al juzgado para que sea la Justicia quien investigue.

Y si, por el contrario, necesitan escuchar primero las explicaciones de la consejera para saber realmente qué ocurrió, entonces resulta legítimo preguntarse por qué realizaron desde el principio acusaciones tan contundentes ante la opinión pública.

Esa contradicción no hace sino sembrar más dudas.

Da la sensación de que el objetivo principal no es esclarecer cuanto antes la verdad, sino mantener viva la polémica política, ocupar titulares y prolongar el desgaste del adversario.

El PP, por su parte, tampoco puede limitarse a responder desde una rueda de prensa que "si tienen pruebas, que denuncien". Si considera que el PSOE está atribuyendo falsamente delitos a miembros de su Gobierno, también tiene la posibilidad de acudir a los tribunales para defender su honor y exigir las responsabilidades que correspondan.

Porque la Justicia no puede convertirse en un recurso que solo se reclama para el contrario.

Lo preocupante es que ninguno parece tener verdadero interés en que un juez aclare quién tiene razón.

Y eso conduce inevitablemente a una conclusión incómoda: el objetivo parece ser mucho más político que jurídico.

Los continuos amagos de acudir a los juzgados por parte de ambos partidos, que nunca terminan de materializarse, solo contribuyen a aumentar la confusión entre la ciudadanía. Se lanzan acusaciones gravísimas, se responden con desmentidos igual de contundentes y, sin embargo, todo acaba reduciéndose a un intercambio de declaraciones, comunicados y titulares.

Mientras tanto, los ciudadanos se preguntan qué deben creer.

¿Existen realmente pruebas tan contundentes como para hablar de posibles delitos?

¿O estamos simplemente ante una estrategia de desgaste político en la que el titular importa más que el esclarecimiento de los hechos?

Porque si realmente hubiera voluntad de conocer la verdad, el camino estaría perfectamente definido: los tribunales.

Cuando una acusación de corrupción no sale del atril de una rueda de prensa para entrar en un juzgado, deja de ser una herramienta de control democrático y corre el riesgo de convertirse en un instrumento de propaganda política.

Y cuando quien se considera falsamente acusado tampoco acude a los tribunales para defender su honor, también transmite un mensaje que genera dudas entre la ciudadanía.

Al final, cobra más sentido que nunca ese viejo dicho: "Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos."

Porque cuando unos acusan pero no denuncian y los otros se declaran difamados pero tampoco ejercen acciones judiciales, la sensación que queda es que ambos participan del mismo juego político.

Un juego que no beneficia absolutamente a nadie.

Pierde la credibilidad de las instituciones.

Pierde la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

Y pierde Ceuta, que necesita una política basada en la responsabilidad, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho, no en una sucesión interminable de titulares destinados a desgastar al adversario.

Si hay indicios de delito, que se denuncien.

Si hay acusaciones falsas, que también se acuda a los tribunales.

Pero basta ya de convertir cada rueda de prensa en un juicio paralelo.

Los ceutíes no necesitan más propaganda.

Necesitan verdad.

Y la verdad, en un Estado de Derecho, no la deciden los partidos políticos ni los titulares de prensa.

La decide la Justicia.