¿Qué pasa con mi 'muchacha'?: la normalización de una economía sumergida en la frontera entre Ceuta y Marruecos

Integran la economía sumergida que ha terminado por constituir un "elemento trascendental" de la estructura socioeconómica de Ceuta. Son las denominadas 'muchachas'. Esas mujeres sin las que muchos hogares ceutíes no podrían salir adelante. Esas mujeres que copan la práctica totalidad del régimen de trabajo transfronterizo junto con los porteadores y a las que, todavía, se les sigue nombrando como 'las Fatimas', aunque cada una tenga su propia historia, su propia identidad.

Precarización de las ocupaciones transfronterizas feminizadas

Un estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) sobre la frontera como clave de la precarización de las ocupaciones transfronterizas feminizadas las ha convertido en protagonistas de una realidad conocida, pero que es pasada por alto en muchos debates y análisis oficiales. Así hasta ahora. La APDHA alerta en su informe sobre 'Las trabajadoras de hogar en Ceuta' que existe una "necesidad urgente de atender la desigualdad y vulneración de los Derechos Humanos provocada por la frontera". Y es que ese Tarajal permite determinadas actividades que aunque benefician a ambas partes fronterizas no pueden ser consideradas respetuosas con esos derechos en muchos de los casos. Esa economía sumergida se ha convertido en un "elemento trascendental" de la estructura ceutí, que dibuja una mano de obra con sueldos por debajo de los mínimamente legales que suponen una forma de subsistencia para estas mujeres y, a su vez, posibilita "la evasión de impuestos mediante la contratación" que no se lleva a cabo. "El trabajo transfronterizo marca el dinamismo de la wilaya de Tetuán, ya sea trabajando en el sector de la construcción, hostelería, porteo, empleo de hogar o trabajo sexual tanto legal como ilegal", expone la Asociación. Aunque no existe un registro oficial de entradas de ese trabajo irregular, se estima entre 20.000 y 25.000 cruces de personas diarias entre Marruecos y Ceuta.

"Conciencia social" que normaliza

Hay asentada una especie de "conciencia social" que normaliza esta situación en base a que "todas las partes se benefician", pero APDHA advierte de que "cuando las oportunidades económicas se basan en los márgenes de la desigualdad, estas desigualdades se perpetúan y las vulneraciones de derechos también". Y esto es lo que pasa a diario entre ambos lados de Tarajal. "Es llamativa la prevalencia de una voluntad evasora de las tasas impositivas correspondientes a las exportaciones de productos que pasan las mujeres a las espaldas. De la misma forma se plantea la evasión de las tasas correspondientes a la legalización de contratos para la mano de obra en régimen transfronterizo. El papel del Estado como regulador, recaudador y garante de derechos se debilita conforme las actividades se aproximan al efecto de la frontera en el territorio".

Es en este ámbito en el que se mueve el 'trabajo' diario que llevan a cabo miles de mujeres. Solo unas cuantas tienen su contrato y, de ellas, muy pocas están regularizadas en base a las horas que realmente prestan. Las familias se benefician, incluso abonando, en casos, precios irrisorios, por ello la APDHA no olvida que en ese juego de la "negociación" se producen "importantes e intolerables vulneraciones de derechos".

Sin contrato, por 200 euros al mes

Así hay casos de 'muchachas' que permanecen todo el día en hogares ceutíes, sin contrato, por 200 euros al mes. Algo impensable en otra ciudad, pero que para esas mujeres supone el único sueldo que entra en sus casas.

La desigualdad económica es un abuso, aunque sobre el mismo se pase de puntillas. Con motivo de las restricciones que impuso la Delegación del Gobierno en el Tarajal afloraron muchas de esas protestas, las de familias a las que no les llegaba 'la muchacha' a casa, sencillamente porque no tenía papeles. La propia Delegación instó a regularizar a todas esas mujeres, pero lo hizo con un lenguaje tibio, impropio de una Administración que debería hablar de forma más clara ante un servicio que, sabe, no está legalizado. Hasta hace bien poco los pases en la Jefatura Superior de Policía se daban como se quería, facilitando la entrada de estas personas como si fueran regularizadas. La falsificación de los mismos frenó esa costumbre, también asentada en la ciudad.

La regularización, o más bien su proceso, tampoco ayuda. Bien es cierto que la tardanza y complicación para ejecutar las contrataciones deseadas por muchas familias supone un impedimento. Delegación asegura que intentará que la renovación de los permisos sea por dos años. Ahora no solo es por uno sino que iniciarlos supone un retardo debido a la falta de personal en el área de Extranjería.

Aligerar la carga de los cuidados

En Ceuta, tener una persona de Marruecos trabajando en casa es prácticamente normal. Según el estudio de la asociación, "casi todos los hogares de Ceuta en los que al menos un miembro de la familia dispone de un índice de rentas suficiente, dispone de una trabajadora del hogar que asume la labor de aligerar carga de los cuidados. En pocas regiones del territorio español es tan intensa la participación externa en las labores domésticas de los hogares. Esto implica que la mayoría de las familias pueden acceder a ello debido al bajo coste que supone. Disponer de una persona que pueda atender 24 horas las necesidades de personas dependientes, cuidar a los más pequeños, atender la limpieza o alimentación... para las familias de Ceuta no es un lujo, es una oportunidad que brinda la proximidad de la frontera".

"Esta facilidad alivia muchas de las funciones que desde el Estado corresponde aportar y acaban siendo cubiertas por 'lo privado'. Aparece así un beneficio colateral en el trabajo de hogar para la ciudad", recoge la asociación.

Ese alivio en Ceuta se extrapola a Marruecos, en donde muchas familias subsisten gracias a estos trabajos.

Los salarios que perciben estas mujeres, según el estudio de APDHA, oscilan entre los 400 y 250 euros, la mitad o incluso menos que el SMI. Incluso hay casos en los que solo se abona 150 euros. De haber contrato, hay negociaciones como que la propia contratada abone el seguro social o que cobre menos que lo estipulado en nómina, además del transporte que muchas veces no es pagado por el empleador.

70 y 80% de mujeres no tienen contrato

¿De qué cifras hablamos de contrataciones? Según se recoge en el informe, entre el 70 y 80% de mujeres no tienen contrato por lo que no pueden acceder a las prestaciones que deberían. En los casos en los que hay contrato, "no suele venir aparejado de un disfrute pleno de derechos laborales; es habitual reducir las horas declaradas respecto a las reales. En muchos casos las empleadas rechazan el contrato ya que los gastos de contratación son imputados al salario a percibir. En ausencia de contrato todo funciona en base a una relación de confianza".

Es en este margen cuando los abusos o las historias abundan. Se han dado casos de denuncias por robos de dinero o pertenencias que nunca se produjeron, pero que supusieron una manera de romper esa relación, evitando posibles reclamaciones o denuncias. No son casos aislados. En la Jefatura Superior de Policía son conocedores de más de uno. Pero hay otros castigos que no se ven, como los que sufren esas 'muchachas' expulsadas de casas y marcadas por el 'boca a boca' para que no vuelvan a trabajar en más casas.

Llamada a la "dignificación"

Ante todo esto la APDHA reclama una "dignificación" del trabajo a través de un protocolo de actuación a lo que se debe sumar una mejora de las infraestructuras y servicios del paso fronterizo. Promover un mayor compromiso desde los sindicatos de trabajadores en la defensa de los derechos de estas personas así como promover acciones de protección sobre ellas son algunas de las propuestas. ¿Viables? El tiempo lo dirá. Quizá haya cambios, se produzca una evolución o, quién sabe, las situaciones sigan siendo las mismas y cada vez que la frontera se ralentice se levantarán los teléfonos para hacer la misma pregunta, la de ahora y la de hace años: ¿Qué pasa con mi 'muchacha'?