La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado su Balance Migratorio 2017 en el que se evidencia un incremento notable de las entradas por vía marítima España, que con 22.419 personas casi se triplica respecto del año anterior.
En el informe, se destaca el incremento de motos de agua como método utilizado por los inmigrantes para llegar a Ceuta por vía marítima -27 de las 57 llegadas a través de embarcaciones-, así como la recuperación de las antiguas pateras de madera tanto en el Estrecho como en el mar de Alborán.
Además, continúa el uso de embarcaciones de juguete tipo toy e incluso la de tablas de surf, sobre todo por menores, haciendo cada vez más peligrosa la travesía.
Según la Asociación, el empleo de estos métodos pone en serio riesgo la vida de las personas que no tienen opciones reales de viajar de manera segura por las restricciones de las políticas migratorias.
El balance constata un aumento en la llegada de personas procedentes de otros países a España que en el último año ha llegado a duplicarse -28.587 personas en total sumando vías marítimas y terrestres-.
Este incremento se produce al tiempo de un descenso muy significativo del resto de rutas hacia Europa. El aumento de la represión, la persecución de las ONG y la situación infernal en Libia dan cuenta de ese descenso de migrantes en el Mediterrneo Central, que han buscado vías alternativas en el entorno del Estrecho.
A pesar de ello las entradas por el Mediterráneo Central quintuplican todavía las de las llegadas por la Frontera Sur de España.
Para la organización, el incremento de llegada de inmigrantes a las costas españolas ha puesto de manifiesto de nuevo, como ocurrió en 2006, que no existen estructuras ni medios adecuados para tender dignamente a las personas llegadas tras un largo calvario y para que se respecten sus derechos.
El empobrecimiento extremo, la presencia de conflictos armados o la ausencia de futuro empujan a los sectores más jóvenes a la emigración como única alternativa viable.
Las políticas migratorias intentan paralizar estos flujos, aunque sea provocando graves violaciones de los derechos humanos, denuncia la organización, que recuerda que, durante 2017, España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por practicar de manera sistemática devoluciones en caliente en la frontera, evitando la opción a solicitar el derecho de asilo.
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