La modificación del presupuesto del ICD sale adelante, pero la oposición pide “nombre y apellidos” de los responsables de la “mala gestión”

El Gobierno de Ceuta ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y Vox para aprobar en el pleno de este miércoles el expediente de modificación de gasto del presupuesto del Instituto Ceutí de Deportes (ICD) de cara a este año 2020 y que asciende a 469.000 euros en concepto de costas por procedimientos judiciales con la anterior empresa gestora del servicio, según ha explicado la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani.

Durante su intervención, la consejera ha especificado que se trata de suplementar la partida presupuestaria del ICD en 469.000 euros con los remanentes de Tesorería del año 2019, modificación que ha pasado por Tesorería, “cuenta con todos las aprobaciones pertinentes” y que se produce con motivo de “problemas judiciales” con la anterior empresa adjudicataria del servicio para la contratación de monitores de natación. Un pliego que “se sacó hasta en cuatro ocasiones a concurso y no salía adelante”, lo que afectó al personal que se debía subrogar y que “ha sido objeto de demandas judiciales”.

Sin embargo, Chandiramani ha explicado que desde que en 2018 se adjudicara a la empresa Tracsatec “se ha resuelto este problema”. No obstante, sobre la disolución del ICD la consejera ha insistido en que la gestión de los servicios públicos “puede ser de forma directa o a través de un instituto como es el caso de Ceuta de forma indirecta”.

“Es cuestión de hacer una reflexión, pero no es el momento. El propio ICD y su junta rectora es la que tiene que hacer una reflexión de cómo gestionar el deporte en la ciudad. Se pensaba que la descentralización era la mejor solución, pero quizás ahora se piensa que a través de un negociado se sacaría mejor. Es un área extremadamente difícil porque son miles de personas que trabajan y a los que se les da servicio. Es muy complicado ofrecer el mejor servicio con los recursos que se tienen y con todos los clubes. Aún así, tenemos una medallista olímpica al frente de la consejería. No podíamos tener una mejor representante y se deja la piel”, ha continuado.

No obstante, la Ciudad ha reconocido que ha habido “una mala gestión” en el ICD puesto que “desde el año 2011 que se termina el contrato con la anterior empresa hasta 2018 no fuimos capaces de sacar adelante un nuevo contrato”.

“Además porque había muchas personas que subrogar y especificidades del contrato de monitores de natación. Pero no ha estado en el cajón de nadie ni ha habido dejación de funciones, sino que fuimos incapaces de llegar a un acuerdo con la empresa. Pero sin contrato el servicio se estuvo prestando. Reconocemos la mala gestión porque no hemos sido capaces de sacar adelante ese contrato, pero no dejación”, ha desvelado, tras lo que ha recordado que la junta rectora de este organismo decidió en una reunión el 7 de agosto “exigir responsabilidades” y se está preparando un informe para ver a quienes corresponden.

Por ello, la consejera ha agradecido el voto favorable al PSOE y Vox para cumplir con las responsabilidades que tiene la ciudad que ha contado con 20 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. “Se ha prestado el servicio y son cientos los ceutíes que han llevado a cabo su trabajo y miles los que han disfrutado de las piscinas del Guillermo Molina y del Díaz Flor. Pero se trata de que el instituto pueda asumir responsabilidades jurídicas, aunque habrá que ver si realmente ha habido responsables. Habrá que determinar si ha sido responsabilidad de alguien o no ha sido de nadie”, ha proseguido.

La oposición pide “nombre y apellidos” de los responsables de la “mala gestión”

Por su parte, el portavoz del PSOE, Manuel Hernández, ha defendido que esta deuda del ICD es “fruto de un nuevo desastre en la gestión” porque “estamos en la misma una y otra vez con el pago de procesos judiciales”, que en realidad ya ascienden a casi 600.000 euros puesto que ya se habrían abonado, según ha destacado, unos 200.000.

“Esto pone de manifiesto la nefasta política de gestión llevada en el ICD, que cada vez más alejado de la política deportiva de la ciudad y muestra de ello es el enfado de muchos clubes deportivos, aunque en los presupuestos de 2020 se recogen subvenciones por ejemplo de 600.000 para la Federación de Futbol. Sin embargo, el propio PP fue el que manifestó la intención de disolverlo”, ha lamentado tras lo que ha cuestionado quiénes son los que sacan a concurso la prestación del servicio, quién es el responsable, quién ha elaborado los pliegos, quién decide llevarlo a juicio y si se va a seguir gestionando de esta forma puesto que “no podemos decir que todo está a expensas del informe de la junta rectora” sino que hay que “poner nombre y apellidos sobre la mesa”.

Desde Vox, se han sumado al posicionamiento de la oposición puesto que “aunque las sentencias judiciales hay que pagarlas porque sino trae más consecuencias económicas”, están a favor de una investigación puesto que “hay unos responsables, pero no sabemos quiénes son”. “No sabemos si el Gobierno lo sabe y sino lo sabe el Gobierno tiene un problema de negligencia o pasividad absoluta. No hay que eludir responsabilidades para que no vuelva a ocurrir. Aunque votaremos a favor porque al final esto sería peor para los ciudadanos, pedimos que se esclarezca todo y se puedan asumir responsabilidades”, ha continuado.

A su vez, Fatima Hamed ha criticado que ni siquiera la Ciudad sabe lo que se va a hacer con el ICD. “Parece que para las personas aficionadas al deporte todo está solucionado, que los clubes a nivel nacional y local tienen todo resuelto y que todo marcha bien cuando la gestión deportiva hace aguas por todas partes. El ICD está igual o peor que estaba en la legislatura pasada. Mejoras en el ámbito deportivo de la ciudad no ha habido ninguna por no decir que vamos a peor”, ha defendido.

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha reclamado al Gobierno local “por qué si se aprobó su disolución al final no se ha hecho puesto que fue el propio PP el que llevó el tema a Pleno, se aprobó y “no se ha vuelto a escuchar nada”. “Se va a tener que pagar sí o sí, pero esto es fruto de una mala gestión de años atrás. Se iba a reubicar al personal en la consejería y no sabemos nada de eso. Aclaren qué va a pasar y si se va a disolver o no”, ha manifestado.

Finalmente, Ali ha criticado la “pésima gestión” de este servicio. “El Tribunal de Cuentas deja caer literalmente en sus informes de fiscalización que es que se pleiteó de forma temeraria e irresponsable a sabiendas que se iba a perder. No es problema de los servicios jurídicos, sino que alguien tomó la decisión. ¿Han hecho ustedes algo? Evidentemente hay que pagarles, pero en estas condiciones no se puede pagar esto. El responsable de los servicios jurídicos dice que no tiene quién hace el encargo del servicio2, ha concluido tras pedir que alguien debe asumir esa responsabilidad.