EFE
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha destacado el papel clave de las entidades locales en los momentos más duros de la pandemia: “El Gobierno de España agradece su lealtad institucional y se compromete a que sean protagonistas de la recuperación”.
Isabel Rodríguez, que ha comparecido por primera vez como ministra en la Comisión de Política Territorial del Congreso, ha defendido el fortalecimiento del papel de las entidades locales y su participación en la recuperación económica, que arrancará con inversiones para la modernización y la innovación tecnológica, con un presupuesto de 392 millones de euros entre 2021 y 2023 para proyectos municipales, gestionado directamente por el Ministerio de Política Territorial.
La orden ministerial que se publicará en los próximos días destinará este año 92,7 millones de euros para los municipios con más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. En 2022 y 2023, las ayudas, hasta alcanzar los 392 millones de euros, irán destinadas a todos los municipios.
“Digitalizar los servicios municipales implica ganar en calidad de vida, acercar, simplificar y mejorar los servicios públicos”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado las históricas entregas a cuenta para las entidades locales en 2022: un 13% más que en 2021, hasta alcanzar 22.062 millones de euros.
La ministra ha subrayado que en la experiencia durísima vivida, “el Estado ha funcionado y las políticas públicas han permitido contener y gestionar la pandemia con acuerdos beneficiosos para todos”. Y ha citado el mayor ejemplo, la vacunación: “Hemos sido uno de los primeros países del mundo en alcanzar el objetivo del 70%, y hoy, el 76% de la población tiene ya la pauta completa”.
“Hemos apostado por una salida de la crisis opuesta a las recetas de austeridad y recortes de otras épocas. Hoy, cuando en Europa y en España hablamos de vuelta a la normalidad, hablamos de justicia social, de igualdad y de progreso, impulsando una transformación del país, sobre la base de la transición ecológica, la digitalización y la cohesión social, territorial e intergeneracional”, ha señalado.
Isabel Rodríguez ha expuesto las principales líneas a desarrollar desde el Ministerio de Política Territorial, centradas en varios pilares: cogobernanza, diálogo, fortalecimiento de todas las entidades locales, incluídos los municipios en riesgo de despoblación, y la Administración General del Estado en el territorio.
Cuanto mayor es el grado de descentralización de un país, ha asegurado la ministra, mayor importancia cobra la colaboración entre administraciones, tanto a nivel multilateral como bilateral, “un imperativo de nuestro marco constitucional”.
Para Isabel Rodríguez, “la cogobernanza implica animar a los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades a colaborar entre ellos”, y se ha referido a nuevos objetivos para los foros de cooperación:
“La cooperación bilateral funciona”, ha subrayado Isabel Rodríguez. Por ejemplo, la colaboración normativa, en el marco del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ha incrementado, fomentando la negociación cuando existen controversias competenciales: “De 68 recursos en la XII legislatura hemos pasado a 29 en las legislaturas XIII y XIV. Las impugnaciones se han reducido más de un 70% gracias al dialogo entre las autonomías y el Estado”.
“Desde el Gobierno queremos que los litigios se utilicen como último recurso, una vez agotadas todas las vías de negociación. El diálogo es y va a seguir siendo la piedra angular de la política territorial de este Gobierno”, ha reiterado.
En esta legislatura se han reunido comisiones mixtas de transferencias con País Vasco, Navarra y Comunitat Valeciana. Se reunirán próximamente las comisiones bilaterales con Galicia, La Rioja, Canarias y Aragón, y comisiones mixtas de transferencias con varias CCAA, entre ellas, Castilla-la Mancha, para impulsar el traspaso de los parques nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros.
El 2 de agosto se reunió la Comisión Bilateral con Cataluña, tras un paréntesis de tres años. “Con Cataluña, no cabe el inmovilismo ni la vía unilateral, hemos abierto la senda del dialogo con la ley y la Constitución como límite para recuperar la afectividad entre el conjunto de la ciudadanía española con la catalana y entre la una sociedad catalana dividida. Cataluña tiene que implicarse en el proceso de recuperación, representa el 20% del PIB de España, debe volver a ser un motor económico y no quedarse al margen de la transformación del país”, ha indicado.
Isabel Rodríguez ha anunciado la actualización de la ley de Bases del Régimen Local. “Este Gobierno confía en los ayuntamientos, respeta la autonomía local y
la reforma nos permitirá clarificar el sistema competencial, garantizando a las entidades locales el margen de maniobra que necesitan para atender a la ciudadanía. Queremos reconocer la labor de los ayuntamientos, particularmente en el ámbito social, y proponemos suprimir la lista de competencias a delegar, que ha generado confusión. Confiamos en la gestión de los municipios”, ha recalcado.
Isabel Rodríguez se ha solidarizado con los municipios de menor población o en riesgo de despoblamiento. “Tenemos en España 6.827 municipios con menos de
5.000 habitantes y el reto demográfico consiste en asegurar la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del lugar de residencia”.
Es un problema de las zonas rurales, pero afecta también a ciudades medias, capitales de provincia y cabeceras de comarca. Este Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Medidas ante el Reto Demográfico que contará con una inversión superior a 10.000 millones. Entre los compromisos del Gobierno está la descentralización de la Administración pública.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno se ha comprometido expresamente con el desarrollo de un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población y de los Municipios en Riesgo de Despoblamiento, añadiendo un nuevo título a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“Queremos contribuir a la fijación de la población en el territorio, con servicios básicos de calidad, oportunidades de empleo e infraestructuras. El Estatuto garantizará la gestión pública de los municipios más pequeños, así como de aquellos que presentan una tendencia demográfica negativa”, ha explicado.
La ministra ha explicado que el objetivo es atender a las necesidades de esos municipios y también crear una estructura administrativa, en base a las secretarías de los juzgados de paz, para cubrir el servicio de la Administración de Justicia en
7.000 núcleos poblacionales para resolver las demandas vecinales.
Isabel Rodríguez se ha comprometido con la modernización de la Administración General de Estado en el territorio: “Nuestras delegaciones de Gobierno realizan un trabajo excepcional con pocos medios y con solo 6.400 empleados públicos”.
Se va implementar el plan estratégico integral para la mejora de servicios prestados por la AGE en el Territorio, que mejorará la coordinación, los recursos humanos y la digitalización en los próximos tres años. “Queremos que los servicios prestados a los ciudadanos desde la Administración General de Estado en el territorio se conviertan en un referente de calidad”, ha recalcado.
“Este objetivo es especialmente importante en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde, por su organización estatutaria, corresponde a la Administración del Estado la prestación de una serie de servicios adicionales” ha añadido.
Isabel Rodriguez se ha referido finalmente a las ayudas por catástrofes y emergencias que atiende el Ministerio de Política Territorial para reparar infraestructuras municipales: “Trabajamos para agilizar las subvenciones manteniendo el rigor necesario en la concesión de estas ayudas, enlazándolas con la importancia de la transición ecológica y de la cohesión intergeneracional”.
Isabel Rodríguez ha concluido su intervención remarcando el objetivo de las reformas del Gobierno, que pasan por “mejorar la vida de las personas”, subiendo el salario mínimo interprofesional, que al terminar esta legislatura alcanzará el 60% del salario medio; más recursos para quienes que más lo necesitan a través del ingreso mínimo vital; reforma del sistema de pensiones, que se revalorizarán conforme al IPC; o la nueva ley de Formación Profesional, que ajusta los perfiles profesionales a las demandas de las empresas. La ministra las ha definido como “medidas de marcado carácter social que forman parte ya de un proyecto de país”.
El Gobierno de España también apuesta por la cogobernanza, ha incidido Isabel Rodríguez, “como una nueva dinámica de relación entre las administraciones públicas, que nos permita sentar las bases de un marco de colaboración más eficaz”. Asimismo, “aspiramos a construir un país en el que la ciudadanía conviva desde la diversidad, el respeto y los proyectos compartidos en un país fuerte, que acompaña a los más vulnerables y que no deja a nadie atrás”.
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