El ministro Torres pide “solidaridad” para colaborar con la presión migratoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a apelado a la “solidaridad” en el conjunto de España para colaborar con Ceuta, Melilla y Canarias, autonomías que sufren una mayor presión de entrada de menores extranjeros no acompañados. Lo ha hecho durante su visita a la ciudad hermana y tras reunirse con el Gobierno melillense, presidido por Juan José Imbroda, del Partido Popular. Ante los medios ha destacado que “la solidaridad es absolutamente imprescindible” y que, “aunque se ha intentado a través de reglas diferentes y sectoriales, no ha terminado de funcionar”. “La única solución posible es que haya una modificación legislativa o cambio de la ley, artículo 35”, ha resaltado. Con esa modificación, habría un marco jurídico regulado que permitiría resolver esta situación en el futuro. El ministro ha explicado que están en la fase de negociación, debate y que en el mes de julio esto deberá culminarse, ya que acabará en el Congreso y en el Senado votando. “Pensamos que en el futuro, cualquier comunidad que tenga una presión migratoria determinada, sepa que el conjunto del país les va a respaldar”, ha añadido.

Acuerdo sobre menores

Torres ha detallado el acuerdo sobre el borrador entre el Gobierno canario y el central sobre la definición de los menores no acompañados. “Hay una ficha financiera que permite la neutralización sectorial”, ha señalado, añadiendo que es una petición de poder hacerlo cuanto antes, ya que en agosto no hay sesiones del Congreso. El ministro ha recordado que, en el año 2018, el gobierno de España aprobó un decreto ante una presión migratoria significativa. "Es verdad que los migrantes modifican su ruta, pero el problema es que hoy hay un territorio, mañana puede ser otro", ha señalado. Ángel Víctor Torres ha mencionado que lugares como Ceuta, Melilla y Canarias tienen una mayor presión migratoria, que en algunos casos pueden superar un 150% de plazas ocupadas, motivo por el que, en su opinión, “necesitan de la solidaridad” de las demás autonomías. Por su parte, el vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín, ha asegurado que en Melilla siempre han apelado a la solidaridad de las comunidades autónomas en cuanto al fenómeno de menores extranjeros no acompañados. “En 2018, Melilla acogía a 2.075 menores extranjeros no acompañados”, ha recordado. Marín ha enfatizado la importancia de apelar a la solidaridad de todas las comunidades autónomas, sin excepción. “El gobierno de la ciudad autónoma de Melilla va a estar pendiente del texto normativo que se quiere aprobar y en qué condiciones viene recogido”, ha concluido, subrayando la necesidad de esa apelación a la solidaridad.

Vox pide en el Senado un plan para la repatriación de menores

Vox, por su parte, ha registrado en el Senado una moción donde solicita “rechazar la propuesta de reparto a las regiones» y un “plan efectivo de repatriación de menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen”. En este sentido, señalan que el reparte “obligatorio e indiscriminado no hace más que agravar un problema crónico que los políticos de turno se niegan a atajar de raíz por mandato de las élites de la Agenda 2030”, intentando de esta forma a la Comisión de Interior a “no permitir que las regiones, comarcas, barrios y pueblos españoles se conviertan en los laboratorios multiculturales de Bruselas”. Por esta razón, piden también “tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida”. Asimismo, el partido liderado por Santiago Abascal solicita “proceder al cierre de los centros de menores y, hasta la repatriación de los menores, procurar las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños”. En este sentido, también contemplan suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen.