La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se ha reunido esta semana de forma telemática con todos los delegados y
delegadas del Gobierno en las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Por parte de la ciudad autónoma participó la máxima representante de la Administración General del Estado en Ceuta, Salvadora Mateos. La reunión se enmarca dentro de los encuentros habituales de coordinación que mantiene la ministra con los representantes de la Administración General del Estado en el Territorio, en los que se abordan los distintos asuntos en los que trabaja actualmente el Gobierno de España. La ministra ha abordado con los delegados y delegadas del Gobierno, entre otros asuntos, las actuaciones en los distintos territorios para afrontar la pandemia y el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021 que,
tras su aprobación y presentación, se tramitan ya en el Congreso de los Diputados y que la semana próxima pasarán al Pleno para el debate de enmiendas a la totalidad.
El presupuesto consolidado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y sus organismos adscritos asciende a 2.509 millones de euros, lo que representa un 15,57 por ciento más. Y el presupuesto exclusivamente del Ministerio, sin sus organismos, asciende a 619,23 millones de euros, un 74,02 por ciento más.
Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en el territorio recibirán 266,01 millones de euros, un 2,7 por ciento más para reforzar su labor y la presencia de la AGE en las comunidades autónomas. 7 millones de euros más que en los últimos presupuestos para mejorar la protección frente a la COVID-19 y modernizar los servicios a la ciudadanía en Extranjería, Vacunación Internacional, Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y Puestos de Inspección Fronterizos. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública contará con 600 millones de euros en tres años para financiar el Plan de Modernización de las Administraciones Públicas, para financiar proyectos de digitalización y modernización de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.