Recientemente hemos tenido noticia de que la Delegación del Gobierno ha renunciado a gestionar más Planes de Empleo. No se han explicado muy bien las razones; pero todo parece indicar que la decisión tiene su origen en el hartazgo que supone estar continuamente lidiando con innumerables denuncias ante la magistratura de los social. Se podría decir que han llegado a la conclusión de que “muerto el perro, se acabó la rabia”. La progresiva degeneración que han sufrido los planes de empleo con el paso del tiempo (devenidos finalmente en una especie de “administración B “expres y low cost”) merecería una reflexión específica. No es esa nuestra intención en este artículo, en el que pretendemos poner el foco sobre alguna de las consecuencias de este inesperado cambio de política.
El Ministerio de Educación se había acostumbrado a contar con los planes de empleo como un recurso habitual. Aunque tardara en llegar, porque no existía coincidencia entre el calendario escolar y el de gestión de los planes, lo cierto es que llegaba un momento (últimamente en diciembre) en que los centros se llenaban de trabajadores de toda clase y condición. Por allí aparecían profesores, conserjes, cuidadores, asistentes educativos, limpiadores y demás… a mansalva. Todas las enormes carencias provocadas por una irresponsable gestión del Ministerio en el desempeño de sus competencias, quedaban más o menos disimuladas con la abundancia que generaban los planes de empleo. Poco a poco, como suele pasar, todo el mundo se ha ido conformando con este desastroso e irregular modo de funcionamiento. Todo consistía en “apañarse como fuera” hasta la llegada del “maná del empleo”. Este tipo de costumbres son muy peligrosas. La comodidad es un estado nefasto para gestionar con rigor una administración. En Ceuta, y concretamente en el ámbito del personal laboral dependiente del Ministerio de Educación, tenemos una prueba irrefutable y, más que visible, escandalosamente llamativa. La desidia administrativa, provocada por la ausencia de presión, ha despoblado por completo las plantillas de este tipo de personal de todos los centros educativos.
Pero donde este fenómeno adquiere su versión más dramática es en el ámbito de la Educación Especial. Desde el inicio de curso, la Plataforma para la Defensa de la Educación Especial (a la que pertenece la Federación de Enseñanza de CCOO) viene reclamando al Ministerio un cambio en su política de recursos humanos y una adecuación de las plantillas a las verdaderas necesidades. La respuesta del Ministerio ha sido radicalmente contraria, mostrando incluso una beligerancia excesiva (probablemente haya en el fondo algo de sentimiento de culpabilidad). El argumento nuclear del rechazo a las demandas de la Plataforma ha sido que los centros (y por tanto los niños y niñas) están bien atendidos. Las plantillas de profesores son suficientes; y el resto de personal (laboral) aunque algo escaso, queda más que compensado con la generosidad de los planes de empleo. Durante el primer trimestre, los centros temblaban porque era imposible gestionar con un mínimo de rigor educativo el funcionamiento de un centro cumpliendo el principio de inclusión sin recursos para ello. A partir de enero, todo cambió… gracias a los planes de empleo. Hemos insistido en que la política de un ministerio serio no puede descansar sobre las políticas activas de empleo (que en todo caso deben aportar programas complementarios, en ningún caso “sustituir” plantillas ordinarias). Pero el Ministerio se ha mostrado absolutamente insensible. Tan es así que, para el próximo curso, no se ha puesto en marcha ni una sola medida para corregir el inocultable déficit de personal que existe en el ámbito de la Educación Especial.
"Es muy difícil digerir que algo tan obvio como importante no encuentre una solución en una administración tan potente como la Administración General del Estado de nuestro país. Se trata de diseñar una plantilla y cubrirla. Que el Ministerio de Educación mantenga bloqueada esta situación durante años, solo puede encontrar una explicación en el absoluto desinterés con el que se gestionan estos asuntos desde 'Madrid"
Y ahora, lógicamente, surge las más que razonable duda: El curso que viene ¿qué va a pasar? La Delegación del Gobierno, preocupada por las consecuencias que ellos conocen mejor que nadie, ya se ha dirigido a la Ciudad (que ahora gestionara íntegramente los doce millones de euros destinados a planes de empleo) para que haga un “hueco” para “sus” necesidades de contratación de cuidadores y profesionales de otras categorías. Pero esto es insistir en la chapuza. Pedir a una administración que prevarique. La Ciudad sólo puede contratar personal para gestionar sus ámbitos competenciales. Si contrata trabajadores y los envía a los colegios, está incurriendo en cesión ilegal de trabajadores y procurando, conscientemente, que a través de las correspondientes demandas pasen a ser trabajadores indefinidos. La Ciudad tiene muy poco (ninguno) margen de maniobra dentro de la legalidad. Todo dependerá del riesgo que quieran asumir. Así que, a partir de este momento, y durante los próximos dos meses, se abre un periodo de incertidumbres y tensiones políticas que desembocará, con toda seguridad, en un completo desastre para el alumnado y para los centros.
Es muy difícil digerir que algo tan obvio como importante no encuentre una solución en una administración tan potente como la Administración General del Estado de nuestro país. Se trata de diseñar una plantilla y cubrirla. Que el Ministerio de Educación mantenga bloqueada esta situación durante años, solo puede encontrar una explicación en el absoluto desinterés con el que se gestionan estos asuntos desde “Madrid”. Y lo peor es que aquí, en nuestro pequeño paraíso de la indiferencia, a nadie parece importarle.