Las ‘Instrucciones de las Secretarías de Estado de Educación y Formación Profesional para su aplicación en Ceuta y Melilla durante el curso escolar 2020-2021’ no han resuelto la “ecuación imposible” que para parte de la comunidad educativa local presenta el encaje de las principales incógnitas que presenta la vuelta a las aulas en septiembre sin despejar con cuántos maestros y profesores se contará (el cupo docente) ni cuáles son las ratios máximas a respetar obligatoriamente.
El primer número sigue siendo una incógnita a la espera de que el MEFP termine de “negociar” con el de Hacienda, aunque las referidas Instrucciones avisan de “las limitaciones que la prórroga presupuestaria impone”. La Inspección ha calculado que con unos 200 extra se podrían atender todos los desdobles (el alumnado de Infantil y Primaria solo estará en clase media mañana a diario y el de niveles superiores, dos días por semana) que ha prescrito la Dirección Provincial para lidiar con el coronavirus.
Tampoco resuelve el documento con cifras la distribución de estudiantes por grupos y aulas, con lo que la responsabilidad sigue delegada en los planes de contingencia que está elaborando cada centro para que, a su vez, los valide la Consejería de Sanidad del Gobierno local.
Con todas esas incógnitas, los Servicios Centrales han estipulado que la Dirección Provincial deberá proponer “antes” de pasado mañana a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa “los grupos que funcionarán en el curso 2020-2021”.
El Ministerio ha establecido que en los colegios “podrá autorizarse para todo el curso o parte del 2020-2021 una organización curricular excepcional que garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la situación del tercer trimestre del curso 2019-2020 para todo el alumnado”.
En secundaria y Bachillerato la organización del próximo curso deberá también adaptarse “ a las modificaciones efectuadas en el curso anterior para flexibilizar los criterios de promoción, adoptándose las medidas necesarias de atención a la diversidad, individuales o grupales, orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles que la situación excepcional del curso pasado les hubiera dificultado adquirir”.
En esa línea, los centros educativos de las ciudades autónomas, a través de sus órganos de coordinación docente, podrán decidir utilizar parte o la totalidad del curso que viene para incorporar un plan de trabajo integral o por asignatura, materia, ámbito, área o módulo,que garantice la consecución de los elementos curriculares esenciales por parte de todo el alumnado afectado por la situación de emergencia sanitaria.
Dicho plan se tendrá que incorporar dentro de la Programación General Anual de cada colegio o instituto.
El Grupo de Investigación HUM- 840 ‘Conocimiento Abierto para la Acción Social’ de la Universidad de Granada (UGR) ha puesto en marcha una consulta para “analizar la situación que tendrán que afrontar las familias y docentes de la ciudad ante el inicio del nuevo curso escolar de acuerdo a las dificultades de conciliación familiar” ligadas al establecimiento de turnos en los colegios y los institutos que reducirán la asistencia presencial a clase del alumnado a media mañana o dos días por semana, respectivamente. A través de un sencillo cuestionario, los investigadores proporcionan la posibilidad de mostrar “en menos de un minuto” y a través de Internet (https://docs.google.com/forms/d/1MY2qAPo_lwC8hycq1GZnwBjPvAyI6tf7zD6t7j5-eXQ/viewform?edit_requested=true) cómo se presenta para cada unidad de convivencia el comienzo del próximo año académico. La información resultante “será de gran ayuda para solicitar a las Administraciones medidas que permitan que las familias no se vean en la obligación de asumir la difícil conciliación que supondrá el tener a sus hijos en horarios escolares incompletos”, han explicado desde el Grupo. El Grupo CAAS pretende “generar conocimiento abierto para contribuir al procomún, favorecer procesos de transformación social positiva y garantizar el bienestar de toda la ciudadanía” desde una voluntad “de implicación local en el entorno y con aquellas cuestiones sociales y medioambientales que nos afectan de manera global”.
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