El Ministerio de Justicia apuesta por el diálogo tras la convocatoria de una huelga por parte de los principales sindicatos del sector, algo que también repercute en Ceuta, y ha aprovechado la oportunidad para recordar a los funcionarios del territorio que está gestionando la "importante subida salarial aprobada en diciembre de 2021”.
Han recalcado que "nadie había hecho tanto por el reconocimiento y las mejoras del sector en tan poco tiempo" y apuestan por el diálogo y la negociación.
"Ahora toca negociar y dialogar", han manifestado desde el Ministerio de Justicia.
Al respecto han recordado que tras el acuerdo alcanzado esta semana con los letrados de la administración de Justicia, que lograron una subida salarial de hasta 450 euros y suspendieron la huelga indefinida que habían iniciado el 24 de enero, ahora los sindicatos reivindican aumentos para el resto de funcionarios de los juzgados y han anunciado ya un calendario de paros que comenzarán el 17 de abril.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), también con representación en Ceuta, exigía hace apenas tres días al Ministerio de Justicia completar el acuerdo alcanzado con el colectivo de letrados “con una subida salarial para el resto de los cuerpos”, argumentando que había sido la propia Administración la que había reconocido en su momento “que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías”.
Los jueces, cuyas asociaciones se han reunido este viernes con los responsables del Ministerio, han anunciado que van a confeccionar un "calendario de medidas de presión".
La subida salarial a la que hace referencia el Ministerio de Justicia fue aprobada en diciembre de 2021 después de que los sindicatos llamaran a la huelga a los funcionarios del territorio gestionado por el Ministerio -Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla- y en los órganos centrales para reclamar mejoras salariales.
En aquel momento se adecuó el complemento específico que recibían esos funcionarios para aproximarlo a lo que se percibía en puestos equivalentes en las comunidades autónomas con la gestión transferida.
Las cantidades acordadas iban desde los 2.340 euros al año para los letrados de la administración de Justicia, hasta los 960 euros para el cuerpo de médicos forenses.
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