El Ministerio de Educación y Formación Profesional
(MEFP) cerrará el 31 de marzo el plazo para solicitar, también en Ceuta, las ayudas recogidas en su Plan de Acción Social 2023, dirigidas a “cualquier persona empleada pública en situación de servicio activo”, así como quienes se encuentren en expectativa de destino o excedencia por
violencia de género o cuidado de hijos y familiares durante el primer año. En total el número de potenciales beneficiarios en la ciudad supera de largo las 1.500 personas.
También pueden pedir las
ayudas los empleados que hubiesen accedido a la situación de jubilación o declarados en situación de invalidez absoluta o gran invalidez, así como los herederos y herederas del personal que haya fallecido desde el 1 de enero de 2022 hasta finales de este mes.
El abanico de ayudas abarca un amplio abanico de modalidades: para tratamientos de salud; personas con discapacidad; cuidado de ascendientes; natalidad, adopción, tutela o acogimiento; guarderías; conciliación de la vida familiar y laboral; transporte; estudios de hijos o de empleados; promoción del personal; y situaciones de violencia de género.
Además de los límites establecidos en las bases específicas para cada tipo de ayuda, se establece que la cuantía máxima que podrá percibir cada solicitante por la suma de todas las concedidas no podrá superar los 616 euros en el caso de quienes perciban hasta 19.000 euros y de 123 si se cobra por encima de 50.000.
La presentación de las solicitudes se formula a través de la sede electrónica del MEFP y es preciso disponer de certificado digital o DNI electrónico para su registro telemático.
Las ayudas cubrirán los gastos o actividades que se hayan producido en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022
Con carácter general las ayudas cubrirán los gastos o actividades que se hayan producido en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022.
Las ayudas para tratamientos de salud, por ejemplo, buscan “compensar en parte los gastos efectuados por el solicitante, su cónyuge, hijos e hijas que dependan económicamente del solicitante, siempre que no se encuentren cubiertos, en su totalidad, por el sistema de
Seguridad Social, de MUFACE o de cualquier otra mutualidad pública obligatoria”.
Las dirigidas a la discapacidad persiguen paliar parcialmente los gastos derivados de tratamiento, atención y cuidados por discapacidad física o psíquica igual o superior al 33% del empleado, su cónyuge, hijos e hijas y familiares hasta el primer grado de consanguinidad y afinidad, que convivan y dependan económicamente del trabajador.
La Acción Social se define como “el conjunto de actividades encaminadas a la consecución de un sistema general de bienestar social, entendido como un valor social que persigue el poner a disposición de todo el personal empleado público de aquellos medios que sean precisos para satisfacer las demandas comúnmente aceptadas como necesidades”.