Más de 7 millones del Estado para inmigración y coste de la desaladora

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros destinar 7,4 millones de euros a Canarias y 21,5 a Ceuta y Melilla para atender la llegada de inmigrantes y el coste de la desaladora, tal y como informa Europa Press.

Por un lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por importe total de 21,5 millones de euros.

"El objeto de este Real Decreto, al igual que en ejercicios anteriores, es otorgar una ayuda a la financiación de ambas ciudades, en las que concurren circunstancias singulares debido a su especial situación geográfica", sostiene.

Esta subvención indica que "es algo habitual" y añade que la Administración General del Estado "viene contribuyendo desde hace varios años, mediante aportaciones específicas, al sostenimiento financiero de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la financiación de actuaciones sociales a las citadas ciudades autónomas".

En primer lugar, señala que ambas ciudades autónomas "carecen de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de las ciudades españolas y europeas". "Ello ha hecho necesario recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas, como la desalinización del agua de mar. El coste de estos recursos es considerablemente más elevado que el de los recursos convencionales, razón por la cual la Administración General del Estado viene contribuyendo a su financiación", apunta.

Ceuta y Melilla, sometidas a una "fuerte presión migratoria"

En segundo lugar, el Gobierno precisa que Ceuta y Melilla constituyen la frontera sur de Europa, y están sometidas a una "fuerte presión migratoria". "Por ello es ineludible afrontar mayores gastos estructurales en materia de servicios sociales y educativos, limpieza, recogida de residuos o seguridad, para atender las necesidades derivadas del flujo migratorio que se produce a diario", asegura.

En cuanto a la distribución de estas subvenciones, el Ejecutivo agrega que ocho millones irán destinados al funcionamiento de la desalinizadora (3,9 a Ceuta y 4 a Melilla), mientras que 13,5 millones serán para actuaciones en la frontera y sociales (3,2 a Ceuta y 10,2 a Melilla).

Inversión en Canarias

En concreto, ha aprobado la inversión, por el procedimiento de emergencia, de 7,4 millones de euros para la contratación de las obras, suministros y servicios necesarios para atender la llegada sostenida de inmigrantes a las diferentes costas de las islas Canarias, en particular a las islas de Fuerteventura y Tenerife.

En el caso de Fuerteventura, dice que es necesario dotar a la isla de un centro de atención temporal de extranjeros (CATE) con capacidad para 600 personas, "instalación que disponga de los servicios y suministros necesarios para el alojamiento asistencial de los inmigrantes mientras se realizan las primeras actuaciones policiales, con un tiempo máximo de estancia de 72 horas".

Por lo que se refiere a Tenerife, el Gobierno asegura que la capacidad actual del CATE de Adeje resulta "insuficiente" para atender las necesidades de las personas que llegan a sus costas, así como acoger también la llegada de inmigrantes de otras islas del archipiélago. Por ello, destaca que resulta necesario disponer de unas nuevas instalaciones modulares con una capacidad aproximada de unas 350 personas que se ubicarán en terrenos del Ministerio del Interior.

Asimismo, indica que se van a "reforzar, mejorar y ampliar" los servicios y suministros de los CATE de las islas de Lanzarote, El Hierro y Gran Canaria "con el objetivo de poder asistir y atender a todas las personas que llegan a las costas de las islas Canarias".

"Los mecanismos ordinarios previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no permiten dar respuesta a la situación con la inmediatez que se requiere para la contratación de las obras, suministros y servicios necesarios, motivo por el que el secretario de Estado de Seguridad, mediante Resolución de 18 de septiembre de 2024, ha declarado de emergencia su contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 del citado texto legal", explica.