Casi mil teléfonos móviles, en concreto 943, han sido decomisados a presos internos en la
cárcel de Ceuta en el periodo comprendido entre 2010 y 2017, según los datos facilitados por el
sindicato Acaip. Este periodo se corresponde con la estancia de presos en la penitenciaría de Los Rosales, que fue clausurada precisamente ese 2017 para el traslado de todos los internos a Mendizábal. El uso y tenencia de móviles en prisión está prohibido pero consiguen ser introducidos en la prisión en el transcurso de los encuentros ‘vis a vis’ mantenidos entre internos y familiares. Conseguir un móvil entre rejas se convierte en un particular tesoro para internos que pueden seguir manejando sus negocios delictivos estando privados de libertad. La estadística demuestra que el tráfico de teléfonos móviles es una realidad, constituyendo además un problema de seguridad importante. El decomiso de estos aparatos es consecuencia de los controles realizados por los funcionarios, pero sigue siendo una realidad contra la que hay que luchar. Acaip denuncia que faltan medios humanos y tecnológicos así como inhibidores, reclamando una inversión constante en las prisiones.
Prohibido su uso
En la cárcel está prohibido el uso de teléfonos pero además también la existencia de aparatos electrónicos, mp3 y cualquier tipo de elemento que favorezca la comunicación del interno con el exterior. De igual manera se prohíbe el consumo de drogas, alcohol o la introducción de alimentos. A pesar de que se supone que las medidas de seguridad deberían ser inviolables entre rejas, la realidad dicta lo contrario por cuanto sigue existiendo un comercio ilícito de elementos prohibidos. La tenencia de un teléfono móvil permite además a los delincuentes que cumplen condenas por, por ejemplo, tráfico de drogas seguir teniendo activos sus negocios desde prisión, lo que deja sin sentido la labor y presión efectuada por las fuerzas de seguridad en su lucha contra el ámbito delincuencial.