Mil firmas de ceutíes para intentar revocar la reforma

La recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), acordada por UGT y CCOO, para el Empleo Estable y con Derechos entra en su recta final. UGT de Ceuta espera sobrepasar el millar de firmas de apoyo en la ciudad autónoma a esta iniciativa, con la que se pretende revocar la reforma laboral que aplicó el Gobierno y que está vigente desde septiembre del pasado año. “El objetivo es reunir las quinientas mil firmas necesarias para presentar la misma en el parlamento español”, dicen desde esta organización sindical.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) insiste en que el retroceso del empleo durante esta época evidencia que el mercado de trabajo se caracteriza por una excesiva e injustificada flexibilidad externa que permite e, incluso, incentiva la adaptación de las empresas a los cambios de ciclo realizando ajustes de empleo en vez de aplicar otras medidas. La ILP se plantea sobre la base de que el tejido productivo está construido sobre estructuras  tecnológicas de innovación y formación muy débiles, por ello la estrategia de competitividad se apoya en la reducción de costes salariales. Esto se está logrando por la introducción de elementos como el empleo de autónomos, las subcontratas, Empresas de Trabajo Temporal, o la utilización de la contratación temporal o el despido automático, dice el sindicato en un comunicado.
Por este motivo, la ILP “trata de cambiar las bases de las relaciones laborales con un doble objetivo, por una parte combatir la segmentación del mercado de trabajo favoreciendo el acceso y la permanencia de los trabajadores en el mismo, con empleos estables y de calidad; y por otro lado, reordenar las medidas de flexibilidad configurándolas como alternativa al ejercicio por el empresario de sus facultades extintivas”, añade.
En la Iniciativa Legislativa se establecen propuestas para combatir la temporalidad de larga duración, estableciendo límites máximos de sucesión de contratos de duración determinada. La proposición establece también una reducción del plazo máximo de duración del contrato de obra o servicio fijando el máximo de dos años en lugar de los tres años actuales. La medida también persigue establecer la prohibición de suscribir contratos de duración determinada con empresas de servicios que tengan como actividad habitual la realización de contratas. Junto al reconocimiento generalizado del contrato fijo para atender las contratas de obras o servicios, es necesario que la negociación colectiva sectorial disponga de una capacidad de regulación para habilitar los contratos temporales que se puedan celebrar en las empresas afectadas, dentro del conjunto de la plantilla de la que disponen.
La Iniciativa Legislativa Popular también pretende establecer los dispositivos prioritarios u ordinarios en el conjunto de instrumentos que el ordenamiento pone a disposición del empresario para permitirle la adecuación del volumen de mano de obra a las exigencias del mercado. Por tanto, se persigue garantizar que, ante una situación de crisis o cambios organizativos en la empresa, la respuesta sea proporcionada a la finalidad, en lugar de utilizar el recurso al despido de trabajadores antes de haber apurado o agotado otras posibilidades tanto social como individualmente. Por ello, “la ILP trata de reordenar el régimen jurídico de los despidos, sobre todo de los colectivos y objetivos, redefiniendo sus causas y restaurando, en el procedimiento, el principio de efectiva participación de la representación de los trabajadores”, continúa.
“Entendemos que sólo las dificultades de trascendencia que, de no adoptarse medidas correctoras, comprometan la viabilidad futura de la empresa, son las que pueden justificar la extinción de los contratos de trabajo, y no otras medidas de simple mejora de la eficacia de la gestión empresarial. El despido ha de ser, en definitiva, la última medida necesaria para restablecer la situación económica de la empresa o para garantizar su viabilidad”, añade UGT.
Por último, la Iniciativa Legislativa Popular también contempla que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) “no realice aportaciones para financiar las extinciones de contratos que carezcan de amparo legal, entre otros. Asimismo, la iniciativa también contiene medidas que intentan favorecer el empleo de los jóvenes, las personas desempleadas y mejorar la intermediación laboral así como la actuación de las Empresas de Trabajo Temporal”. En relación con estas últimas, la iniciativa impone restricciones a los contratos de puesta a disposición, conforme a la directiva europea sobre empresas de trabajo temporal. Igualmente, sobre la intermediación laboral, la iniciativa legislativa apuesta por potenciar y fortalecer los servicios públicos de empleo, restringiendo a las entidades sin ánimo de lucro la condición de agencias de colocación.