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Migreurop critica las "devoluciones en caliente" producidas esta semana en Ceuta

Rechazan la gestión del Gobierno de la frontera

Las asociaciones miembros de Migreurop en España han mostrado, a través de un comunicado, su rechazo a la gestión de las fronteras que el Gobierno está llevando a cabo con motivo del aumento de llegada de personas al territorio español, utilizando como instrumentos acciones "ilegales" como las devoluciones sumarias, también llamadas "devoluciones en caliente", que, según denuncian, se han realizado esta semana en Ceuta, así como la utilización del centro penitenciario de Archidona (Málaga) para alojar inmigrantes.

Acciones "ilegales"

Para estas organizaciones, resulta "injustificable" el uso, por parte del Ministerio de Interior, de argumentos que relacionan la situación actual con una "imaginaria emergencia migratoria nacional".

En este sentido, respaldan el argumento de la representante de ACNUR con el que afirma que España "puede manejar perfectamente 25.000 solicitudes de asilo o 20.000 llegadas de flujos mixtos a sus costas", recalcando que a pesar de que estas entidades "llevan años avisando" de la posibilidad de un aumento de esas llegadas, el Gobierno "ha hecho caso omiso a estos avisos optando por una peligrosa improvisación de estas medidas".

Por otro lado, denuncia que la "persistencia" de las "devoluciones en caliente" en Ceuta, a pesar de la sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone, a juicio de estas organizaciones, un "salto al vacío que instala al Estado en una vulneración sistemática del derecho internacional y de incumplimiento de las sentencias".

Pacto de estado

Migreurop reclama, "una vez más", un Pacto de Estado para la generación de un modelo de gestión fronterizo, de la protección internacional y del derecho de asilo y de la convivencia con la participación de la sociedad civil.

Exigen al Gobierno un "ejercicio de responsabilidad" en el tratamiento ante la opinión pública sobre esta realidad, "priorizando" la responsabilidad en la gestión frente a la criminalización de las víctimas; el cierre "inmediato" del Centro de Detención de Archidona por "ilegal"; y el fin "inmediato" de las "devoluciones en caliente".

Por último, demandan de forma "prioritaria y urgente" el cumplimiento "estricto" de la legislación internacional.

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