Una media de cinco
inmigrantes han muerto cada día tratando de llegar a España durante el primer semestre de 2022, lo que supone un total de 978 víctimas, según recoge el informe "Derechos a la vida", que también recoge parte específicas sobre la situación en Ceuta y Melilla, presentado este miércoles por el colectivo Caminando Fronteras. De esas casi mil víctimas, calcula la organización, 938 perdieron la vida en las rutas marítimas de acceso a España –la canaria, la del Estrecho, la del mar de Alborán y la argelina– y 40 murieron debido a la violencia policial en el intento de cruzar la valla de
Melilla del pasado 24 de junio, 37 durante el salto y 3 en los días posteriores. Del total de inmigrantes fallecidos en este semestre, 118 eran
mujeres y 41 eran menores. No obstante, el 87,8 por ciento de las víctimas están desaparecidas, pues no se ha podido recuperar su cuerpo, y 18 embarcaciones han desaparecido con todas las personas que iban a bordo. La ruta más mortífera ha sido la canaria (800 víctimas y 28 naufragios), seguida por la argelina (101 y 11), la del mar de Alborán (35 y 3) y la del Estrecho (2 y 2). Aunque las rutas del Estrecho, del Alborán y la argelina sean menos transitadas, el riesgo aumenta debido a la omisión del deber de socorro de las autoridades, denuncia el informe. "Los medios de rescate no se activan, o se hacen muy tarde en lo que concierne a las embarcaciones alertadas. Esto sucede sobre todo en Alborán, Baleares y en los rescates de la zona Atlántica coordinados por Marruecos", subraya. Entre las negligencias, alerta de que no se despliegan los medios de búsqueda con suficiente celeridad a pesar de tener la posición de las embarcaciones, ni los medios aéreos cuando hay personas en el agua. También destaca la ausencia de coordinación entre las autoridades españolas y los países fronterizos. A lo largo del primer semestre de 2022, los meses que registraron mayor número de muertes y desapariciones fueron enero y junio, con 306 y 290 víctimas respectivamente. Los inmigrantes -"que han recorrido el mundo para morir en las costas españolas", recalca el informe- provienen de 23 países diferentes entre los que destacan Argelia,
Marruecos, Mauritania, Nigeria, Burkina Faso, Bangladesh, Sri Lanka o Yemen. Estas personas fueron expulsadas de su territorio, expone el informe, debido a los conflictos bélicos, el empobrecimiento agravado por el cambio climático y la falta de trabajo, la violencia machista y contra los colectivos LGTBI y la represión contra activistas de derechos humanos. Helena Malero, coordinadora de Caminando Fronteras, ha manifestado que el informe refleja el "discurso belicista que ha aumentado la presencia militar en las fronteras" tras el estallido de la guerra en Ucrania y la renovación del pacto de buena vecindad entre España y Marruecos. "La militarización ha sido determinada por el acuerdo entre el estado español y Marruecos, donde se han intercambiado reconocimientos de intereses territoriales y dotaciones económicas en contraprestación al bloqueo y represión de las personas en movimiento", refleja el estudio. Entre esas herramientas de represión, destaca las detenciones arbitrarias, el uso sistemático de la fuerza, la discriminación racial, las expulsiones colectivas y la violencia específica contra las mujeres y los menores. "En Ceuta y Melilla se están violando los derechos humanos de forma transnacional por la manera en la que están tratando a los solicitantes de asilo y a los migrantes infantes. Los migrantes y sus muertes están sirviendo de moneda de cambio", ha denunciado Malero. La coordinadora del colectivo ha puesto como ejemplo la "masacre" acontecida en la valla de Melilla el pasado junio, en el que según ella murieron 40 migrantes debido a la asfixia por los gases, los aplastamientos, los golpes de porras y las balas de fuego. Sin embargo, según los testimonios recogidos por el colectivo, el número de fallecidos puede ascender hasta 62, indica el estudio.