La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha denunciado este viernes ante la Comisión Europea la política "discriminatoria" que está aplicando el Gobierno de Mariano Rajoy con el traslado de personas migrantes desde Ceuta y Melilla a la península. Una política “basada únicamente en criterios de nacionalidad” y que provoca que en la actualidad haya cientos de personas que llevan meses o incluso años atrapados en los CETI de ambos territorios, aunque hayan mostrado su voluntad de solicitar asilo en otras partes del Estado.
En una pregunta parlamentaria que pone como ejemplo la situación que vive medio centenar de personas migrantes de diferentes orígenes asiáticos, acampados en la plaza de los Reyes desde hace 19 días ante la sede de la Delegación del Gobierno como protesta, la eurodiputada advierte de que la medida, además de discriminatoria, es “aleatoria, puesto que las autoridades españolas no dan explicaciones sobre la diferencia de trato”.
“Cuando visitamos el CETI de Ceuta en septiembre se nos informó de que algunas personas migrantes pueden pasar incluso varios años sin ser trasladados y sin que Interior dé explicación alguna. Queremos que la UE nos diga si está al tanto de esta práctica y si la avala pese a que haya sido censurada por el Consejo de Europa en un informe”, ha señalado Albiol.
En realidad, no es una situación que afecte sólo a Ceuta, sino que también implica a Melilla, “porque ambos territorios se encuentran en una especie de limbo donde la legislación europea e internacional se pone en suspenso para servir a los intereses de la Europa fortaleza”.
La portavoz de IU ha insistido de que la protesta que están llevando a cabo las personas migrantes de origen asiático estos días en Ceuta “pone de relieve algo que ya se venía denunciando desde hace años” y es “la aleatoriedad” de las decisiones.
“Existen países con los que hay acuerdos para las deportaciones inmediatas, un hecho que ya de por sí es contrario a derecho al no darse las garantías judiciales necesarias y producirse las deportaciones de manera forzosa”, pero además, con la cuestión de los traslados a península, “estamos hablando de unas actuaciones completamente opacas”.
El resultado es que el Estado español traslada a determinadas nacionalidades y obliga a otras a permanecer en Ceuta y Melilla “por motivos que se niega a revelar”, aunque “parecen una forma de castigo colectivo”.
Si a esto se le suman “las dificultades para solicitar asilo en ambos territorios”, quienes lo hacen están “obligados a permanecer en Ceuta y Melilla durante todo el proceso” de demanda, lo que supone “una clara obstaculización del derecho al asilo”.
“Exigimos que se hagan públicos los motivos por los que el Estado español retiene a estas personas contra su voluntad y que las autoridades europeas clarifiquen si estas salvaguardas a la libertad de movimiento que regula el Espacio Schengen que se aplican en Ceuta y Melilla se ajustan a la normativa”, ha añadido, antes de incidir en que “esta práctica supone una discriminación ya no sólo por su origen, sino por el punto por el que entran al Estado español y la Unión Europea”.
Esta división y categorización de las personas migrantes y demandantes de asilo, ha sentenciado Albiol, “termina reflejando el laberinto administrativo en el que las autoridades pretenden sumirlas para, finalmente, negarles sus derechos y poder aplicar sus políticas basadas en las vallas y las deportaciones”.
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