Miaja se muestra “escéptica” con que TRAGSA lleve a cabo la actuación forestal en el talud de Martínez Catena

La representante del Grupo Parlamentario Socialista en el Consejo de Administración de Obimasa, Nuria Miaja, se ha abstenido en la votación del único punto del orden del día, relativo a encomendar a la empresa TRAGSA los trabajos de crear un margen de seguridad a modo de cortafuegos en el talud forestal de Martínez Catena, así como la limpieza y adecentamiento del mismo, al argumentar la Ciudad que no dispone de medios humanos para realizar dicha tarea.

A pesar de que con esta encomienda se pretende dar cumplimiento a un acuerdo plenario nacido de una propuesta socialista, Miaja se muestra "disconforme y escéptica" con que los trabajos se concedan a TRAGSA, ya que recuerda que, en el año 2014, a esta misma empresa se le encargó la poda sanitaria de varios ficus de las Puertas del Campo y el resultado fue que no se realizó en su totalidad, además de un panel de información y una arqueta rotos y sin reemplazar; ante la "deficiente" actuación, la Ciudad tuvo que enmendar el trabajo y los desperfectos, denunciando la situación en su momento el GPS.

"Una vez más, el Gobierno del Partido Popular contrata a una empresa argumentando que no dispone de medios personales ni materiales y, al tiempo, vemos que realizan tareas similares con los recursos de que disponen", denuncia la diputada socialista y ejemplifica indicando que "tras encomendar la poda sanitaria de los ficus a TRAGSA, la Ciudad llevó a cabo una poda similar meses más tarde en la Fundación Eduardo Gallardo".

En este sentido, y poniendo numerosos casos sobre la mesa, Miaja denuncia "la política de externalizar servicios del Ejecutivo, sin ton ni son, aún disponiendo de los recursos necesarios para llevarlos a cabo; política que tan sólo va en detrimento de las arcas públicas".

Por otra parte, y en relación a la propuesta del consejero de Fomento expuesta en el pasado Pleno de la Asamblea relativa a conceder un distintivo a las empresas que cumplan con la accesibilidad y la excelencia, la socialista considera que, "de igual modo, a las empresas que incumplan las encomiendas realizadas y/o cometan errores graves, se les debería penalizar imposibilitando contratación alguna con la Administración Pública".