El
Juzgado de instrucción número 1 de Ceuta ha levantado el secreto de sumario que hasta la fecha protegía la investigación llevada a cabo por la
Guardia Civil y enmarcada en la lucha contra el blanqueo de capitales. Catorce meses después de las detenciones llevadas a cabo a finales de mayo de 2019, el Instituto Armado no ha podido detener al considerado cabecilla de este entramado contra el que se cursó un orden de búsqueda nacional e internacional. El abono de fianzas permitió la puesta en libertad de los detenidos que entraron en prisión preventiva, entre ellos una agente de la
Policía Local previo pago de 30.000 euros, pero no se ha podido cerrar el círculo con todos los señalados como investigados en la fase primigenea de los análisis.
La operación, que fue liderada por el OCON-SUR (Órgano de Coordinación de las Operaciones contra el Narcotráfico en el Sur de España), permitió concluir, de acuerdo con los informes incluidos en este procedimiento judicial, “la existencia, desde un punto de vista policial, de toda una serie de conductas dirigidas a ocultar el origen ilícito de bienes con el fin de darles apariencia de legalidad”. Es el famoso delito de blanqueo de capitales para cuyo esclarecimiento los investigadores llevaron a cabo un estudio sobre el entorno ocupacional de las personas investigadas, comprobando que el nivel de vida y la capacidad económica ponía de manifiesto “ganancias e incrementos de patrimonio no justificados”.
La operación ha sido liderada por el OCON SUR con apoyo de varias comandancias
Fruto de esta investigación, la Guardia Civil concluyó la existencia de “sociedades pantalla” que no llevan a cabo ninguna actividad relevante pero son usadas “de forma meramente instrumental y ficticia para la adquisición de bienes”. Además esta organización usaba “personas interpuestas como testaferros para que figuren como gestores de esas sociedades y titulares de los bienes”, haciendo uso de “negocios que permitían acometer prácticas de blanqueo”.
En la investigación judicializada, los investigadores de la Benemérita vinculan una serie de ganancias e incrementos patrimoniales con un origen delictivo, aportando investigaciones paralelas en torno al tráfico de hachís por vía marítima y haciendo hincapié en la adquisición de embarcaciones de alta velocidad así como el avituallamiento para disponer de una infraestructura necesaria que permita su uso y disposición. La Benemérita vincula, fruto de esas investigaciones, la comisión del delito con la obtención de dinero perfilando la existencia de una estructura, con sus roles bien estructurados, para la obtención de dinero fácil hasta el punto de que hay investigados “que no han trabajado en su vida” pero disponen de medios económicos así como otros con periodos extensos de no actividad laboral. Destaca en las investigaciones “el singular manejo de dinero en efectivo” tanto entre investigados como familiares directos, adquiriendo bienes de alto valor unitario como coches y embarcaciones “sin desdeñar las operaciones llevadas a cabo de ingreso de billetes en cuentas bancarias de forma habitual u, ocasionalmente, sumas elevadas” convirtiendo en “depósitos bancarios el producto del delito para sufragar gastos y consumos que junto a la amortización de créditos y préstamos son operaciones que solo pueden efectuarse a través de entidades financieras”.
Los investigadores consideran que se dan todas las bases de una “empresa criminal”
“En este contexto, otro de los comportamientos de carácter financiero que les equipara es la no utilización de los depósitos bancarios así constituidos, o con los bajos sueldos y salarios cobrados en su caso, para afrontar el reto de gastos corrientes de todo hogar familiar, entre ellos los de alimentación, transporte, ocio, o restauración que, lógicamente, deben sufragar en metálico habida cuenta de los escasos reintegros llevados a cabo, llevando un estilo de vida que no se compadece con la capacidad económica que se les reconoce legalmente”, detalla en su informe el Instituto Armado.
“También guardan grandes similitudes en lo relativo a la realización de transacciones anómalas, con prácticas que difieren de las tenidas por ordinarias en el arrendamiento, la compra e importación de bienes que, pese a su situación económico–financiera, pagan en efectivo metálico utilizando no pocas veces a otros familiares (madre, suegra y/o hermanos) a modo de testaferros o persona interpuesta; siendo esta práctica utilizada de forma común en la detentación de vehículos que están a plena disposición de los investigados (siendo estos usuarios habituales, tomadores y pagadores de los seguros obligatorios y sujetos infractores, en su caso), al tiempo que también existen indicios de haberse producido en la compra, reforma, ampliación y rehabilitación de inmuebles”, explican los investigadores en el detallado informe incluido en el grueso de esta investigación que no ha conseguido cerrarse con la detención de todos los señalados como implicados y en especial con quien la Guardia Civil considera número 1 de lo que llega a denominar “empresa criminal” capaz de “legitimar, purificar y reciclar, capitales procedentes de la actividad delictiva, introduciendo cantidades importantes de dinero en el sistema económico y dándole rentabilidad a través de los circuitos financieros y mercantiles, ya sea convirtiendo el dinero delictivo oculto en activos patrimoniales, vehículos terrestres y marítimos, terrenos rústicos, solares, edificación de viviendas unifamiliares, adquisición de viviendas y nave industrial, etc; constituyendo sociedades mercantiles con fines exclusivos de blanqueo a las que titular los activos patrimoniales o adquiriendo las participaciones de otras para construir el andamiaje de la estructura de blanqueo o mediante el encubrimiento jurídico de cantidades de dinero espurio, a través del reconocimiento de deuda”, se concreta.
El considerado cabecilla no ha sido detenido catorce meses después
Las comprobaciones efectuadas por los agentes implicados deja en evidencia la presencia de personas que, a las órdenes de los investigados, “administran, participan o encubren los intereses económico-patrimoniales”.
Tras la operación llevada a cabo el 31 de mayo de 2019 se ejecutó meses después otra como segunda fase de las investigaciones, basada en el arresto de más personas y la incautación de bienes que se engarzan con un origen ilícito. En los informes presentados ante el juzgado se incluyen todas las relaciones económicas de los vinculados a los investigados recogiéndose titularidades de bienes, movimientos bancarios además de gran cantidad de información obtenida por otras vías como las redes sociales para justificar, entre otros asuntos, las relaciones entre ellos.