La
Mesa Rectora de la Asamblea de Ceuta que forman
Juan Vivas, Cristina Pérez y Lorena Miranda va a “tratar” las repetidas faltas de asistencia a las Sesiones Plenarias acumuladas por los cuatro diputados de
Vox, que ayer
tampoco se presentaron a la celebrada alrededor del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer.
Tampoco lo hicieron en la primera intentona de que Mohamed Mustafa recogiese su acta (su ausencia impidió el quorum al sumarse a las inasistencias de Kissy Chandiramani, confinada con la COVID-19, los socialistas Manuel Hernández y Eloy Verdugo y el localista Youssef Mebroud) e igualmente no se presentaron a la segunda, en la que sí pudo hacerlo.
Previamente, los ultraderechistas ya habían boicoteado otro Pleno en señal de protesta por la gestión parlamentaria del calendario laboral de 2022.
El Gobierno local justificó su primer escaqueo alegando que debía interpretarse como un gesto político de disconformidad, pero el reciente encadenamiento de faltas ha llevado a la Mesa, según las fuentes consultadas por este periódico, a tomar cartas en el asunto, presumiblemente para pedir un informe a la Secretaría General sobre si Redondo, Verdejo, Ruiz y Cifuentes están contraviniendo el Reglamento de la Cámara, que incluye la participación en los Plenos y Comisiones que sean convocadas como una de las obligaciones de todos los miembros de la Corporación.
Además, dicho debe está compensado económicamente salvo para los miembros del Ejecutivo y de la Mesa Rectora con una indemnización de 1.382,4 euros brutos al mes que en el caso de los portavoces de los Grupos de la oposición, como Verdejo, se incrementa en 520,2.
Sanciones
El Reglamento de la Asamblea establece que “la ausencia injustificada y reiterada” de un diputado a las sesiones del Pleno de la Asamblea y de las Comisiones de las que formen parte, y a la Junta de Portavoces en su caso”, producirá “la pérdida de la compensación económica a que tuviese derecho por asistencias a los órganos colegiados”.
También contempla sanciones de multa de hasta 90 euros y suspensión de funciones hasta dos meses por conductas como no ir “reiterada y voluntariamente” a los Plenos o las Comisiones.
Las sanciones solamente las puede imponer el Pleno en sesión secreta, oída la Junta de Portavoces y a propuesta de la Mesa, siempre “de forma motivada” y “previa audiencia del interesado”.