La consejera Kissi Chandiramani presentó una nueva batería de propuestas.
El Gobierno ha vuelto a poner encima de la mesa una batería de medidas para seguir luchando contra el fraude en las mercancías del ‘negocio del bulto’. Así lo anunció en la mañana de ayer la consejera de Hacienda, Economía, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, en el transcurso de la presentación de la reforma de la ordenanza del IPSI que tiene como principal objetivo reforzar la seguridad jurídica de los trabajadores del organismo autónomo Servicio Tributarios a la hora de la realización de las inspecciones.
En su discuso la misma consejera aludió a que son objetivo del Gobierno del presidente Vivas dos tipos de medidas que tienen un doble objetivo: luchar contra el fraude y apoyar a los empresarios que, ahora mismo, están viendo bajar el volumen de negocio de sus empresas como consecuencia de la crisis que hay en la frontera del Tarajal.
En el primero de los campos van a celebrar la semana que viene una reunión con la Agencia Tributaria y otras dependencias de la Administración central para contar también con el Estado en la lucha contra las infravaloraciones de las mercancías.
Se quiere que si una mercancía llega a Ceuta y no va destinada a un almacén que cuente con todos sus papeles en regla exista la posibilidad de devolverla a la Península. Un intento para frenar ese negocio del bulto que normalmente utiliza las naves patera para guardar sus mercancías o busca zonas situadas en la barriada del Príncipe para guardarlos antes de su salida hacia Marruecos.
Y las medidas de ayudas a los empresarios tienen dos caminos: la revisión tarifaria de los tipos del IPSI para que su rebaja repercuta de manera directa en los resultados de las empresas y ofrecer una moratoria de abono del IPSI que sea superior a los 90 días, debido a que muchos negocios de Ceuta tienen stock que ahora mismo no pueden sacar adelante.
No les sentó nada bien a los partidos de la oposición los anuncios realizados por Kissy Chandiramani. En el caso de Aróstegui, el mismo comentó que el Gobierno no puede ir solo en la solución de los problemas del Tarajal, mientras que Fatima Hamed sentenció que “la sorpresa que hemos tenido con este anuncio, lo que demuestra la incapacidad que tienen ustedes para luchar con las naves consignas, porque el fraude campa a sus anchas”. Les dijo que a lo largo de estos años no han tomado medidas en contra del fraude “porque tienen garantizados los ingresos del IPSI por la compensación que realiza el Gobierno de la Nación, donde todo lo que no se haya recaudado viene vía Madrid”. Les retó, incluso, a que pusieran ahora en marcha una medida que anunciaron hace algunos años, en el sentido de bajar los tipos de los denominados ‘productos gancho’ para fomentar las compras en nuestra ciudad con la venida de turistas.
Le pidió retirar la reforma de la ordenanza, pero la propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía no fue tenida en cuenta por el grupo mayoritario en la Asamblea, el Partido Popular.
La Fase II de los polígonos del Tarajal solicita a la Ciudad Autónoma que retire a Eulen del ‘Tarajal II’ para que la empresa que ha contratado por el Plan de Seguridad se haga cargo del paso de mercancías. Su presidente, Bilal Dadi, ha señalado que su polígono es el “único” que va a disponer de este servicio a instancias de la Delegación del Gobierno, que le reclama su implementación en base “a la ley” con el objetivo de “controlar a los porteadores” y “por la seguridad de todos”.
Dadi propone al presidente del Gobierno autonómico, Juan Vivas, la retirada de Eulen del ‘Tarajal II’ porque está costando “medio millón de euros” y, “por culpa de esos gastos que la empresa está ocasionando a la Ciudad”, el Ejecutivo local “quiso aplicar el ‘tasazo”. El presidente de la Fase II de los polígonos ha indicado que su empresa es “privada, a nivel nacional” y su Plan de Seguridad está “aprobado por una Comisión del Ministerio del Interior”. Con ella, Dadi propone a la Ciudad “hacerse cargo” de ese paso de mercancías.
“Con el fin de que, si a final de año, a la Fase II le hacen falta 50.000 o 100.000 euros para poder pagar la seguridad, que la Ciudad los aporte y así las arcas municipales se estarán ahorrando 500.000 euros”, ha argumentado Dadi. Para ello, este portavoz de los empresarios de su polígono necesita que el presidente Vivas “dé la orden y retire a la empresa que tiene contratada la Ciudad”, ha añadido, “sin ocasionar ningún gasto a la Ciudad”.
El Gobierno no gasta medio millón de euros anuales en la seguridad privada para el Tarajal II. Así lo han confirmado a esta redacción fuentes del propio Ejecutivo.
En concreto, lo que se licitó en su momento para dotar de seguridad privada por parte de Servicios Tributarios al Tarajal II fue un número determinado de horas, en concreto 12.000, para la prestación de esta necesidad y que se adjudicó por 200.000 euros a la empresa Eulen. Resulta que por distintas circunstancias como las fiestas musulmanas o el cierre de entrada a los polígonos del Tarajal decretado por los empresarios, la mencionada bolsa de horas está completamente llena y mientras permanece cerrado el paso de mercancía, la Ciudad Autónoma no gasta ni un euro en abonar horas a la empresa Eulen. Desde el mismo Ejecutivo del presidente Vivas siempre se ha manifestado que tienden una mano a los empresarios del Tarajal para intentar adoptar decisiones que les abeneficien en su labor diaria.
MDyC señaló en el pleno que en la modificación de la ordenanza se había exluido el artículo 91 uno b, puesto que aparece redactado todo el artículo pero no ese punto, un punto que en la ordenanza actual dice que en los casos de importación de vehículos de tracción mecánica, embarcaciones o aeronaves, con anterioridad a la matriculación de los mismos.
Esa norma permite separar la entrada del vehículo con el pago del IPSI importación, permitiendo que se pague cuando se vende, antes de matricularlo. Según el MDyC su desparición provocaría que cuando se importe el vehículo se pagará comforme al apartado a), es decir antes de la entrada del vehículo a Ceuta.
La consejera Chandiramani ha indicado a este periódico que el tema de esa solución para los importadores de vehículos figura en un régimen especial de depósitos y no concretamente en el artículo aludido por MDyC.
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