Mentiras y verdades

Ha llegado a mis manos un escrito, respecto a lo que se nos cuenta en algunos medios de información en referencia a la actual crisis económica. No tiene desperdicio. Creo que es algo bien fundamentado y estructurado. Por eso quiero compartirlo con todos ustedes.
La deuda pública es la causante de la crisis. Al contrario. La deuda pública, que tampoco es tanta si la comparamos con la de Alemania y Francia, es consecuencia de la crisis. Más concretamente, del dinero que el Estado ha destinado a taponar los agujeros producidos por la banca y también del que se ha tenido que dedicar a mitigar las situaciones originadas por el auge salvaje del paro, originado en buena parte por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Mientras que, por otra parte, ha habido una disminución drástica de los ingresos del Estado, debido a la quiebra en cadena de miles de empresas que no reciben los préstamos bancarios.
No hay más opción que recortar. No es así. Se pueden y deben incrementar los ingresos, especialmente si se persigue con eficacia el fraude fiscal; y también se puede, ahorrar en medicamentos dando prioridad a los genéricos, ahorrar en energía, revisar los conciertos con centros educativos de élite y las exenciones religiosas. Las políticas de recortes en los servicios públicos obedecen a una opción ideológica, que asfixian la economía de un país e incrementan el paro.
Sobran empleados públicos. La realidad demuestra lo contrario. En nuestro país, hay 6,5 de empleados públicos por cada 100 habitantes, mientras que en el resto de Europa hay 15.
Hay un exceso de gasto público. En absoluto. Este argumento es una burda generalización, que esconde el despilfarro en el que han incurrido algunas administraciones, más preocupadas por la ostentación que por ofrecer unos servicios de calidad. En 2010, el gasto público español equivalía al 45% del PIB, 5,3 puntos por debajo de la media de los 27 países de la Unión Europea. En lo que respecta al capítulo de personal, la mayoría de empleadas y empleados públicos son mileuristas, o ni siquiera llegan a esa cifra a final de mes.
La oferta privada puede sustituir a la pública. Quienes defienden esta afirmación esgrimen que el sector privado gestiona mejor que el público y resulta más barato. Nada más alejado de la realidad. La crisis ya está demostrando los perjuicios de las privatizaciones sobre los profesionales y los usuarios. La empresa privada nunca asume los servicios que no generan beneficios, porque anteponen estos últimos a la calidad de los mismos.
Hay otras salidas a la crisis. Por supuesto. Islandia es la evidencia. Hasta el mismo FMI discrepa del fundamentalismo en la austeridad impuesto por la canciller alemana Angela Merkel. Es necesario realizar un Pacto para el Empleo que permita el relanzamiento de la economía; contemple también una reforma fiscal y del sistema financiero; un pacto de rentas, y un acuerdo para regular los precios de alimentos básicos, transporte, vivienda, electricidad y gas. Y, por supuesto, la inversión en el sector público, justo la opción contraria a la que postulan los gobiernos neoliberales.
Se pueden incrementar los ingresos de forma justa y eficaz. Nuestra fiscalidad es de las más regresivas e ineficaces de Europa. Hay mucho margen de maniobra para realizar una reforma fiscal más justa, que asegure los ingresos necesarios para sostener los gastos que demanda una salida de la crisis que consolide el Estado de bienestar. Las políticas e inversiones públicas son necesarias para salir de la crisis; invertir en servicios públicos es invertir en las personas.
Los servicios públicos dinamizan la economía. Prueba de ello es que en aquellos países con un Estado de bienestar más desarrollado el porcentaje de personas que trabajan para el sector público aumenta. Tal es el caso de Dinamarca, con un 26%; el 22% de Suecia, o el 19% de Finlandia. Por el contrario, abusar de los recortes en los servicios públicos anula una fuente de crecimiento económico, prosperidad, empleo, equilibrio y cohesión social.
Es necesario fortalecer los servicios públicos para disminuir la desigualdad. Unos servicios públicos fuertes son la única garantía de unos niveles mínimos de equidad social. Sólo ellos pueden asegurar para todos los ciudadanos, no sólo para una minoría, una enseñanza de calidad, el cuidado de nuestra salud, el mantenimiento de condiciones medioambientales, la seguridad ciudadana, la movilidad, la información, la justicia, la cultura y unos sistemas de protección social que atiendan a los más desfavorecidos y satisfagan sus necesidades básicas.
No debemos dejar a nuestros hijos una sociedad peor que la que recibimos. La trayectoria lineal del progreso social está en serio peligro de quebrarse en la generación de nuestros hijos o descendientes, al negárseles un trabajo estable, unos ingresos básicos para tener una vida digna y un futuro de prosperidad. Esta ruptura intergeneracional constituye un vergonzoso retroceso histórico que no debemos consentir.
Yo creo que la cosa está muy clara. Que cada uno valore lo que considera que es verdad y lo que piensa que es mentira, para actuar en consecuencia.