Mentiras bonificadas

La mentira se ha convertido en un vicio con síntomas de adicción para el Gobierno de la Ciudad y sus alrededores. No existe ni una sola situación comprometida que no quede resuelta mediante un engaño a la opinión pública. En fatídica correspondencia, la ciudadanía se ha ido transformando en una especie de cuerpo intelectualmente inerte capaz de digerir impertérrita cualquier mensaje por absurdo que sea. Se está consolidando un maridaje impecable: unos mienten obscenamente y otros asienten sumisamente. De este modo han despachado, con una insultante explicación, el debate suscitado sobre la ampliación del sistema de bonificaciones de las cuotas empresariales a la seguridad social, del que vienen disfrutando Ceuta y Melilla.
El PSOE, con su voto, ha impedido que prosperara una iniciativa legislativa presentada en el Congreso por el Gobierno de Melilla, que pretendía extender la bonificación a todos los sectores productivos (en la actualidad afecta exclusivamente a cuatro) y elevarla hasta el cincuenta por ciento desde el cuarenta vigente. No es extraño un voto del PSOE contra los intereses de Ceuta. Lo llamativo es que esta propuesta es idéntica a una presentada posteriormente por la Asamblea de Ceuta que contó en su día con el voto a favor del PSOE. La flagrante contradicción desvela la espuria motivación electoral que los indujo a apoyar aquí lo que rechazan allí.
Sin embargo, el Presidente Vivas ha acudido presto y solícito a socorrer al PSOE en apuros (no es generosidad sino interés: a él le conviene mucho tener como teórica oposición a un partido completamente inofensivo). Y nos ha brindado uno de esos prodigiosos razonamientos que sólo están a su alcance: “El PSOE ha votado que no a le propuesta de Melilla; pero votará a favor de la de Ceuta (que es exactamente igual), y como lo que se aprueba para Ceuta vale para Melilla, asunto solucionado”.  El PSOE ha saludado con entusiasmo el esperpéntico salvavidas. Se ratifica la mentira como principio vertebrador de la verdad oficial de Ceuta.
Lo único cierto es que ni PSOE ni PP han mostrado la voluntad necesaria para perfeccionar esta medida y lograr el objetivo fundamental: incorporarla como un elemento más del Régimen Económico y Fiscal especial de Ceuta y Melilla. Porque este es el debate de fondo que se está hurtando a la ciudadanía. De manera intencionada se focaliza la discusión en el diagnóstico individualizado y coyuntural de cada uno de los sectores, y en la repercusión sobre el empleo (imposible de determinar); sin atender a las razones de naturaleza estructural que dieron origen a la implantación del sistema de bonificaciones. Por ello quizá sea conveniente recordar su génesis.
A principios de la década (paradójicamente) existía un fluido diálogo social con la Delegación de Gobierno (PP). Dos reivindicaciones, una empresarial y otra sindical, se planteaban como prioritarias. Los empresarios venían reclamando desde hacía muchos años que se les aplicara una bonificación en las cuotas a la seguridad social para compensar el exceso de costes que soportaban como consecuencia de la insularidad. Por su parte los sindicatos pretendían elevar el Plus de Residencia del sector privado del veinticinco al treinta y tres por ciento. No parecía razonable que el Plus de Residencia de los empleados públicos se revisara continuamente y el del sector privado quedara congelado y, además, jurídicamente cuestionado. Se estaba abriendo una brecha enorme entre los salarios públicos y privados que contamina el mercado de trabajo. Los ceutíes no ven en la empresa privada un puesto de trabajo definitivo sino una especie de sala de espera en tanto que consiguen (como sea) engancharse al Ayuntamiento. La competitividad de las empresas se resiente peligrosamente. Así lo entendió el Delegado del Gobierno que se afanó en atender esta demanda sindical, aunque encontró un obstáculo jurídico insalvable (así al menos se hizo constar en un discutible informe elaborado al efecto): el Gobierno no podía interferir en la fijación de salarios al ser una materia reservada por ley a la negociación colectiva.
Así las cosas, se buscó una solución muy imaginativa que resolvía el jeroglífico legal, y lograba satisfacer de manera equilibrada los intereses de empresarios y sindicatos. Se firmó un pacto por el que el Gobierno bonificaba las cuotas a la seguridad social en un cincuenta por ciento, y los empresarios se comprometían a transferir aproximadamente la mitad de la cantidad bonificada a los salarios de los trabajadores a través de un plus del ocho por ciento del salario base (lo que sumado al veinticinco del plus de residencia daba el treinta y tres perseguido). El acuerdo, de gran valor para la economía de Ceuta, no resultó nada sencillo de implementar. Más bien al contrario. En primer lugar porque todo lo relacionado con la caja de la seguridad social está blindado por acuerdo entre partido políticos y sindicatos. La única posibilidad era que la bonificación fuera sufragada por el Ministerio de Hacienda, quedando supeditada a sus presupuestos. Por este motivo (no había mas fondos en el presupuesto en vigor) hubo que reducirlo a cuatro sectores, y rebajarlo al cuarenta por ciento cuando se decidió extenderlo a los autónomos. Por otro lado, también estaban taxativamente “prohibidas” las bonificaciones “territoriales”, quedando reservadas para actividades en situaciones de crisis muy justificadas. Por último, las directivas europeas impedían que este tipo de medidas tuvieran carácter definitivo, debiendo ser obligatoriamente temporales y revisables. Para vencer todas estas dificultades y sortear todos los filtros administrativos y jurídicos (en una impagable gestión del Delegado del Gobierno nunca reconocida), hubo que aceptar un texto legal cargado de eufemismos: las bonificaciones afectarían a los sectores en crisis, con la intención de generar empleo y sólo por dos años revisables si así lo estimaba una comisión ministerial que comprobase la idoneidad de la medida para el fin pretendido. Pero en realidad se trataba de una medida de carácter estructural cuya finalidad es reducir costes empresariales y elevar salarios. Por ello, mantener discriminados a unos trabajadores respecto a otros, y a unas empresas respecto a otras, es absolutamente injusto.
Mucho han cambiado las cosas. Desde entonces nada se ha avanzado. Los gobiernos del PSOE se han limitado, por el llamado efecto de inercia presupuestaria (quien hace un presupuesto siente vértigo a borrar partidas), a prorrogar el acuerdo original; y el PP sigue los acontecimientos como si fuera un espectador más, haciendo gala de una inequívoca complicidad que no hace más que confirmar su coincidencia con el PSOE en el tratamiento a futuro de este asunto.
El objetivo de nuestra Ciudad debería ser que la bonificación del cincuenta por ciento de las cuotas a la seguridad social y el treinta y tres por ciento del plus de residencia del salario base en el sector privado, fueran medidas de carácter estructural contempladas en el Estatuto de Autonomía. Pero para eso es necesaria una capacidad de lucha que este pueblo ha perdido. Ya nos conformamos con oír y aceptar las mentiras del PSOE y del PP como inocentes borreguitos.