Dos de los 55
menores marroquíes no acompañados que
fueron devueltos a su país en agosto del año pasado al margen de lo establecido en la Ley de Extranjería han asegurado ante la titular del J
uzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que ni querían irse ni fueron informados de sus derechos antes de la ejecución de su expulsión.
Por la misma están siendo investigadas por un presunto delito de prevaricación continuada la exdelegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta Primera del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu.
La jueza ha tomado declaración a dos de los al menos seis niños del Reino alauita que durante el último año han conseguido regresar a la ciudad autónoma por sus propios medios, alguno con los 18 años ya cumplidos. El tercero de los llamados a testificar este jueves no lo ha hecho al encontrarse en la península, según las fuentes jurídicas consultadas por El Faro.
Los dos menores que sí han declarado en sede judicial, cuyo testimonio ha sido grabado como prueba preconstituida para evitar tener que convocarles de nuevo en caso de que las diligencias desemboquen en la apertura de juicio oral, aseguraron que “no se fueron de forma voluntaria” y que “nadie les informó de sus derechos” antes de su repatriación forzosa, versión que contradice radicalmente la aportada hasta ahora por las dos imputadas.
Deu, consejera competente en materia de Menores hasta julio, dijo que “imagina” que los menores autorizarían su retorno y que incluso hubo “despedidas con aplausos” en el Polideportivo Santa Amelia, de donde fueron sacados los 55 menores que fueron deportados hasta que la Justicia suspendió cautelarmente la aplicación del procedimiento denunciado por la Fiscalía.
Mateos también aseveró que “entiende” que “se comunicó a los niños que iban a ser devueltos” y que le consta que “dijeron que querían volver con sus padres y estaban contentos por volver”. “La vicepresidenta me dijo que estaban muy contentos y no me consta que no quisieran volver”, afirmó en diciembre, cuando fue citada por el Ministerio Público.
Los dos menores que han testificado no han concretado todavía si desean ejercer o no la acusación particular en el procedimiento abierto, para lo que podrían designar representantes legales o solicitar que se les asigne uno de oficio.
La instructora de la causa penal ha desestimado esta semana la práctica totalidad de las pruebas documentales y testificales propuestas por la Fiscalía, las investigadas y una de las acusaciones populares, entre ellas la citación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; o el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.
Todos los tribunales que se han pronunciado hasta ahora por la vía de lo Contencioso-Administrativo sobre la expulsión de los niños apelando a un Acuerdo entre España y
Marruecos de 2007 y obviando la Ley de Extranjería (a pesar de que el pacto exige “observancia estricta de la legislación española”)
han sancionado la actuación de las dos administraciones, que “conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los
menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes”.
“Los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó”, ha concluido el TSJA, que en un fallo ya recurrido ante el Supremo remarcó el carácter “súbito y masivo e ilegal” de la avalancha migratoria de mayo de 2021 “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”.