El área de Menores de la Ciudad ha detectado casos de MENAs (menores extranjeros no acompañados) en los que su desamparo se mueve en la fina línea que separa lo real de lo inventando. Se tiene sospechas de que algunos de estos niños marroquíes conocen de la existencia de familiares en Ceuta o mantienen, durante el periodo de acogida en ‘La Esperanza’, contactos con sus padres, ya que estos entran en la ciudad para realizar trabajos, en algunos casos de porteadores. Se trataría de falsos desamparos que la Ciudad no ha llevado ante la Fiscalía de Menores por una sencilla razón: la falta de pruebas. “No las tenemos, sí existen sospechas pero no disponemos de los datos suficientes como para denunciarlo”, aclara la responsable política del área Susana Román.
En estos momentos la Ciudad tiene tutelados a más de 120 menores a los que acoge en el centro ‘La Esperanza’ del Hacho. Una tutela obligada por ley al entenderse que se trata de menores abandonados, que carecen de padre y madre que se responsabilicen de ellos. Así consta en sus expedientes, a pesar de que se teme que dichos niños sí se reúnen con sus familias e incluso, en algunos casos, sus padres se acercan hasta las inmediaciones del centro de acogida para estar con ellos. ¿En qué se traduce esta situación? En la existencia de padres que podrían responsabilizarse de la crianza de sus pupilos pero optan por mantenerlos en un centro a cargo del Gobierno. El desamparo como tal no existe, pero tampoco cabe manera de demostrarlo.
Fiscalía no ha recibido denuncia alguna al respecto, por lo que se encuentra atada de pies y manos a la hora de comenzar una labor que echaría por tierra el concepto oficial que se tiene sobre esta problemática. Quien sí ha dado el paso es la Junta de Andalucía, cuyos centros arrastran una masificación cada vez mayor.
Allí ha sido la Consejería andaluza para la Igualdad y el Bienestar Social, a través de su titular, Micaela Navarro, la que ha sentado un precedente importante. “Llevamos tiempo diciendo que no solo llegan niños de la calle”, ha advertido a los periodistas, en declaraciones recogidas por las agencias de información. La Junta ya ha dado ese paso de denunciar y los juzgados de Sevilla ya han instruido casos de supuestos abandonos de menores. Otra cosa es que terminen con una resolución determinada, ya que judicialmente también se topan con cuantiosas trabas a la hora de localizar a los parientes de estos menores. “Tenemos que acogerles porque están aquí y están solos, pero no estamos dispuestos a que esto se convierta en un internado al que mando a mis hijos para que estudien y estén muy bien atendidos”, señala Navarro. La Junta ha presentado ya siete denuncias y cuenta, en estos argumentos, con el apoyo del Defensor del Pueblo. “Los centros de acogida son para menores que están solos y abandonados, que no tienen familia ni medios para subsistir, por lo que estos casos son un abuso con el que hay que acabar”, dice Chamizo.
“Tenemos el centro a tope”
El centro ‘La Esperanza’ acoge a fecha de hoy a poco más de 120 menores. Una cifra que provoca que se encuentre “hasta los topes”, como reconoce Román, y hace que el centro esté expuesto a no poder acoger más entradas de producirse, por ejemplo, el rescate de una embarcación cargada de adolescentes como recientemente sucedió. Hace unos días, con la entrada de 12 MENAs nuevos, se tuvo que ocupar un aula de formación para acoger a los menores. Una situación que puede volver a repetirse y para lo que se teme no haya medios.