La
violencia de género no afecta solo a las
mujeres que la sufren, también a sus hijos, y en especial cuando son menores de edad. La nueva ley contra este fenómeno y las repercusiones que tendrá para los niños fue el tema que abordó María Antonia Palomo Fernández, jefa del Área de Menores de la Ciudad, ayer en la tercera de las charlas del ciclo sobre concienciación y sensibilización sobre violencia en el ámbito familiar y social. Las ponencias, que se celebran en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Granada en Ceuta, están dirigidas al alumnado de Enfermería.
Que este sea el colectivo asistente, afirmó Palomo a este medio, es “muy importante”: “El factor sanitario es fundamental en la detección y en la notificación de la violencia contra la infancia”. Estos estudiantes, añadió, serán “protagonistas futuros de lo que van a tener que atender cuando estén trabajando”.
La violencia contra el menor, definió Palomo durante su conferencia, es “el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes, denigrantes, el trato negligente, las amenazas, las injurias, las calumnias, la explotación laboral, los abusos y agresiones sexuales, al acoso, la mutilación genital, el matrimonio infantil, la pornografía no consentida y la difusión pública de datos privados”. Existe un protocolo de coordinación “de todas las instituciones”, incluido el sistema sanitario, explicó María Antonia Palomo, para actuar en el caso de que se produzca una de estas situaciones. “Detectar, notificar, investigar, intervenir, evaluar y reparar son las seis líneas más importantes a la hora de intervenir con un niño”, enumeró. Esto es así, añadió, porque el menor víctima de la violencia de género tiene un maltrato “equivalente” al que sufre su madre. Esta nueva ley, anunció, “exige que dentro del interés superior del menor se procure que permanezca con su persona de referencia y no se separe de su madre”.
Otro de los aspectos más importantes del anteproyecto es el surgimiento de una nueva obligación para todos los ciudadanos: “Cualquier persona que tenga conocimiento de una violencia contra la infancia tiene la obligación de denunciar”. El anonimato, eso sí, estará garantizado para los que colaboren.
Además, con esta norma jurídica que se está debatiendo en el Congreso, comprende la promoción la formación entre todos aquellos profesionales que en un momento dado tengan que tratar con niños víctimas de la violencia. También se “refuerza” la tutela administrativa y se garantiza la justicia gratuita, que antes corría a cargo de la familia. El propio menor, expuso Palomo, es ahora el que goza de este derecho hasta el final de un proceso judicial y además puede ejercer la acusación particular.
Esta nueva ley contempla ampliar los recursos para que los niños denuncien, por ejemplo, a través de la línea gratuita existente (11611). Según informó María Antonia Palomo, “en Ceuta, el año pasado fueron 245 niños los que llamaron para denunciar situaciones de malos tratos, y acoso en los colegios y a través de internet”. Por último, se pretende potenciar los planes de prevención y protección de los menores.