Memoria no olvidada

Desde que se realizó en el 2006 el arreglo de la fosa común en el cementerio de Santa Catalina y se pusieron los nombres de los que allí reposan, tras ser fusilados, el Alcalde Juan Vivas tomó la acertada decisión de que cada año en el día de los difuntos se rinda homenaje a estos hombres que dieron sus vidas por una causa tan noble como la libertad y la democracia durante la Segunda República.

Es de agradecer, y yo soy el primero en criticar los incumplimientos de la ley de Memoria Histórica en nuestra ciudad, pero este gesto por parte de la Ciudad, logra normalizar una situación que duró más de 50 años de abandono y desidia.

Creo, tal vez me equivoque, que Ceuta es el único lugar de España donde se rinde este homenaje por parte de los poderes políticos, Alcalde y delegado del Gobierno y militar con la presencia del Comandante General.

Recordemos que en esa fosa común, se tienen contabilizadas a 169 personas asesinadas por oponerse al golpe militar del 36, el total de la represión alcanzó a 268, el resto están enterrados en sus respectivos nichos. Las ejecuciones estuvieron presentes en Ceuta hasta agosto de 1944.

Comenzando. Las dos primeras víctimas acaecieron en la madrugada del 21 de julio de 1936 y corresponden a José Gallardo, dueño de una casa de comidas llamada “Las Cuatro Columnas”, situada en la calle Jáudenes, y el zapatero Alfonso Guerrero. Sus detenciones se producen cuando se encontraban sentados en la puerta de su establecimiento y se presentó una patrulla de la Legión, registrando todo el interior, encontrando tan sólo un recorte de un periódico y el dibujo de un monte.

Les preguntaron si habían realizado señales luminosas a los barcos la noche anterior (recordemos que bombardeó la ciudad un destructor republicano), contestándoles que solo tenían luz de mariposa, pero, pese a no tener ningún cargo contra ellos, son detenidos. Tras tomarles declaración en las dependencias de la Comandancia General, y aunque se recibe un informe de la policía donde se indica que no tienen antecedentes políticos, son trasladados a la fortaleza del monte Hacho.

Custodiados por los mismos que los detuvieron, partiendo hacia el centro penitenciario, no llegando a su destino, ya que fallecen por disparos de la patrulla, comienza la trágica Ley de Fuga. En el parte oficial se puede leer: "En el momento que eran conducidos hacia la prisión y a unos quinientos metros de la entrada intentaron evadirse, por lo que la patrulla se vio obligada a cumplimentar las órdenes recibidas, teniendo que hacer fuego.

Con estas dos primeras víctimas comienza la represión en Ceuta. En todas se sigue una siniestra rutina, ya que, tras llevarse a efecto la ejecución, sus cuerpos son amontonados en el suelo del depósito de cadáveres de Santa Catalina. Por la mañana, el responsable del cementerio comprueba que varios cadáveres están en el citado aposento y a continuación se lo comunica al Juzgado militar, quien, a su vez, envía a un médico para que levante acta con el número de cadáveres, la causa del fallecimiento y averiguar sus nombres para su inscripción en el registro civil.

Cada ejecución conllevaba una certificación del acta de defunción, registrándose sus nombres en los libros del cementerio y en el registro civil con carácter individual. Una vez que se levantaba el acta de defunción, si los familiares no habían llegado, los cuerpos eran enterrados en la fosa común. En muchas ocasiones, al ser Ceuta una ciudad pequeña en la que todo el mundo más o menos se conocía, los trabajadores del cementerio avisaban a los familiares.

Ley de Fuga El mes de julio de 1936 fue el que se cobró más víctimas con esta ley

El mes de julio de 1936, con la Ley de Fuga, fue el que se cobró un número mayor de víctimas. Comenzando con los militantes del PSOE Eduardo Morales Gallardo, de dieciséis años, que, pese a su juventud, era delegado de la UGT en su barriada, y José Hernández López, de treinta. Durante las últimas elecciones de febrero de 1936 se destacaron por su lucha a favor del Frente Popular, preparando los mítines del candidato socialista Manuel Martínez Pedroso. Fueron detenidos el 30 de julio cuando se encontraban en la plaza central de su barriada. Sobre las 19,00 horas se presentó un coche con cuatro falangistas pistolas al cinto, bajaron y se dirigieron hacia ellos. Cuando los van a detener logran huir, comenzando a dispararles, pero sin alcanzarlos. Establecieron un servicio de vigilancia y sobre las 20,30 horas, cuando volvían confiados a sus casas, fueron detenidos. Como les ocurrieron a las cuatro anteriores víctimas éstos también fallecen en extrañas circunstancias, ya que el camión donde son transportados a la prisión de García Aldave, se detiene a la altura de Viña Acevedo, los bajan y se dirigen andando hacia la prisión. En el escrito donde se intenta justificar la causa de la muerte se puede leer: “Intentaron escapar aprovechando la oscuridad de la noche e iniciaron la huida hacia un barranco existente en el margen izquierdo de dicha carretera, les tuvimos que disparar, falleciendo los dos, con sendos disparos en la cabeza”.

169 víctimas en la fosa común

En Ceuta, al contrario que en otras poblaciones peninsulares, no existieron enterramientos de fusilados en descampados. La fosa común que se utilizó era la localizada dentro del cementerio de Santa Catalina. Entre 1936 a 1944 la represión alcanzó a 268 víctimas entre republicanos, socialistas, comunistas, cenetistas y militares, siendo 169 los sepultados en la fosa.

En ella eran enterrados tanto los fusilados por un piquete tras un consejo de guerra como los ejecutados en las sacas, aunque en mayor cantidad se nutrió de ceutíes sacados de sus celdas durante las madrugadas.

Como dato notable que tampoco se dieron en otras ciudades, en Ceuta y en el Protectorado se registraban todos los nombres. ¿En las sacas tal vez sus ejecutores dejaban la lista con los nombres de las víctimas, en el depósito de cadáveres? Tras el paso de los primeros años de represión sus familiares construyeron unas pequeñas lápidas con sus nombres y algunos fueron sacando los restos de sus seres queridos y enterrándolos en un nicho gracias a que el conserje del cementerio, al registrarlos, indicaba claramente su posición: “Fosa tierra del 3º patio, 4ª tanda, frente al nicho nº 181, centro adulto, distancia 3,50 metros y a continuación los demás”.

Entre los militares de alta graduación y prestigio está el capitán e interventor de la zona de Arcila, Cristobal de Lora Castañeda, tendríamos que destacar su alto compromiso con la democracia y la libertad. En la fosa común de Ceuta se reprodujo unas palabras de su hijo Diego en homenaje a todos los que sufrieron la represión y están allí enterrados.

El mes de agosto de 1936 fue el más trágico de todos los años de represión, con 73 víctimas, de las cuales 69 fueron enterradas en la fosa, más del 91% fueron ejecutados sin juicio. En 1937 fueron 96, siendo 54 sepultados en la fosa, en  1938 se alcanzó los 42, de los cuales 25 se enterraron en la fosa, y en 1944 la cifra desciende hasta tres.

Las sacas comenzaron el 15 de agosto de 1936 con ejecuciones masivas sin juicio y que no terminarían hasta enero de 1937. Estas sacas estaban realizadas por patrullas de falangistas de Ceuta y tal vez el detonante del inicio de esta atroz represión fue la publicación de la orden general de la Comandancia Militar de Ceuta creando la Guardia Cívica.

En el diario falangista Día se indica: “...Podrán pertenecer a ella cuantos ciudadanos de orden quieran inscribirse y con esto, comenzar a deducir de una manera clara y terminante quienes están con nosotros, con los verdaderos españoles, y quienes en contra... No hay más que dos caminos, o con nosotros, o contra nosotros”.

En uno de sus artículos se expone el significado de este nuevo estamento: “A fin de cooperar con el Ejército y demás elementos armados al servicio y a la creación de la nueva España, se organizara en esta Ciudad una agrupación de todos aquellos hombres de honor que sienten la necesidad de contribuir activamente con su prestación personal al movimiento salvador de la patria. Esta agrupación que se denominará “Guardia Cívica, Nacional de Ceuta” estará constituida por todos los españoles de cualquier clase social, comprendidos de los 30 a los 50 años y que estén en condiciones de tomar las armas”.

Hubo un gran número de militares, intentaron oponerse al golpe y en ocasiones ansiaban boicotearlo con la difusión de octavillas entre sus compañeros, como fue lo realizado por un grupo de cabos y soldados de Automovilismo de Ceuta, quienes se reunieron durante varias noches en las cocheras del destacamento y redactaron unas hojas contra sus jefes  sublevados, distribuyéndolas en diversos cuarteles de la ciudad.

A primeros de agosto de 1936 fueron sorprendidos y detenidos todos los que estaban implicados, en total eran veintitrés. Transcurrido casi un mes desde sus detenciones, el 19 de agosto de 1936, son conducidos en varias camionetas al Parque de Artillería, también llamado de las Bóvedas, en la plaza de África, donde se llevó a cabo el consejo de guerra.

Pena de muerte

El proceso se desarrolló con las declaraciones de los inculpados, quienes declararon que no estaban conformes con la sublevación y que ellos habían jurado fidelidad a una bandera y a una Constitución. A las pocas horas, el tribunal falla que condena a la pena de muerte a los cabos Julián del Barrio San José y Secundino Valdés de la Puente y a los soldados Bautista Pascual, José Cortés Persiva y el joven ceutí Manuel Sevilla García, vecino de la barriada del Sardinero. En la mañana del 24 de agosto de 1936 fueron trasladados a los llanos del Tarajal, donde se llevaron a cabo las ejecuciones.

Desde que se descubrió el complot para atentar contra la vida de Franco en Ceuta, los soldados y cabos de este destacamento son víctimas de un celo especial por parte de sus jefes. El soldado Bernabé Sánchez Jiménez, al mostrarse ante sus superiores públicamente contrario a las ideas de los sublevados, fue fusilado el 26 de septiembre de 1936. A los cuatro días vuelve a ser los llanos del Tarajal testigo de un nuevo fusilamiento en la persona del sargento de Artillería Miguel Hernández Morales y el 29 de octubre los soldados Marcelino López Escribano, también de Artillería, y Paciano Villar Pascuas. Y los dos últimos militares ejecutados en Ceuta durante 1936 fueron los soldados Lidio Beamonte y el ceutí Antonio Bernabé Calvo; éste era maestro nacional destinado en Málaga y el 17 de julio se encontraba en la ciudad de vacaciones.

El delegado del Gobierno, sepultado en la fosa común

Entre las 169 víctimas del golpe militar del 36, que fueron arrogadas a la fosa común de Ceuta tenemos al que fuera delegado del Gobierno en Ceuta en 1933, José Luis Bermúdez-Reyna de Madariaga era un reputado capitán aviador.

En la tarde del 17 de julio, defendió junto a otros militares leales al Gobierno el aeródromo de Tetuán, haciéndose fuerte e intercambiando fuego, pero nada pudieron hacer y a las pocas horas fueron detenidos por los militares sublevados. El 15 de agosto de 1936 fue sacado de la fortaleza del monte Hacho y ejecutado.

Los dirigentes sindicalistas y políticos que se encontraban detenidos tanto en la fortaleza del monte Hacho como en la prisión de García Aldave temían por sus vidas porque, aunque se hubieran realizado ya sus juicios, cualquier noche podían aparecer, listas en manos, las patrullas de falangistas y en cualquier descampado llevar a cabo las ejecuciones.

Había otra forma de represión, la psicológica, con el chirriar de las cancelas, el descorrer de los cerrojos de las celdas o los pasos de los ejecutores en plena madrugada, que hacían presagiar a los presos la inminencia de una saca y la posibilidad de que fueran ellos los elegidos. Muchos condenados con penas cortas eran obligados a ir al frente, en su mayoría a la Legión.

El estamento militar también sufrió una gran represión, con 87 víctimas,  recayendo el mayor porcentaje entre la tropa. Éstos, al no estar conformes con sus jefes sublevados, intentaron en un gran numero oponerse y en algunos casos desertar y llegar al Marruecos francés o a la ciudad internacional de Tánger.

Muchos militares estaban al margen de los planes del golpe y siguieron fieles al Gobierno no sólo por sentirse republicanos, socialistas o comunista, sino por no sublevarse contra un poder legalmente constituido y por haber jurado fidelidad a una bandera y a una Constitución. Fueron separados de sus puestos de mando, muchos destituidos de su vida militar y los que corrieron peor suerte fusilados. Gran parte de la represión sobre el estamento militar se debió a las manifestaciones que realizaban en el cuartel contra sus jefes golpistas o por haber tenido alguna relación con las autoridades republicanas.