La Fiscalía General del Estado ha presentado los datos de la Memoria correspondiente al año 2018, que incluye los de Ceuta, en la Apertura del Año Judicial que se ha celebrado este lunes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
La Memoria recoge la actividad la actividad del Ministerio Fiscal en la ciudad autónoma durante el año inmediatamente anterior al de su publicación, cuyo grueso pivota sobre tres ejes principales: inmigración, terrorismo y servicios públicos.
La Fiscal General ha abogado por la tipificación penal de toda forma de proxenetismo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, e intensificar los instrumentos de protección de testigos.
En el caso de la trata africana hay que señalar que hasta el año 2017 las Diligencias de Seguimiento del Delito de Trata de Seres Humanos (DSTSH) específicas que se habían registrado eran exclusivamente sobre nigerianas (135) y marroquíes (7). Lamentablemente, a partir de ese año se han incoado otras, una de ellas referida a trata familia de Guinea Conakry (2017) y cuya víctima pasó por Ceuta.
Ella, huérfana y de la que dependían dos hermanos pequeños, fue convencida por un familiar muy cercano para que se trasladara a Casablanca, donde fue objeto de una violación múltiple y extremadamente violenta y coaccionada para prostituirse. Consiguió escapar de sus proxenetas y trasladarse a Ceuta y, desde allí a la Península donde recibe constantes amenazas telefónicas y presiones para que se traslade al norte de Europa para que ejerciendo la prostitución pague ‘la deuda’ contraída.
La materia de extranjería tiene una indudable relevancia en la estructura especializada del Ministerio Fiscal. En lo relativo a la inmigración irregular, durante el año 2018 se han incoado a nivel estatal 584 procedimientos judiciales por el delito del artículo 318 del Código Penal (delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros) habiéndose presentado 197 escritos de acusación, finalizando con 169 sentencias. La casuística en este ámbito es muy diversa, pero su actuación se centra en la detección de organizaciones o grupos criminales que, en Ceuta y Melilla, tienen uno de sus ámbitos de actuación. No son otras que aquellas dirigidas a facilitar el salto de las vallas fronterizas de las ciudades autónomas.
La Fiscalía advierte en su Memoria 2018 del "incremento espectacular" en la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) en patera, un 199,61 por ciento respecto a 2017, y del desbordamiento de las capacidades de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su adecuada atención.
En concreto, durante 2018 han sido localizados 7.026 menas llegados a España por vía marítima, frente a los 2.345 de 2017. Sin embargo, al igual que ha ocurrido otros años, no se dispone de datos cuantitativos sobre los menores que se han introducido en España a través de Ceuta y Melilla, superando la frontera ocultos en vehículo de motor o que entraron por vía aérea. En cualquier caso, aunque no figure en la Memoria, los menores acceden a Ceuta por vía terrestre.
Por autonomías, Ceuta es la quinta región con mayor número de MENA tutelados, 553, y solo tiene por delante a la comunidad andaluza (6.294 menores); 1842 se encuentran en Cataluña; 1.322 en Melilla; 990 en el País Vasco y 730 en la Comunidad Valenciana.
La incoación de diligencias preprocesales de determinación de edad ha alcanzado la cifra de 12.152 diligencias lo que representa un aumento de más del doble respecto de las incoadas en 2017 supo¬niendo casi seis veces más respecto de los expedientes tramitados en 2016. Cádiz (Algeciras, Cádiz capital y Jerez) concentra el mayor número de diligencias realizadas en España (4.113) seguida por Barcelona (1.853), Almería (1.192) y Granada (1.115). A distancia se encuentra Melilla (629); Málaga (514); Murcia (482) y Ceuta (450).
Han prevalecido los resultados de mayoría de edad en Málaga (69,45 %) y Granada (66.84%). Por el contrario, en Girona (94,1%); Murcia (90,66 %); Barcelona (83,16 %); Madrid (73,3%); Ceuta (71,23 %) y en Las Palmas (62,15%) se ha impuesto el resultado de minoría de edad.
La labor de la Fiscalía se centra en aquellos asuntos que tengan una notable repercusión para los intereses generales o en los que sea necesaria nuestra participación para la defensa de colectivos que presenten circunstancias de especial vulnerabilidad. La aplicación práctica de esos criterios ha tenido varias muestras durante el pasado año, como las acciones ejercitadas en relación al abastecimiento de agua potable en Ceuta).
La Fiscalía de Área de la Ciudad Autónoma de Ceuta informó de la presentación de una demanda contra la empresa Aguas de Ceuta Sociedad Municipal S.A. (Acemsa), encargada del suministro de agua potable en Ceuta, por haber decidido, de forma unilateral dejar de enviar la factura en papel a los abonados. Finalmente, la empresa demanda se allanó.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional destaca la "relevancia estratégica" que supone España para el Daesh "como elemento a recuperar o atacar", especialmente tras los atentados del 17A en Cataluña, que han aumentado la visibilidad del país en su propaganda oficial.
Como procedimiento relevante de 2018, la Fiscalía General del Estado recuerda el juicio por la Operación Ghanima II, desarrollada en Ceuta y en la que se detuvo a cuatro personas –tres hombres y una mujer– dedicados a la captación y adoctrinamiento de jóvenes para su incorporación al Daesh. Celebrado el juicio oral contra la célula dedicada al adoctrinamiento en la ciudad autónoma, fue dictada sentencia condenatoria para dos de los acusados.
En cuanto a los procedimientos por fiscalías provinciales de tráfico de drogas, estos han disminuido un 7,57 por ciento en Cádiz-Ceuta, al pasar de 1.242 en 2017 a 1.1148 en 2018. En 2014, inicio de la serie histórica que contiene la Memoria, esos procedimientos ascendieron a 2.324.
El documento recoge la evolución de la población reclusa, en concreto, la estadística que se ofrece parte de los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a 31 de diciembre de 2018. Por comunidad autónomas, el Centro Penitenciario de Mendizábal tenía a esa fecha 335 internos, 316 hombres y 19 mujeres.
Por otra parte, la Memoria expone los procedimientos de fiscalización en los que ha intervenido el fiscal, aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas (TCu) durante el año 2018, uno de ellos el Anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2016.
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