Más de 12 millones de euros es la diferencia existente en los gastos justificados por parte de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la carta enviada por las consejeras de Hacienda a la titular del departamento ministerial, María Jesús Montero. Mientras que en el caso de Ceuta lo que se establece supera los 46 millones de euros, en el caso de la ciudad hermana son poco más de 58.
Hay que destacar que se establecen cuatro apartados concretos: gastos en salud pública, gastos de asistencia social, minoración de ingresos y el tema de la inmigración de los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados).
Recordar que la carta de las consejeras Kissy Chandiramani y Dunia Al Mansouri se justifica en la exigencia que los dos gobiernos realizaron al ejecutivo de Pedro Sánchez para que las ciudades hermanas no queden fuera de dos de los fondos creados por la Administración General del Estado en atención a los esfuerzos realizados económicamente por parte de las diferentes autonomías.
Mientras Ceuta y Melilla aplaudieron en la Conferencia de Presidentes la comunicación de Pedro Sánchez de la creación de estos fondos no reembolsables, veinticuatro horas después se creó una preocupación y se produjo una decepción importante porque resulta que cuando la ministra Montero diseccionó los tres apartados: gastos sanitarios, gastos sociales y minoración de ingresos especificó que las dos ciudades autónomas nada más que tendrían derecho a la entrada en los gastos sociales.
En ese momento se produjo una protesta justificada por parte de las dos consejeras, que luego se reiteró el pasado domingo en las intervenciones que tuvieron ambos presidentes, Juan Vivas y Eduardo de Castro.
Esta situación hizo que se produjera una videoconferencia en la que intervinieron los consejeros de Hacienda y Sanidad de Ceuta y Hacienda y Políticas Sociales por Melilla para poner en común los gastos efectuados y presentar conjuntamente, para tener más fuerza, la petición a la ministra de Hacienda.
En las cantidades antes referidas, no solamente se incluyeron los apartados concretos de los tres fondos sino también lo que suponen para ambas ciudades el mantenimiento de los MENA en unos momentos donde se dispara el número de ellos llegando a asfixiar económicamente a los dos territorios.
De esta manera, en el único apartado donde las dos ciudades aportan un gasto parecido es en el de asistencia social puesto que mientras Ceuta fija 4.070.000 euros, en el caso de Melilla son 4.596.750 euros. Es en el fondo donde las dos autonomías se mostraron de acuerdo con el criterio de reparto asumido por el Gobierno de la Nación y que establece para cada una el 0,5% de los 1.000 millones establecido. Un criterio superior a la división por número de habitantes que es el marcado para el resto de las autonomías. Ello supondrá unos ingresos de 5 millones para cada una de las dos ciudades.
Luego, en los gastos relativos a salud pública si hay una diferencia abismal en lo que justifican cada uno de las dos autonomías. Mientras que Ceuta establece que aportó 13.333.376 euros es mucho menos en Melilla, concretamente, 4.808.276,97 euros. Un apartado donde aunque las dos ciudades reconocieron que no tienen competencias en materia de asistencia sanitaria si se esforzaron en este tiempo en hacer incluso más de lo que debían, colaborando no solamente con el Ingesa, sino también en materia epidemiológica o en el mantenimiento de los inmigrantes marroquíes que no pudieron regresar a su país y por orden de las respectivas Delegaciones del Gobierno debieron asumir los dos gobiernos autónomos.
Hay un tercer fondo que es el de la minoración de los ingresos. En Ceuta se calcularon en 16.207.748 euros y en Melilla 23.655.304 euros. Concretamente, las arcas en Melilla si tendrán unas pérdidas mayores en los cálculos que se establecieron por parte de su Consejería de Hacienda. La justificación de los dos territorios para entrar en este fondo, del cual también se las excluyó, se concretaba por un lado en que se incluyeron a dos autonomías como País Vasco y Navarra que están fuera del sistema de financiación general y a Canarias que tiene un impuesto indirecto muy parecido al IPSI que está en vigor en las dos ciudades.
Se añadía una cuestión aparte como es la imposibilidad de Ceuta y Melilla de poder endeudarse porque fiscalmente tienen consideración de Ayuntamientos y, por tanto, sus presupuestos deben estar equilibrados.
Por último, en el coste que para las dos ciudades tiene el mantenimiento de los MENA la diferencia es abismal porque no olvidemos que el número de menores es el doble en Melilla en relación con Ceuta. Mientras que son 25.041.971,20 para Ceuta es justo la mitad más o menos, concretamente 12.483.515,75 euros. Los dos gobiernos defienden que es imposible para sus respectivos presupuestos mantener por mucho más tiempo la presión de la inmigración marroquí de menores.
A la primera negativa por parte de la ministra Montero se tradujo luego en una llamada de la misma al consejero de Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohand, de su mismo partido, para confirmar determinados aspectos y la propia vicepresidenta y consejera de Presidencia de Melilla, Gloria Roja, a la sazón secretaria general del PSOE, telefoneó a la ministra para explicar las necesidades que tenían las dos ciudades.
Por lo visto, el compromiso es que dentro de unos días se podrá mantener una reunión bilateral de las dos consejeras de Hacienda con el equipo de María Jesús Montero.
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