Casi diez años después de la última convocatoria en Ceuta y Melilla, que tuvo lugar en 2011, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (
MEFP) prevé poner en marcha un procedimiento “permanente” de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación. El Ministerio cerró el viernes el periodo de consulta pública del Real Decreto con el que pretende modificar el vigente desde 2009 para el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Desde que entró en vigor las administraciones educativas y laborales de todo el país han realizado 231 convocatorias con un total de 266.646 plazas para diferentes unidades de competencia incluidas en las Cualificaciones Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Tanto Ceuta como Melilla contaron con un procedimiento convocado en el año 2011 en el que se dispuso de 500 plazas para cada una de las ciudades autónomas, pero desde entonces no se ha convocado ningún otro procedimiento en ambas.
El Gobierno central, “consciente de las necesidades de acreditación en ambas ciudades autónomas, así como de la de establecer y consolidar regularmente el lanzamiento de convocatorias en su ámbito de gestión”, inició el año pasado un proceso organizativo y de análisis de necesidades.
Para obtener la certificación por experiencia se pedirán entre 1.200 y 2.000 horas
Un equipo del Instituto Nacional de las Cualificaciones realizó sendas visitas institucionales a ambas ciudades autónomas para, en contacto con la Dirección Provincial, los agentes sociales y los responsables locales del Servicio Público de Empleo Estatal (
SEPE), concretar “las necesidades reales de acreditación” para “priorizar las unidades de competencia susceptibles de ser evaluadas en relación con los sectores productivos y de prestación de servicios de ambos territorios”.
De aquel encuentro salió la vocación de incluir de forma prioritaria la certificación de competencias profesionales en sectores como el de Hostelería o el de la Construcción, pero los trabajos para el lanzamiento de una nueva convocatoria quedaron en suspenso como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales y, posteriormente, por la declaración del estado de alarma y las medidas que, como consecuencia del mismo, se tomaron.
“La situación y consecuencias derivadas de la pandemia, así como su impacto en el tejido empresarial y en el empleo de ambas ciudades autónomas determinarán las prioridades y alcance de las convocatorias que se realicen y que, en todo caso, se harán públicas en cuanto sea posible”, se ha comprometido el Ejecutivo de la Nación.
El Ministerio pretende establecer que a partir de ahora, en el caso de experiencia laboral, habrá que justificar “al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 15 años transcurridos antes de la presentación de la solicitud”.
El año pasado se señaló la Hostelería y la Construcción como sectores prioritarios
Para las unidades de competencia de nivel I se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.
Igualmente se prevé que los centros públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional se considerarán autorizados para desarrollar las distintas fases del procedimiento.
La acreditación de una unidad de competencia adquirida por este procedimiento tendrá efectos de certificación parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de “completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad”.
El MEFP considera que la formación y acreditación en el ámbito profesional es “un elemento crítico para la empleabilidad de los ciudadanos”, que “ha sido, entre otras, una de las causas de la mayor incidencia que la crisis económica y financiera tuvo en España en términos de empleo” y que “será fundamental para la recuperación de la nueva crisis generada por la pandemia de la COVID-19”.
Las claves
Flexibilización. Pandemia. Con el objetivo de “proporcionar por un lado respuestas oportunas a las necesidades de carácter excepcional derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como a necesidades estructurales”, la nueva normativa tiene por objeto “adaptar al contexto actual el marco procedimental para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación mediante su publicación, flexibilizando el procedimiento para hacer posible la realización de los objetivos establecidos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional”.
Convocatoria. Títulos de 2011. En la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación hace casi diez años, la última para las ciudades autónomas (con hasta 500 plazas en cada una) se incluyeron en Ceuta unidades de competencia incluidas en los títulos de Formación Profesional de Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico en Atención de Personas en Situación de Dependencia, Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles; Técnico en Emergencias Sanitarias, Técnico en Cocina y Gastronomía y Técnico en Servicios en Restauración.
“Fiabilidad, objetividad y rigor técnico”
El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias (PEAC) está regulado por un Real Decreto de 2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral que el Ministerio de Educación prevé modificar parcialmente ahora con otro que ya ha concluido su periodo de consulta pública, cerrado el viernes. Se trata de un conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o por vías no formales de formación. Este proceso se desarrolla siguiendo “criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación”. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales sirve de referencia para el procedimiento. Si las competencias profesionales evaluadas a la persona candidata no alcanzan a completar las cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o certificado de profesionalidad, se realiza una acreditación parcial acumulable. De este modo, si así lo desea, la persona candidata puede “completar su formación para la obtención del correspondiente título o certificado”.
Solo un 5,8% de los ceutíes han obtenido “orientación profesional”
Solo un 5,8% de la población de Ceuta con más de 16 años ha completado la segunda etapa de Educación Secundaria con orientación profesional, según los últimos datos del INE, que cifran en un 32,8% el porcentaje de los que no han pasado de la primera etapa de la ESO y en un 22,6% el de quienes han terminado estudios superiores. Un 16,3% se ha quedado con el título de Educación Primaria y un 5,6% de la población es analfabeta o no ha rematado su formación más básica. El Ministerio de Educación calcula que un 48,02% de la población activa a nivel nacional tiene un nivel de formación “que no le capacita profesionalmente o carece de documentos oficiales que lo acrediten”, lo que hace que esas personas pierdan “empleabilidad”.