El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) considera que los ceses de una decena de docentes interinos destinados en Marruecos son “procedimientos abiertos” que “no han concluido” y en los que los afectados, entre ellos al menos dos ceutíes, “tienen la oportunidad de aportar informes, recursos u otra documentación para que sea valorada por la Administración antes de, en su caso, acudir a la vía judicial”.
Fuentes de la Administración General del Estado advirtieron ayer en declaraciones a El Faro que la casuística de los docentes que abandonaron Marruecos en plena crisis del coronavirus y antes de que se cerrasen las fronteras “es muy variada”.
“Hay diez interinos que han sido cesados por abandonar Marruecos y su puesto de trabajo, pero también otros que han renunciado a sus contratos, interinos que han salido del país vecino alegando unas razones u otras”, expusieron desde el MEFP, “y cada caso tiene sus tiempos y su procedimiento particular”.
Desde el Ministerio han subrayado que “los interinos firman unos contratos con determinados requisitos como el de permanecer en su lugar de trabajo y no abandonarlo sin causa justificada y en cada procedimiento se está estudiando si se hizo o no de esa forma pese a que se les había advertido que tenían que continuar en su lugar de residencia”.
El departamento que dirige Isabel Celaá ha indicado que la atención educativa que prestaba cada docente, encargado de una media de 300 estudiantes en el país vecino, “se ha repartido entre los compañeros de cada centro que sí se han quedado en Marruecos para no perjudicar al alumnado, que ya ha sufrido un trastorno notable en su proceso de aprendizaje con la suspensión de las clases presenciales”.
“El Estado de Alarma no acaba con el Estado de Derecho y los procedimientos siguen abiertos para analizar cada caso”, resumieron desde el Ministerio, que no ha abierto ningún proceso para suplir a los cesados.
Los interinos cesados, entre ellos dos ceutíes, recibieron a principios de este mes un correo electrónico de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Rabat en el que les comunicaba su cese señalando como causa una “renuncia / baja voluntaria” que al menos una parte de los afectados dice no haber formulad nunca y atribuyendo el motivo al “abandono del puesto sin autorización de la Consejería”, que cuenta con 6 institutos y 4 colegios en el Reino alauita.
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