Tres meses después de sonar todas las alarmas, el vertido de fuel provocado por el dudoso estado de mantenimiento de las infraestructuras de Cepsa está controlado. Otra cosa bien distinta son los efectos, cuyas huellas tardarán en borrarse del litoral y que, pese a los trabajos de saneamiento y descontaminación acometidos por la propia compañía petrolera desde Navidades, son vigilados de cerca por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas. El último análisis del escenario que dibujó a su paso la fuga se debatió en la reunión que esta misma semana volvió a sentar en torno a la misma mesa a todas las partes representadas en el Plan Territorial de Contingencia por Contaminación Marina. A la reunión ni siquiera se le quiso dar publicidad para difundir sensación de normalidad y de mero trámite.
Esa aparente ausencia de novedad no impide que Medio Ambiente mantenga activa la estrategia que su titular, Gregorio García Castañeda, no se ha cansado de repetir desde que el vertido estuvo a punto de provocar un desastre ecológico: “vigilancia, control y limpieza”. Y esto último, la tarea en la que está inmersa la propia Cepsa con supervisión de personal de la Ciudad, se ha redoblado en las últimas semanas con la vista puesta en el calendario. Aunque oficialmente la consigna es que no preocupa y que se confía en “llegar a tiempo”, en la Administración local no se quiere ni sopesar la posibilidad de que el tiempo avance, se alcance el verano y haya tramos de playa inutilizados o bañistas manchados de fuel.
Según detalla la Consejería, esas labores de limpieza se han dado ya por concluidas en el litoral de Santa Catalina y San Amaro, pero continúan en las zonas más afectadas. Se sigue trabajando, por ejemplo, en el interior del puerto, donde continúa instalada una barrera de contención y prevención ante posibles nuevas fugas. Los otros focos afectados son las escolleras del muelle de la Puntilla, el punto más sensible porque es bajo ellas donde se esconde la temida bolsa de chapapote que se fue acumulando tras filtrarse por las grietas de los conductos de Cepsa. En ese punto, insisten los técnicos de Obimasa que vigilan a diario el área y coincidía ayer García Castañeda en declaraciones a El Faro, “todo es más complicado porque el fuel está ahí atrapado bajo las piedras y cualquier golpe de levante lo saca y lo arrastra”.
La otra gran zona contaminada, la de Benítez, es objetivo prioritario. Una empresa especializada en descontaminación está procediendo a la retirada de la arena y las piedras impregnadas de fuel para depurarlas y devolverlas a su estado original. Medio Ambiente prefiere no calcular fechas ni toneladas de superficie afectada porque, avisa, “la tarea es más concienzuda de lo que parece y más lenta de lo que nos gustaría, pero no se puede acelerar en cuestiones como éstas porque los procesos tienen su tiempo”. Se intentará, insisten las mismas fuentes, que todo el trabajo esté concluido cuando el calor apriete y se dejen ver los primeros bañistas en Benítez, aunque en caso de incidencias hay un plan b preparado. “En verano habrá una brigada específica que controlará y supervisará a diario ese tramo de litoral para comprobar que efectivamente no quede reste alguno de la fuga. De hecho tenemos ya personal de Obimace con cursos de formación en contaminación y en ese tipo de contingencias, que ahora están apoyando a los trabajadores de Cepsa y que se encargarán también de esa tarea. A eso se suma la plantilla de Obimasa, con los biólogos a al cabeza, que desde el primer momento están supervisándolo todo”, matiza García Castañeda.
En paralelo a los trabajos de descontaminación y limpieza camina el expediente abierto por la Ciudad contra Cepsa, que salvo sorpresa debe concluir en una sanción que Medio Ambiente ya auguró en su día que podría ser “de varios millones de euros”. A la compañía petrolera le recuerda el consejero que “a nadie le temblará la mano” a la hora de reclamar la cuantía que compense los daños provocados, aunque también anima a, una vez asumida la culpabilidad, no convertir a la multinacional en “el enemigo a batir”. En su descargo cita que ya “ha solventado las deficiencias en el tanque” y el resto de filtraciones, en buena parte mediante succiones abriendo zanjas sobre los propios conductos subterráneos. Sea o no ejemplar el castigo económico, el expediente está aún “montándose” porque “se siguen sumando informes de todas las autoridades y organismos a los que se ha ido reclamando”. La Consejería asegura que, al margen del procedimiento iniciado por iniciativa propia, ha entregado todo la información que se le ha requerido.
Tras la Semana Santa, avanza García Castañeda, se convocará una nueva reunión del Plan Territorial que volverá a examinar el estado del litoral y en la que los biólogos realizarán nuevas recomendaciones. Será ya en abril, coincidiendo con los primeros pasos de Medio Ambiente para comenzar a dotar a las playas de los servicios necesarios para afrontar otra temporada de baño.
Septem Nostra prepara otra denuncia
Septem Nostra volverá a pisar los juzgados si no recibe en el plazo de una semana la información que requirió a la Consejería de Medio Ambiente y a Industria en enero, apenas unas semanas después de los primeros vertidos. En aquellos escritos solicitaba datos sobre los controles que a su juicio debería haber realizado la Administración Local sobre las infraestructuras de Cepsa y que, en caso de no haberse cumplido, podrían haber contribuido a los errores de mantenimiento que acabaron provocando las fugas.
José Manuel Pérez Rivera, presidente de la entidad conservacionista, asegura que acudirá al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en caso de que los datos solicitados no estén en sus manos después de Semana Santa. Y lo hará alegando la normativa estatal que regula desde 2006 el derecho al acceso a la información pública y la directiva europea de 2003 que obliga a las administraciones a facilitar datos vinculados a temas medioambientales. “Están obligados a contestar en un mes, pero han transcurrido ya más de dos y no tenemos noticia alguna”, confirma Pérez Rivera.
Si finalmente da el paso, será la segunda ocasión en la que Septem Nostra llame a la puerta de la Justicia por el vertido. Ya lo hizo el 7 de enero, cuando presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que solicitaba que se abriera la investigación oportuna que determinase si Cepsa había incurrido en un delito medioambiental. “La Ciudad está siendo opaca en un caso grave. O nos dan información parcial, como un mero formulismo, o ni siquiera la facilitan. Hemos hecho preguntas muy concretas, pero no se dan por aludidos”, denuncia Pérez Rivera.