Los costes de gestión y amortización de las infraestructuras consideradas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos 2016-2022 que ayer aprobó inicialmente el Pleno con los votos a favor del PP y la abstención de toda la oposición serán repercutidos en primer lugar a la Ciudad Autónoma y, por parte de esta, a la población mediante la aplicación de tasas sobre la recogida y tratamiento de basuras para cubrir los 14,5 millones de euros en los que se han presupuestado.
El consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, aseguró que el Gobierno no pretende “freír a impuestos” a la ciudadanía pero recordó que la máxima europea establece que “quien contamina, paga”.
El objetivo esencial del documento, aprobado con años de retraso y tras una “advertencia final” a España de la UE, es “el vertido cero” de residuos primarios que no hayan sido tratados y la eliminación secundarios, rechazados en la planta de tratamiento, para “conseguir la máxima recuperación tanto en cantidad como en calidad”.
Además, perseguirá un “cambio de actitud por parte del consumidor” local con el objetivo de que prime en su demanda “un producto más sostenible desde el punto de vista ambiental antes que uno convencional” y ajuste los alimentos perecederos de su lista de la compra “a los que realmente pueda consumir”, así como que acuda “a mercados de segunda mano” a la hora deshacerse “de productos que todavía puedan tener una vida útil”.
El portavoz del PSOE, Manuel Hernández, incidió en que “hay cuestiones que habría que desarrollar aún más como detallar los costes reales del servicio y elaborar una contabilidad de costes directos e indirectos” y echó en falta “medios materiales y humanos para cumplir los objetivos del Plan, que se presenta fuera de todos los plazos establecidos”. “Al igual que con el PGOU, ustedes demuestran ser muy eficientes para comprar flores pero muy poco con los documentos fundamentales para el desarrollo de esta ciudad”, criticó el socialista al Ejecutivo local.
El líder de Caballas, Mohamed Ali, también negó el apoyo de la coalición al documento porque “las políticas medioambientales siguen sin ser prioridad para un Gobierno que, por ejemplo, mantiene parada desde hace meses la Ordenanza de limpieza pública”. “El Medio Ambiente hay que enfocarlo desde una perspectiva integral y esto al final parece más papel mojado que un avance real para el desarrollo sostenible”, avisó.
La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, pidió autocrítica a un Gobierno “que prefiere buscar resquicios legales para evitar que le pongamos la cara colorada ante incumplimientos tan flagrantes” y afeó al consejero su “desidia”. Varga lamentó que el “retraso” y los “problemas” de la ciudad “no solo en la gestión de los residuos sino en el hecho de que estamos atascados en ellos”. “Cuando un joven se niega a separar los residuos porque dice que quienes los recogen los vuelven a juntar no hay mayor exponente de su fracaso político y medioambiental”, ejemplificó.
Para Ramos, si la Ciudad ha llegado fuera de plazo a la aprobación del nuevo Plan ha sido precisamente por la “complejidad” de la gestión de las basuras en un entorno como el de Ceuta y si el documento ha llegado a Pleno ha sido “por la importancia que le damos”. El consejero sí recogió el guante de Ciudadanos para organizar unas jornadas que sirvan para dar a conocer el Plan y facilitar que tenga éxito en su puesta en marcha.
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