El Gobierno ha logrado sacar adelante la convalidación del decreto ley de medidas de ahorro energético que se ha votado este jueves en el Congreso, después de que algunos partidos hayan desvelado su posición favorable o, al menos, no contraria. Cambios en la limitación de las temperaturas de calefacción y refrigeración, cierres automáticos en las puertas de acceso y apagado de los escaparates a las diez de la noche son algunas de las nuevas obligaciones recogidas en el documento. Medidas que también serán de aplicación en Ceuta.
El objetivo del decreto es reducir el consumo energético, tal como se ha acordado con Bruselas, en plena ola inflacionista y ante las amenazas de Moscú de cortar el suministro de gas a Europa. Las medidas incluidas en el texto permitirán evitar la aplicación de otras de mayor calado, como el racionamiento el próximo invierno, según la ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Sin embargo, el decreto incluye también disposiciones que nada tienen que ver con el ahorro energético, como becas complementarias, ayudas al transporte o el fin de las obligaciones vinculadas a la COVID-19 en los aeropuertos. Ha sido precisamente esta combinación de medidas la que ha provocado las críticas de parte de los partidos, que afean al Gobierno la creación de un batiburrillo de asuntos "diversos" que mezcla temas que "nada tienen que ver y que polarizan los debates", como ha apuntado el PNV.
Una de las medidas más populares de las incluidas en el decreto es la modificación de la limitación de la temperatura de los termostatos en los inmuebles de las administraciones públicas, los establecimientos comerciales, los espacios culturales o las infraestructuras destinadas al transporte de personas. Así, el aire acondicionado no podrá bajar de 27 grados (uno por encima de los 26 recogidos en la normativa anterior) y la calefacción no podrá subir de 19 (dos por debajo de los 21 establecidos previamente).
"Se estima que cada grado en el que se cambie la consigna de temperatura que suponga una menor necesidad de calefacción o refrigeración puede suponer un ahorro del 7% del consumo", reza el documento. En cuanto a la vigencia de la norma, al igual que todas las relativas al RITE (Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios), regirá hasta otoño de 2023.
No obstante, existen excepciones a estos límites en determinados lugares por la actividad que se realiza o porque tengan una normativa específica. En este sentido, el decreto establece que los mínimos marcados se adaptarán a la normativa laboral para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
Otra de las disposiciones contempladas por el decreto y que más reticencias despertó tras su anuncio es el alumbrado de los escaparates, que deberán estar apagados desde las 22.00 horas. Esta regla también se aplicará a los edificios públicos desocupados en ese momento.
Para favorecer el adecuado cumplimiento y seguimiento de las medidas de ahorro energético, así como la sensibilización del conjunto de la ciudadanía, los edificios sujetos a la normativa RITE deberán contar con carteles y pantallas informativos. En ellos, además de la información ya obligatoria de humedad y temperatura, deberán contener explicaciones de las disposiciones aplicadas.
Otra de las exigencias que está suponiendo quebraderos de cabeza para los propietarios de algunos locales es la de disponer, antes del 30 de septiembre, de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que queden abiertas de forma permanente, con el "consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior".
Esta medida ya figuraba en el RITE desde hace años, salvo para los edificios y locales climatizados con energía renovable, que ahora también deberán cumplir con esta disposición.
Además, para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, estas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia, que se ejecutará en un plazo inferior a un mes desde su formalización.
Asimismo, aquellos inmuebles que hayan pasado la inspección de eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021 deberán someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años.
Más allá de la normativa relativa al ahorro energético recogida en el decreto, el texto incluye una beca complementaria de 100 euros durante cuatro meses -de septiembre a diciembre- para todos los beneficiarios de ayudas de la convocatoria general de 2022-23. Está destinada a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional, universitarios y alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
La medida, explica el Gobierno, responde a la situación económica derivada de la invasión rusa de Ucrania y el incremento de la inflación, que ha provocado un fuerte impacto en las familias. "El objetivo es asegurar el menor impacto posible en la garantía de la igualdad de oportunidades e impedir que ningún joven deba abandonar sus estudios por motivos económicos", detalla.
De forma simultánea, el texto amplía los descuentos de los abonos de transporte, que tienen una bonificación del 100% en los servicios de en Cercanías y Rodalies. Es posible adquirirlos desde el 24 de agosto y pueden emplearse entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, periodo en el que es preciso realizar 16 viajes para beneficiarse de la gratuidad. Las mismas condiciones se aplican para la Media distancia, con la diferencia de que el usuario deberá especificar el origen y el destino de la ruta.
Además de Cercanías y Media distancia, los títulos multiviaje de alta velocidad, como AVE y Avant, contarán con un 50% de descuento. En este caso, el periodo de uso se amplía un mes, hasta el 31 de enero de 2023, y también se pueden comprar desde este miércoles y hasta el 31 de diciembre. El precio de los títulos y la posibilidad de disponer de una bonificación depende de varios factores, como el tipo de abono que se compre en caso del primero o el trayecto escogido.
El real decreto ley recoge un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros "debido a la alta dependencia del precio del combustible" del sector, apunta el Ejecutivo. Se trata de una nueva ronda, como la aprobada en marzo, dotada en esta ocasión con 450 millones de euros. Esta cantidad se distribuirá por número y tipo de vehículo: camiones (1.250), autobuses (950), furgonetas y ambulancias (500) y taxis y VTC (300).
El decreto también contiene otra medida que nada tiene que ver con las anteriores: la derogación de todas las reglas COVID de los aeropuertos, como la obligación de llevar mascarilla, tomar la temperatura o guardar la distancia en las colas, que quedan como recomendaciones.
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