La Administración sigue su política de ajustes en el ámbito sanitario. Esta vez le ha tocado el turno a la prevención de riesgos laborales que prestan sus servicios en las empresas. Profesionales sanitarios y asociaciones médicas reclaman que la ratio que contemple la existencia de una unidad básica -un médico y a un enfermero- sea menor que la de 2.000 trabajadores que contempla el decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
De este particular opinó Julián Domínguez, jefe del Servicio de Medicina Preventiva, Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). “Defendemos mantener la ratio actual de 1.000 trabajadores como cifra mínima para que exista una unidad de prevención laboral. Así, pequeñas empresas optarán por eliminar estos servicios”, declaró, además de informar de que dicho servicio, en el Ingesa, el que Domínguez dirige, “es el único de Ceuta que excede el número de trabajadores exigido por la ley. Y todo el equipamiento desde el año 2001”.
Domínguez, miembro de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (Aeemt), entiende que las administraciones pretendan aplicar los recortes de donde le sea más conveniente, principalmente en los servicios de prevención, “por cuestiones de puros recortes y porque hay escasez de profesionales especializados en estos servicios”, señaló. No obstante, Domínguez advirtió de la importancia de “la prevención de riesgos laborales debido a que se trata de una especie de atención primaria para los profesionales, lo que redunda positivamente en el rendimiento final de las empresas”.
En cuanto a los servicios de prevención de riesgos laborales del propio Ingesa, Domínguez admitió que en la actualidad hay incluso un excedente de trabajadores, lo que, según el decreto, “abre la posibilidad de desgravar fiscalmente”. Con todo, Domínguez sostuvo que el Ingesa requiere todavía de la adición de, al menos, “un técnico superior de prevención. En realidad son tres, pero exigen una especialización en la formación que resulta difícil su consecución”.
Por otra parte, el decreto aprobado durante el Consejo de Ministros mencionado emplaza a la publicación de una guía básica de actividades de vigilancia de la salud pero sin concretar si la elaborará el Ministerio de Sanidad o las comunidades autónomas.
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