MECyD y Ciudad siguen sin resolver la escolarización de más de 20 niños

Casi tres semanas después del inicio del año académico 2015-2016, más de veinte de los niños a los que la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (DIGMUN) atiende en la Estación de Ferrocarril con el único apoyo de una oenegé catalana, la Fundación Educo, siguen teniendo vetado el acceso a las aulas.

La Administración General del Estado, competente en materia educativa, y la Ciudad Autónoma siguen sin encontrar la fórmula para garantizar su acceso al derecho efectivo a la Educación.  
Durante el último periodo ordinario de matriculación, el verano pasado, DIGMUN solicitó plaza para todos los menores en los colegios e institutos de la ciudad. Solamente uno, en el IES Puertas del Campo, fue admitido.
La entidad planteó entonces más de dos decenas de recursos de alzada por los que vieron rechazadas sus solicitudes de escolarización. El plazo hábil para que la Administración responda finalizará la próxima semana. “Entendemos que si no hay contestación estaremos ante un silencio positivo y esperamos que el Ministerio de Educación (MECyD) cumpla con su obligación”, interpreta la situación el secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, que en cualquier caso tiene previsto visitar a la Fiscalía “durante los próximos días” para “conocer su visión sobre esta problemática” y preparar la posible interposición de acciones judiciales.
La situación de los menores no escolarizados a los que atiende DIGMUN lleva un año siendo objeto de atención local y nacional por parte de distintos organismos. En octubre del año pasado, la asociación puso en conocimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo el asunto. El departamento que dirige Soledad Becerril aseguró en julio que recabaría información al respecto.
El diputado de Amaiur Jon Iñarritu y el Grupo Parlamentario Socialista llevaron, en el primer caso, y anunciaron su intención de hacerlo, en el segundo, el tema a la Cámara Baja, donde el Ministerio alegó que  “el problema se plantea respecto a las solicitudes en las que no se justifica el modo de estancia [en Ceuta], desconociéndose si los solicitantes residen en la ciudad, si simplemente pernoctan, si se encuentran en situación de tránsito o si cruzan diariamente la frontera”.
Caballas ha llevado al Pleno en varias ocasiones la situación. La última vez, el Gobierno de Ceuta, que al menos verbalmente dice estar dispuesto a encontrar una solución, se comprometió a evacuar informes sociales que acreditasen la residencia efectiva de los niños en la ciudad. “Las últimas noticias apuntan a que el Ministerio vuelve a exigir el certificado de empadronamiento sin más alternativa, con lo que habríamos vuelto al punto de salida de un laberinto frente al que solamente nos queda plantear acciones judiciales y movilizaciones sociales”, ha lamentado Aróstegui en declaraciones a ‘El Faro’.
Para el MECyD “el mejor instrumento” es el certificado de empadronamiento que, según su versión, “es el documento exigido en todas las Autonomías para la escolarización”. Este criterio impide acceder a las aulas a niños que tienen hermanos en ellas y deja en un limbo a multitud de casos distintos: familias que viven en Ceuta por motivos laborales sin empadronamiento total o parcialmente; unidades monoparentales; niños ‘apátridas’ que por distintas circunstancias no han sido inscritos ni en Marruecos ni en España; menores que están bajo acogimiento de Kafala.

Situaciones “inverosímiles” pero reales

En la convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, se recoge la obligatoriedad de los gobiernos por garantizar la educación obligatoria y gratuita a todos los niños, al menos en Primaria. Esto se recoge en la legislación  española  tanto a nivel estatal como autonómico. El artículo 10 de la Ley de Protección Jurídica del Menor estipula que “los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación [...]  aun cuando no residan legalmente en España”, según ha recordado DIGMUN al Defensor del Pueblo. Sin embargo, en Ceuta, “la realidad no se ajusta a estos principios, vulnerándose el Derecho a la Educación de los hijos de  mujeres que trabajan en la economía sumergida o familias que huyen de la pobreza y que residen de forma ‘irregular’ en la ciudad” pero que lo hacen de forma efectiva. A juicio de la asociación que atiende a parte de estos menores “la dificultad para escolarizar a estos menores se agravó a partir de una normativa publicada en el BOCCE en diciembre de 2013 por la cual es necesario el permiso de residencia para poder empadronarse: así se dan situaciones completamente inverosímiles como padres o madres que están empadronados pero no lo están sus hijos, dificultando su escolarización y violando este derecho fundamental”.