"Ceuta encabeza el ranking de autonomías con los precios más elevados de la Inspección Técnica de Vehículos, muy por encima de la media nacional”. Así lo ha asegurado el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que ha anunciado que va a interpelar en la próxima sesión de control al Gobierno para conocer distintas cuestiones relacionadas con el precio que pagan los ceutíes por pasar la ITV.
Los localistas han recordado, en nota de prensa, que se trata de un servicio obligatorio para la ciudadanía e indispensable para garantizar la seguridad vial: “Es por esa obligatoriedad por la que las tarifas del servicio deberían responder a criterios de proporcionalidad y equilibrio económico”.
Concretamente, los ceutíes tienen que pagar 54,32 euros tanto por vehículos de gasolina como por eléctricos, 63,66 euros por los de diésel y 30,62 euros por las motocicletas.
Unas cifras que están "muy por encima de la media nacional, que da 43,75 euros en los vehículos de gasolina, 50,71 euros en los vehículos diésel, 38,89 euros en coches eléctricos y 27,88 euros en motocicletas".
"Hasta si se compara con la ciudad autónoma hermana, los melillenses pagan mucho menos que los ceutíes por pasar la ITV: 41,50 euros por vehículos tanto de gasolina como diésel, 33,50 euros por los eléctricos y 27,00 euros por las motocicletas. El precio de la ITV en Baleares y Canarias, territorios extrapeninsulares, también está por debajo de la media nacional", insisten.
Para la formación, que ha llevado esta cuestión al Pleno de la Asamblea en numerosas ocasiones “con el objetivo de acabar con el monopolio”, es “incomprensible” que "los ceutíes sigan siendo los más castigados, más aún cuando las tarifas son establecidas por una concesionaria que lleva operando en la ciudad más de veinte años”.
Es por ello que desde el MDyC van a preguntar por qué el Ejecutivo permite el establecimiento de tarifas de un servicio obligatorio como la ITV, “que incluso congeladas durante tres años, siguen siendo las más elevadas de todo el país”.
También quieren conocer los motivos de las constantes prórrogas con la actual concesionaria, incluso adelantando las prórrogas dos años antes a la expiración de la actualmente en vigor.
“Nos gustaría saber si el Ejecutivo piensa mantener esta adjudicación continuamente o ha estudiado la viabilidad de otras alternativas como la liberalización del servicio”, concluyen desde la formación, que recuerdan que si esta situación no cambia, la próxima actualización de tarifas será en 2028 y "con los correspondientes incrementos".
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