Hachuel niega las negociaciones con Antonio López denunciadas por MDyC

MDyC ha pedido explicaciones urgentes después de conocer que se estarían llevando a cabo negociaciones entre Antonio López, principal investigado del ‘caso Emvicesa’, y el Gobierno tras la petición del exgerente de la sociedad municipal de una indemnización por “supuestos daños morales”.

Dice Fatima Hamed que quieren llegar a un acuerdo amistoso sobre esa indemnización después de que López considere haber sido perjudicado por seguir como autorizado en una cuenta bancaria de la empresa a pesar de que él ya no era gerente. “Estas negociaciones parecen entrever la ocultación de la verdadera realidad que se esconde tras el ‘caso Emvicesa”, denuncia.

Pues bien, poco ha tardado el Gobierno en negarlo de manera “rotunda” dejando claro que no solo no se ha mantenido ninguna negociación con López sino que ni tan siquiera se ha aceptado la petición reclamada por este. Jacob Hachuel, portavoz del Ejecutivo Local, ha defendido que la Ciudad va a actuar en beneficio del interés común.

El partido pone de manifiesto que López exige una indemnización por ocultar al Juzgado que la cuenta que tenía un saldo superior al millón de euros era propiedad de Emvicesa, alegando el abogado que la dirección letrada del Ayuntamiento “con expresas instrucciones recibidas desde la Ciudad (…) o a partir de decisiones propias (…) se mantuvo silente, pasivo, asistiendo impertérrita, sin hacer mención, advertencia, salvedad o aclaración alguna a la implantación ante su vista, ciencia u paciencia, de ese dato erróneo que aparecía en la causa”.

Para el MDyC esta ocultación de la verdadera titularidad de la cuenta de Emvicesa en una entidad bancaria debe ser aclarada, “asumiendo las responsabilidades quién en su momento asumió las riendas de la sociedad para supuestamente colaborar con la justicia en la aclaración de los hechos”. Desde el MDyC “exigimos que se expliquen las negociaciones con el exgerente de Emvicesa que se hubieran podido llevar a cabo, ya que de lo contrario podría interpretarse como una posible pretensión de callar posibles declaraciones del exgerente ante la apertura del juicio oral, y, como fuere, si considera que tiene derecho a una indemnización que se reclame en el órgano competente la misma”.