MDyC denuncia que los contratos se interpretan según el adjudicatario

• Habla de “desequilibrios en el presupuesto en el contrato de la basura”

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) no comparte la “fórmula tan alegre con la que nuestro inefable alcalde acude a tapar los presuntos desequilibrios de la adjudicataria del contrato de la basura”. Para el MDyC es “incomprensible” que se interpreten los contratos y las leyes “en función de quién sea el adjudicatario”. Así, dicen que la UTE del Plan de Empleo Joven, tuvo que asumir el coste de aplicar el Convenio de Limpieza Viaria a sus empleados, pues según la consejera de Hacienda, Susana Román, en una carta del pasado 5 de mayo, les decía al adjudicatario que era “obligación del contratista realizar la ejecución del contrato a riesgo y ventura” y si el juez de lo Social les sentenciaba a pagar los salarios según el Convenio, el contrato decía bien claro que ellos debían asumir ese sobrecoste, sea o no firme la sentencia.

Ahora, añade el partido de la oposición, Vivas señala que “primero debe existir una sentencia firme para que se estudie la compensación, permitiendo que la empresa adjudicataria no cumpla el contrato, pues éste exige que se aplique el Convenio y el Magistrado de lo Social ha indicado que el aplicable es el de la Limpieza Viaria a todos y cada uno de los trabajadores; cuestión que si obligó a la UTE del Plan Joven sin ser la sentencia firme”.

Por otra parte señalan que, existiendo sentencia firme, “se compensará a la empresa adjudicataria ese cambio en la estructura salarial. Parece que en esta ocasión no se va a aplicar los criterios que hicieron a Urbaser y FCC asumir los costes de aplicar la sentencia, cuando el Contrato dice lo mismo, que los adjudicatarios deben aplicar el Convenio en vigor”.

Desde el MDyC  exigen que se obligue a la empresa adjudicataria a cumplir con la sentencia del Juzgado de lo Social como ha hecho con la UTE del Plan de Empleo Joven, tal como dice el contrato. Y que aplique los mismos criterios al interpretar el contrato, obligando a la empresa concesionaria a asumir el coste del incremento salarial”.

Asimismo, el MDyC cree que se han tenido “demasiadas consideraciones con la empresa adjudicataria, que ha demostrado desde la asunción de la actividad que está incapacitada para realizar las tareas del contrato”.

El MDyC, añade, “estará vigilante para que no se le dé ni un sólo euro de los fondos públicos de más a esta empresa”.