MDyC ha denunciado que Ceuta sigue teniendo los precios más caros en la renovación de la
ITV además de que el número de trabajadores sigue en función del volumen de trabajo que percibe. Critica la formación de Fatima Hamed que tras anunciarse la renovación por cuatro años más al actual concesionario no se contempla mejora alguna.
Este alegaba “un importante perjuicio económico”, al haber estado totalmente paralizada la actividad de inspección durante 54 días. “Es decir, el tiempo que ha estado paralizada toda la actividad por la declaración del estado de alarma y a nadie se le ha dado este tratamiento tan especial”, denuncia el partido.
Alega la concesionaria su “gran compromiso con nuestra ciudad, que le ha llevado a inaugurar una nueva instalación en el puerto, a que los vehículos del Ayuntamiento no paguen la ITV y a un acuerdo con el sector del Taxi para realizar inspecciones periódicas visuales”, expone.
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía recuerdan a la concesionaria que la apertura de la nueva línea en el puerto la llevó a cabo “bajo su interés empresarial”, dado que su “pésima gestión del servicio provocaba grandes colas en el Tarajal, al no disponer de la cita previa, ni ningún otro sistema de una eficiente atención al cliente”.
Trato de favor del Desgobierno
Denuncian que la apertura de la estación del puerto, “preinaugurada en noviembre de 2019”, se retrasó hasta junio de 2020 “al presentar el concesionario, entre otras cuestiones, la documentación relacionándola con la legislación de una comunidad autónoma que nada tiene que ver con este Ayuntamiento. Tanto compromiso que acaba con el corta y pega”, critica el partido.
Para el MDyC, el trato de favor que el adjudicatario realiza al
Desgobierno no cobrándole las obligatorias inspecciones no supone prestar “el mejor servicio público a la ciudadanía” pues “debe seguir pagando los precios más caros de España a una empresa monopolística que se forra a costa de los ceutíes”.
El partido no entiende que no exista un informe detallado del responsable del contrato sobre el cumplimiento del mismo. “Una concesión en la que se presta un servicio tan directo al ciudadano no puede despacharse con un puede calificarse como óptima, cuando las atenciones que han recibido los ceutíes no lo son”, aclara.
Para el MDyC, la adjudicataria no se queja de que pierda dinero, sino de que la reducción de los ingresos provoca que no gane todo lo que deseaba. “Exige que entre todos le ayudemos a bajar el canon que paga, en función de tarifas del BOE, al puerto. ¿Hará lo mismo el Desgobierno con todos los adjudicatarios de naves y locales en el puerto?”.
En datos y comparando estadísticas
Tampoco entiende el MDyC, cómo la concesionaria señala que las Inspecciones realizadas en los últimos cinco años ascienden a 141.704, mientras la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Industria, señala que son 176.676 las realizadas, casi un 25% más, que cobradas a los precios más caros de España suponen más de un millón de euros. Esta diferencia crece año a año, llegando en 2019 a una diferencia del 30.55% (28.508 inspecciones frente a 37.217).
Si las comparaciones se hacen con la ciudad hermana de Melilla, los precios son “escandalosamente” elevados, así para un vehículo de gasolina la diferencia es de 11,75 euros (un 34.95%), en diésel es de 15,03€ (un 38.76% superior) y en las motocicletas la diferencia es un 68.28%, 9,71€. Unas instalaciones que desde el primer día funcionaron con tres líneas, permitiendo que se pueda dar un mejor servicio, no como en Ceuta que hasta junio pasado no se abrió esa tercera línea. Mientras Melilla realiza unas inspecciones sobre el parque automovilístico acorde a la media española (sobre el 72%), Ceuta no llega ni al 50%, algo tendrá que ver el servicio y el precio.
Para el MDyC, la prórroga por cuatro años más de la concesión de la ITV, ni mantiene el empleo, pues el propio informe de la empresa indica que mantendrá “la plantilla ajustada a la actividad real en cada momento”, ni supone una mejora para los ceutíes quienes solo pueden pagar “los abusivos precios de la concesionaria o si cruzan a la Península realizarla en alguna ITV de Andalucía, una empresa pública”.