En los tiempos que transitan, según desgrana el Informe del Plan internacional en el marco de ‘Women Deliver 2023’, la mayor convocatoria mundial sobre igualdad de género y derechos de la infancia, los matrimonios infantiles, más la explotación sexual y la falta de acceso a la educación, se convierten en las grandes incógnitas que sobrevuelan acuciantemente para las niñas que viven en el Sahel.
Pero, más en concreto la crisis en el Sahel Central, o séase, Malí, Burkina Faso y Níger, impactó a más no poder en las niñas en 2021, enfrentadas a contextos de peligros extremos que comprometen preocupantemente su vida y futuro. Así se desglosa del Informe de Plan International ‘Decisiones imposibles, Voces ignoradas’, que esclarece cómo este entresijo degenera todavía más las discriminaciones preexistentes y las dificultades que las aguardan.
Desalentadas, afligidas y consternadas, las niñas y sus familias han de adoptar ultimatos que terminan sentenciándolas a la separación familiar más cruel, a la atención de sus hermanos y abandono escolar, el matrimonio infantil, la explotación sexual y trabajos inadecuados. Además, los conflictos causan el cierre de escuelas, agravando las tasas de matrimonio infantil. Con lo cual, las niñas son casadas por la dote para disminuir la cifra de bocas que sostener, o como remedio para preservarlas de posibles embarazos fuera del matrimonio. Según los últimos datos contrastados, Malí, apareja una de las valoraciones de matrimonio infantil más elevadas con el 54% de las niñas forzadas a casarse antes de los dieciocho años y el 16% antes de cumplir los 15.
En Burkina Faso y Malí la aplicación de la ley y el poder judicial fueron nulos y la amplia mayoría de los episodios de violación no se denunciaron. A ello hay que unir el estrés adicional del conflicto, el hambre y la sequía que exponencialmente agudizan los factores y hacen acrecentar el riesgo general de violencia de género.
Adelantándome a lo que posteriormente fundamentaré, las niñas en el Sahel sobreviven a su suerte con grave riesgo de violencia en sus hogares, escuelas y comunidades. En un escenario de varias crisis circundantes, este Plan Internacional se afana por afianzar su acceso a la educación y los servicios básicos, como salvaguardarlas de cara a la violencia y ofrecerles oportunidades mediante el empleo y el emprendimiento.
En base al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, como agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York y que surte ayuda humanitaria y desarrollo a los niños y las madres en estados en desarrollo, diez millones de niños y niñas, el doble que en el año 2020, precisan de ayuda humanitaria debido en gran parte a los conflictos que perturban estos territorios.
Potencialmente, conforme las pugnas entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad rompen las barreras, casi cuatro millones de niños y niñas de las naciones colindantes se hallan en situación de riesgo, según se desprende de una nueva edición de ‘La Infancia en peligro’ divulgada por UNICEF.
“Los conflictos armados afectan cada vez más a los niños y las niñas, que son víctimas de la intensificación de los enfrentamientos militares o se convierten en el blanco de los grupos armados no estatales”, ha asegurado al pie de la letra y con rotundidad Marie-Pierre Poirier, en calidad de Directora Regional de UNICEF para África Occidental y Central. Continúa exponiendo textualmente: “el año 2022 ha sido especialmente violento para la infancia en el Sahel Central. Todas las partes en conflicto deben detener urgentemente los ataques contra los niños y las niñas y contra sus escuelas, sus centros de salud y sus hogares”.
Según referencias apuntadas por Naciones Unidas, en Burkina Faso se registraron tres veces más fallecimientos infantiles durante los nueve primeros meses de 2022, que en el mismo curso de 2021. La mayoría de los niños perecieron por heridas de bala durante acometidas a sus poblados o como resultado de las lesiones producidas por artefactos explosivos repentinos o restos de explosivos de guerra.
El conflicto armado se ha vuelto cada vez más inhumano. Algunos de estos grupos que maniobran en un extenso sector de Malí y Burkina Faso y cada vez con más asiduidad en Níger, se valen de procedimientos como el aislamiento de ciudades y aldeas y el sabotaje de las redes de abastecimiento de agua. En atención a recientes estudios, más de 20.000 individuos que viven en la franja contigua entre Burkina Faso, Malí y Níger, en 2023 soportarán una inseguridad alimentaria de nivel catastrófico.
Algunos grupos armados que argumentan objetar la educación administrada por el Estado, optan por quemar y desvalijar sistemáticamente las escuelas, e intimidan, retienen o asesinan a los profesores. En los lugares anteriormente mencionados, más de 8.300 centros educativos han debido de cerrar sus puertas al erigirse en el punto de mira prioritario de las agresiones, o bien porque los docentes han escapado o los progenitores se han trasladado o estaban demasiado atemorizados para mandar a sus hijos a la escuela.
En Burkina Faso, más de una de cada cinco escuelas se ha visto en la tesitura de cerrar a cal y canto y el 30% de los centros escolares de la región de Tillaberi, en Níger, ya no operan por motivos del conflicto.
Por doquier, las invasiones se ensanchan desde el Sahel Central hasta las comarcas limítrofes septentrionales de Benin, Cote d’Ivoire, Ghana y Togo y alcanzan comunidades apartadas con apenas exiguas infraestructuras y recursos, donde los niños y las niñas tienen de por sí un acceso bastante restringido a los servicios principales y reciben insuficiente formación.
En 2022 se verificaron al menos 172 sucesos violentos, incluidos asaltos de grupos armados en las demarcaciones fronterizas del Norte de los cuatro países aludidos. Se considera que hasta el 16% de la población de Benin, el estado más perjudicado, se encuentra en peligro. En las regiones septentrionales de Benin y Togo, nueve escuelas habían cerrado o habían dejado de prestar servicios como consecuencia de la inseguridad.
“En numerosas comunidades africanas se han enquistado cuantiosas clases de violencia contra las mujeres y las niñas a lo largo de generaciones y como defensa de la tradición, como es el caso concreto de la mutilación genital femenina”
Sin lugar a dudas, la crisis se ocasiona en uno de los territorios del planeta más dañados por el cambio climático. Recuérdese al respecto, que las temperaturas en el Sahel se elevan 1,5 veces más rápido que la media mundial. Por otro lado, las precipitaciones se han vuelto irregulares e intensas y han causado desbordamientos que han mermado el rendimiento de los cultivos, contaminado las irrisorias reservas de agua.
Para ser más preciso en los detalles asentados, las peores inundaciones de los últimos años arruinaron o trastornaron 38.000 casas en Níger, país que ocupa el séptimo lugar en el Índice de Riesgo Climático para la Infancia de UNICEF.
Con estos antecedentes preliminares, el Sahel es una de las regiones más desdichadas y en la actualidad franquea una crisis multidimensional en toda regla en la que se entretejen la pobreza, los conflictos intercomunitarios, el cambio climático y el apogeo del extremismo religioso, acentuado por el crecimiento de la inestabilidad y la inseguridad. Sobraría mencionar en estas líneas, que el esparcimiento de la violencia ha derivado en un deterioro del contexto de seguridad. Además, los grupos armados no estatales de corte puramente islamista, se extienden a lo largo y ancho de la región apresando otros círculos de influencia, especialmente en los estados marítimos, registrándose altercados en Costa Marfil y Benín y advirtiéndose una presencia estable de los mismos en las franjas delimitantes entre países sahelianos y costeros.
Y en este entorno por momentos indeterminado, las niñas que viven en el Sahel asumen un tenebroso túnel de posibilidades de futuro con vistas degradantes.
De manera, que la violencia adquiere múltiples formas, como física, sexual, psicológica y económica, además de otras fórmulas como el matrimonio precoz y forzado. Estos procedimientos de violencia se interrelacionan entre sí y menoscaban a las mujeres desde su nacimiento hasta la edad mayor. Algunos tipos de violencia como el tráfico de mujeres, atraviesan las fronteras nacionales.
En numerosas comunidades africanas se han enquistado cuantiosas clases de violencia contra las mujeres y las niñas a lo largo de generaciones y como defensa de la tradición, como es el caso concreto de la mutilación genital femenina (MGF). Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, más de 140 millones de niñas y mujeres han sido en algún momento víctimas de algún tipo de MGF y de afianzarse esta predisposición para el año 2030, en torno a 86 millones de niñas serán sometidas a dicha práctica.
Tal es así, que se cree esta práctica es una forma extrema de violencia reconocida internacionalmente como un quebrantamiento de los derechos humanos de las mujeres y niñas y que evidencia una desigualdad entre los sexos muy enraizada.
Por su parte, la feminización de la pobreza y de las migraciones han situado a las mujeres, niñas y adolescentes en el principal objetivo de las redes de trata, puesto que en la trama de la demanda las víctimas se atinan con niños que realizan actividades como la industria de los cuidados y el mercado sexual en amplio crecimiento transnacional. Así, la trata de seres humanos cuyas víctimas son mujeres, niñas y adolescentes, se ha convertido en constante en muchas de estas zonas.
Y como no, ahora mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de trata provenientes del área del Sahel, se incrustan en los flujos migratorios que saltan al Norte de África en busca de alcanzar el Viejo Continente. En sus razonamientos indican la falta de oportunidades laborales unido a la pobreza, pero sobre todo, la indagación de una mejora de las condiciones económicas, sociales, políticas y de acceso a los derechos fundamentales, como detonantes de su éxodo.
Muchas de ellas provienen de estados en conflicto o que sostuvieron desastres naturales, tal y como se ha apuntado precedentemente.
Al unísono, la violencia sexual en situaciones de conflicto ha estado y sigue incidiendo en gran parte de laberintos en el Sahel. Y es que, la violencia sexual interrelacionada con los conflictos encierra nada más y nada menos, que la violación, la esclavitud, la prostitución, el embarazo, la esterilización y el matrimonio, todos forzados y demás maneras de violencia sexual de gravedad cometidas contra mujeres, niñas o niños, que de alguna u otra forma poseen un vínculo directo o indirecto temporal, geográfica o causal con un conflicto.
A resultas de todo ello, el derecho a la educación no se obstaculiza durante el desarrollo de los conflictos armados y las crisis. Bien es cierto, que la educación puede facilitar protección física y emocional que se aprovecha tanto para conservar la vida como para salvarla, y puede ofrecer a los niños y niñas estabilidad y esperanza para el futuro más inmediato. No obstante, la realidad que se cierne para este colectivo que crece como buenamente puede en estados que sufren conflictos e inseguridad, es que la educación es habitualmente uno de los derechos humanos más azotados.
De hecho, las escuelas pueden ser implacablemente dañadas, devastadas o tomadas por fuerzas militares y grupos armados; como igualmente los profesores pueden ser agredidos o apresados y las niñas y los niños escolarizados ser objeto de incorporación pronta a los grupos armados.
Cuando la educación es embestida y las escuelas dejan de ser sitios seguros, la niñez suele verse despojada de sus derechos a la educación durante varios años y vive con una herida que acaba convirtiéndose en trauma de por vida. De este modo, varias generaciones de jóvenes se ven frustradas y desamparadas. Aunque las secuelas de los ataques a la educación los soportan los alumnos y profesores, en muchas historias las experiencias de las niñas y las mujeres son diferentes.
Las tipologías de atropellos que se ejecutan contra ellas suelen ser cambiantes, y las ramificaciones en un largo plazo de tiempo de los ataques suelen ser discordantes de las que sostienen los niños. Para las adolescentes los resultados pueden ser fundamentalmente demoledores.
En razón de lo anteriormente hilvanado, las niñas que residen en entornos aquejados por conflictos y crisis tienen poco más o menos que un 90% de más posibilidades de no concurrir a la escuela secundaria, que a diferencia de otras niñas conviviendo en países sin conflictos. En algunas circunstancias, los grupos armados atemorizan a los profesores y familias para que no aleccionen a las niñas en un esfuerzo por amputar y prescindir la educación.
Y en algunos contextos extremos del Sahel, las escuelas de niñas han sido abordadas directamente, en parte debido a los antagonismos ideológicos o religiosos a la educación de las niñas.
Los ataques contra las niñas y las mujeres suelen adquirir la forma de violencia sexual. Los actores armados realizan actuaciones de violencia sexual en la escuela y en los itinerarios a la misma, y en algunas tramas tienen como objetivo prioritario el secuestro de niñas y maestros. El reclutamiento o el secuestro puede emplearse para gratificar a los guerrilleros. Bien, brindándoles con esposas o para que ejerzan otras ocupaciones de apoyo a operaciones militares.
Datos recientes sacan a la luz sobre las experiencias y necesidades frecuentemente desconocidas de las niñas secuestradas, manifestando que en contra de los estereotipos, sus experiencias son variadas y pueden incluir igualmente el protagonismo de combatientes activas. Estos ataques de género asumen un impacto destructivo en la salud física y mental de las niñas y en su bienestar, repercutiendo en la capacidad de las niñas para continuar la educación e imposibilitar su hechura para seguir adelante con sus vidas.
Del mismo modo, la violencia contra las niñas secuestradas pueden arrastrar impactos intergeneracionales. Las niñas que han padecido violencia sexual, o que retornan a sus comunidades tras escabullirse de la detención, han de enfrentarse a los estigmas y la exclusión, incluso por parte de sus compañeros y compañeras.
Estas niñas y sus hijos se hallan entre los más frágiles de la población y a menudo terminan siendo hogares conducidos por mujeres que carecen de los mínimos medios de vida viables, y no pueden o no quieren acceder a los servicios de violencia de género y de salud y derechos sexuales y reproductivos.
Incluso cuando en ocasiones las niñas no son un blanco directo debido a su género y edad, las agresiones pueden valer para empeorar los obstáculos que de por sí ya enfrentan en el acceso a la educación y pueden soliviantar la discriminación de género preexistente y las prácticas dañinas. Las niñas que encaran vulnerabilidades cruzadas establecidas en rasgos sociales como la discapacidad o el estatus de migrante o de refugiada, suelen hacer frente a desafíos sobrepuestos.
En realidad, muchas de estas niñas se habían visto violentadas a interrumpir su educación después de que su escuela fuera embestida, o que habían abandonado permanentemente el colegio por motivos de las irrupciones. El recelo de las familias y de las propias niñas a regresar a la escuela se fusionan con otras barreras para acrecentar las diferencias de género en la escolarización.
Fijémonos sucintamente en las niñas del Sahel Central cuya carga de los trabajos domésticos, más las valoraciones coligadas a la escuela, la inquietud por la seguridad en el itinerario al centro escolar, los matrimonios infantiles y los embarazos precoces y no deseados, irremediablemente, influyen para mal en su acceso a la educación y en la capacidad para perseverar en el aprendizaje. Indudablemente, el resultado de este sinfín de impedimentos es que las niñas tienen menos resquicios que los niños de pasar a la escuela secundaria y estabilizarse en ésta.
“Desalentadas, afligidas y consternadas, las niñas y sus familias han de adoptar ultimatos que terminan sentenciándolas a la separación familiar más cruel, a la atención de sus hermanos y abandono escolar, el matrimonio infantil, la explotación sexual y trabajos inadecuados”
A su vez, el matrimonio infantil, precoz y forzado es un potente motor de los embarazos adolescentes y de mortalidad materna. Las niñas suelen encontrarse socialmente distantes e influidas para exteriorizar su fertilidad acto seguido del matrimonio. Ni que decir tiene, que muchas niñas casadas no tienen acceso a la anticoncepción y a penas poder en la relación, con el resultante de dar a luz antes de que sus cuerpos estén preparados, exponiéndose a sufrir serios problemas de salud e incluso la muerte.
De la misma manera, el anterior escenario quebranta la observancia de una serie de derechos humanos, incluido el derecho a la educación. No hay que irse muy lejos en las investigaciones para llegar a la conclusión, que las niñas casadas no pueden intervenir en ninguna actividad al margen del hogar, incluida la continuación de su educación sin la debida aprobación de sus cónyuges.
Estas políticas truncan que las niñas embarazadas y las madres adolescentes asistan asiduamente a la escuela, o no proporcionen su reincorporación a la educación, indisponiendo todavía más sus condiciones desfavorables. Las adolescentes tienen claro que el matrimonio infantil precoz y forzado es una amenaza para su bienestar actual y sus perspectivas de futuro. En definitiva, sienten miedo y ansiedad ante el matrimonio.
El desasosiego por la seguridad en las escuelas y en su tránsito hacia ellas, así como en los entornos comunitarios, representa que las niñas y las jóvenes se enfrentan a mayores limitaciones en sus roles sociales y de movilidad. Estas barreras circunscriben la capacidad para acceder a los servicios esenciales, pero también minan sus derechos humanos básicos, incluido como ya se ha dicho el derecho a la educación.
La retirada de la escuela languidece de modo crítico las visiones de empleo e independencia económica. En las sociedades afectadas por conflictos, una generación al completo de hombres y mujeres a los que se les prohíbe el derecho a la educación queda mal dotada para hacer valer las oportunidades, suscitar la paz y la seguridad y afrontar la desigualdad y discriminación de género.
En consecuencia, la región del Sahel es una confluencia de enormes desafíos interrelacionados que aglomera el subdesarrollo, la inseguridad, la corrupción, los conflictos étnicos, estados quebradizos y economías independientes que la hace ser una de las zonas más inconsistentes de África.
Cada una de estas variables intervinientes la transforman en un área de fricción que puede abocarla a complejidades múltiples, pero los conflictos armados y la acentuación de los duelos militares se han erigido en una importante amenaza para las vidas y los medios de subsistencia de los niños y niñas del Sahel Central, además de imposibilitar su acceso a los servicios esenciales como la educación.
En medio de una vorágine de violencia atroz, los grupos armados no estatales que maniobran en amplias partes de Burkina Faso y Malí, y cada vez más en Níger, han condenado a los niños y niñas a ser el caldo de cultivo perfecto. Cientos de menores han sido secuestrados, mucho de ellos niñas, sin capacidad de decidir por la tradición y las circunstancias, muchas de ellas abocadas a matrimonios tempranos.
Además, los grupos armados han arrasado con las reservas de alimentos de una de las comarcas más dañadas por el hambre y la malnutrición. Algunos de estos grupos se resisten a la educación que administra el estado, por lo que queman y saquean las escuelas y amenazan, secuestran o asesinan a los docentes. En esta encrucijada sin salida, las operaciones de seguridad nacional contra los grupos armados ha llevado a numerosos fallecimientos y detenciones de niños y niñas, así como a causar graves desperfectos en hospitales y escuelas.
La seguridad y los desplazamientos se expanden más allá de los límites fronterizos del Sahel Central y alcanzan comunidades remotas con apenas medios e insuficientes recursos, donde los niños y las niñas tienen un acceso reducido a los servicios que precisan para subsistir y recibir el debido amparo.