Un matrimonio entre la espada y la pared: pueden perder su negocio

La situación que está viviendo un matrimonio de Ceuta no es plato de buen gusto para nadie. Hace unos 2 años decidieron emprender un negocio y montar una hamburguesería en la playa del Trampolín, en Benítez, que les sirviera de sustento económico y con el que poder mantener a sus dos hijos. El establecimiento ‘El Levante’, como decidieron llamarlo, consiguió la licencia de Costas, por lo que pudieron levantar sus persianas y desde el primer día contaron con la aprobación de la clientela, sobre todo en la época veraniega por su ubicación.
Los problemas comenzaron cuando se les caducó el permiso de Costas y, a pesar de haber enviado múltiples documentos para su renovación, siempre han contado con la negativa de la Administración. Una situación que ha llevado a la desesperación de esta familia porque no sabe cómo va a salir de esta situación y por eso, incluso, han llegando a formular y enviar un escrito a Madrid para conseguir esa prórroga de la licencia. Según han explicado los afectados a El Faro, todavía no han obtenido respuesta pero lo que sí han recibido son “presiones continuas” por parte de la Delegación del Gobierno en Ceuta para que abandonen el local, ya que este tiene que ser “demolido”. Ellos no piensan hacer caso hasta que desde la capital les confirmen la no prórroga de la licencia.

Asimismo, este matrimonio ha querido realizar esta denuncia pública ya que aseguran que no paran de recibir presiones y que incluso son conocedores de que a partir de este lunes se les cortará tanto la luz como el agua para que no puedan abrir su negocio. Esta familia se encuentra “desesperada” y solo pide una solución acorde a su situación, ya que “mantienen” a dos hijos y han reflotado un negocio durante mucho tiempo a pesar de la pandemia. Además, desde la institución de la Plaza de los Reyes se les ha impuesto una multa “imposible” de asumir para cualquier persona.
La hamburguesería vio caducada su autorización para seguir operando, según las fuentes de la Administración General del Estado consultadas por este periódico, en junio de 2020. Su instalación no cumple con los requisitos para continuar ubicada en dominio público marítimo-terrestre porque “no se trata de una instalación desmontable, ya que se encuentra sobre una plancha de hormigón y tiene una estructura de hierro soldado”.
Igualmente, la administración ofreció una ubicación "a pocos metros" que "sí cumple con todos los requisitos de la norma [como conexión de saneamiento]" siempre y cuando previamente se abandonase la actual "ocupación ilegal" y se aportase un proyecto "acorde con la legislación vigente". Su respuesta fue negativa si no se les expedía la autorización previamente, algo "imposible" si no se retiraba la actual al contravenir la distancia mínima exigida.

Orden de retirada bajo la advertencia de que, de hacer caso omiso, habría sanción

El Área de Costas de la Delegación tramitó entonces una orden de retirada bajo advertencia de que, de hacer caso omiso, como ha sucedido, la sanción de acuerdo con la normativa vigente se elevaría a 120 euros por metro cuadrado ocupado y día.
“El puesto no cumple ni con la Ley de Costas ni con el proyecto que presentó para su instalación, a pesar de lo cual se le dio un plazo prudencial de retirada antes de proceder a la demolición subsidiaria para la recuperación del espacio público ocupado por unas instalaciones ilegales y no regularizables”, explican.
Contra la resolución de la institución de la Plaza de los Reyes cabía recurso ante la Dirección General, pero “también se advirtió a los responsables de que en caso de no obtener contestación en seis meses el silencio administrativo debía interpretarse como denegatorio”.
“Actualmente la sanción impuesta, que se ha procurado no ejecutar y modular en la medida de lo posible, ya superaría el millón de euros”, se calcula.
El matrimonio afectado se encuentra entre la espada y la pared.