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El Gobierno adquiere material antidisturbios para las prisiones pero ninguno irá para Ceuta

La prisión de Ceuta no recibirá ningún material antidisturbios del que se ha adquirido para las prisiones españolas. Así lo ha reconocido el Ejecutivo de la Nación a preguntas de Vox sobre la inversión que ha llevado a cabo Interior para dotar de más material a los centros penitenciarios de todo el país y que asciende a 232.474,90 euros. Sin embargo, esta no tendrá repercusión en la cárcel de Fuerte Mendizábal, según explica esta formación. La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, preguntaba al Ejecutivo “cuál va a ser el reparto de ese material entre los centros penitenciarios españoles”. Tras conocer al detalle el destino de este, se ve que el grueso del material va a centros como el de Estremera en Madrid, que recibirá 40 chalecos antiagresiones, 20 linternas, 20 grilletes rígidos, 30 defensas de goma semirrígida, o incluso un analizador de bajos de vehículos. También la prisión de Mallorca, con 10 cascos de protección respiratoria, 20 cascos antidisturbios, 10 chalecos antiagresiones, 10 defensas de goma, y 10 escudos protectores, es una de las incluidas en el plan del Ejecutivo para incrementar el material de defensa en las cárceles. Ya en diciembre del pasado año, Vox interpeló al Ejecutivo si tenían previstas inversiones para la mejora de la seguridad en la prisión de Ceuta, “debido a las carencias y necesidades que tienen los centros penitenciarios dependientes de Interior en Ceuta”. Sin embargo, la respuesta también fue nula y ahora vuelve a ser negativa.

Personal médico insuficiente

Por otro lado, el Gobierno también ha contestado a las preguntas de Vox para conocer el número de facultativos con el que cuentan las prisiones españolas. En el caso de Ceuta, hay dos médicos lo que, para Vox, es "claramente insuficiente". El partido advierte de que no se garantiza la presencia constante de un facultativo en la prisión y que se pone en serio riesgo la atención médica en el caso de que uno de los dos pueda estar de baja o incluso en su periodo vacacional. Una situación de sobrecarga de la que ha alertado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y que López ya le recordaba al Ejecutivo de Sánchez.

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