A María del Carmen Pérez la huelga de médicos que vive Ceuta desde el pasado mes de marzo le ha costado más de 20.000 euros y su salud física y mental. Lo cuenta su marido, Alexis Parres, quien aconsejado por una profesional sanitaria que "se llevó las manos a la cabeza" con su historia se ha animado a denunciar públicamente su caso y se plantea llevarlo a los tribunales.
Está convencido -y no se equivoca- de que su familia no puede ser la única afectada por el cese de actividad de los médicos ceutíes.
El caso de Pérez se remonta a noviembre 2021, cuando tras la primera cancelación de su cita con cardiología se vio obligada a acudir a Urgencias. "Se conoce que, aunque no se había manifestado, tenía una arritmia, una fibrilación auricular".
Con el servicio saturado y ella cada vez peor fue su hijo quien se encargó de encontrar un cardiólogo que pudiera verla inmediatamente en su consulta privada.
"Nos llamó y nos dijo que nos podían atender en Jáudenes ya, que fuéramos", recuerda Parres. Fue entonces cuando Pérez conoció su diagnóstico y pudo acudir a su médico de cabecera para que le recetase un anticoagulante.
Lejos de solucionarse el problema, el fármaco provocó terribles picores a la paciente, que tras días y noches de prurito "estaba por tirarse por el balcón". "Desde que se levantaba no podía parar, tomaba pastillas para poder dormir", relata Parres sobre la tortura a la que veía sometida a su esposa.
Le cuesta casi explicar que "le podía haber dado un trombo, haberse quedado en silla de ruedas o haberse vuelto majareta" durante todos estos meses.
Así, tras una cita en dermatología y otra en alergología quedó claro que Pérez no podía continuar tomando ese medicamento, por lo que tocaba volver al cardiólogo para conseguir una nueva receta. Pero los obstáculos continuaron.
Debía continuar con el primer fármaco que le habían pautado a pesar de la alergia que sufría y que había deteriorado profundamente su calidad de vida.
El cese de la actividad médica hizo que su encuentro de junio también se cancelase.
Mientras tanto el matrimonio acumulaba facturas de la clínica privada en la que realizaban el seguimiento de los problemas cardíacos de la mujer. En total cerca de una decena de visitas de más de cien euros cada una. Casi mil euros más a una larga lista de gastos que todavía iban a crecer sustancialmente.
María del Carmen no podía continuar así y su única solución pasaba por el quirófano. Debía realizarse una ablación cardíaca: un procedimiento que cicatriza el tejido del corazón para bloquear las señales eléctricas irregulares y cuyo presupuesto ascendía a 20.000 euros.
Estando en la capital y en plena intervención, el 19 de julio llegó la nueva cita con cardiología del hospital: debían acudir el 27 de noviembre. Era "de risa".
"La operación fue un exitazo", sin embargo, sin conocer el origen de la arritmia, el cardiólogo privado de la familia no se atrevía a quitarle la medicación. Los picores debían continuar hasta dar con el desencadenante de la patología.
Tocaba seguir buscando. Con una nueva cita en otra especialidad, Pérez acudió recientemente al hospital. Allí entre ella y su marido relataron a la médico que les atendió toda su historia, de la que casi no había registro interno porque se habían visto obligados a acudir por la privada.
Ya tienen una respuesta a la causa -al menos la más probable- de la arritmia, pero han tenido que desembolsar más de 20.000 euros y la paciente "ha estado a punto de volverse loca" en el periplo.
"Esperamos que al menos pueda hacerle el seguimiento y no tengamos que seguir pagando", se resigna Alexis, quien insiste en que "la administración, en este caso Ingesa, no hace caso porque no parece haber afectados directos", pero sí los hay. Su mujer es tan solo una de ellos.
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